La Secretaría de las Mujeres (Semujeres) del gobierno del Estado, sacudida desde hace varias semanas por acusaciones de hostigamiento laboral y violencia de género, es ahora escenario de deserciones de funcionarias de primer nivel.
Este fin de semana presentó oficialmente su renuncia la investigadora y activista Rocío Ivonne Quintal López, quien había sido nombrada subsecretaria de Planeación por el gobernador Joaquín Díaz Mena.
Según trascendió, la doctora Quintal se reincorporará mañana lunes a sus funciones en la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady). Es investigadora del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”, reconocida por sus trabajos en temas de género.
Otra renuncia presentada el fin de semana en Semujeres es de la maestra María de Lourdes Jiménez Bartlett, quien se desempeñaba como titular de la Dirección de Autonomía y Empoderamiento de las Mujeres. El viernes pasado fue su último día en la dependencia.
Viene otra dimisión
Nuestras fuentes anticipan una tercera renuncia, que se hará efectiva el próximo día 15. Es de Marbella Casanova Calam, directora de Prevención de la Violencia a la Mujer.
Las versiones de las renuncias coinciden en que la causa son diferencias irreconciliables con la secretaria Sisely del Rosario Burgos Cano, a quien se acusa de ejercer violencia psicológica y laboral contra sus subalternas, a quienes incluso descalifica y “ningunea”.
Personal de la Secretaría afirma que se ha informado de la situación al gobernador, pero nada se ha hecho.
Las tres renunciantes tienen amplia experiencia y conocimiento en temas de género y derechos humanos, principalmente Rocío Quintal, quien obtuvo el doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en mujer y relaciones de género por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y ha sido consejera local del Instituto Nacional Electoral (INE).
Antes de ser nombrada titular de Semujeres, Sisely Burgos fue delegada en Yucatán de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y se le considera una persona cercana al gobernador Díaz Mena.
El caso de funcionarias de Semujeres en Tizimín
Estas dimisiones se suman al caso de cinco empleadas del Centro de Justicia para las Mujeres de Tizimín a quienes se presionó para que firmaran, sin conseguirlo, sus renuncias “voluntarias”.
Hace poco más de dos semanas se celebró una audiencia por este caso en la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus Municipios, pero no hubo acuerdo porque el representante del gobierno —un abogado externo— planteó a las trabajadoras un ofrecimiento muy por debajo del que correspondía.
Además, Sisely Burgos y Beatriz Coronado Alamilla, esta última directora del Centro de Justicia para las Mujeres en Tizimín, minimizaron el impacto que resienten las usuarias de esa institución por la salida forzosa de las abogadas que llevaban sus procesos legales.
En informes que rindieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) alegan que “se tomaron las medidas necesarias para la atención de las usuarias”. El caso sigue abierto.