En un aparente intento de deslindarse de las denuncias por fraude en casas financiadas por el Infonavit, dos empresas desconocieron en días recientes como su apoderado general a un integrante de la familia acusada de irregularidades en la construcción de fraccionamientos en tres municipios yucatecos.
No obstante, hasta ayer no se conocía algún movimiento en los puestos directivos de las empresas, en los cuales asoma la misma familia señalada por vecinos como la operadora de un presunto desfalco que tiene en desamparo a más de un centenar de familias.
Las compañías involucradas en este polémico caso son Sucovisa, S.A. de C.V., y Comasa Soluciones, S.A. de C.V., que participaron en la construcción de casas —muchas de ellas quedaron a medias— en los fraccionamientos Jerusalén Residencial y Zoola, de Umán; Bosques de Kanasín, en la cabecera municipal del mismo nombre, y Luna Ki’in, de Hunucmá.
Hasta hace unos días, el apoderado legal de esas firmas era Moshe Álvaro Mañé Uribe, quien también fue presentado como director general de Sucovisa cuando esta empresa entregó casas sin servicios básicos a derechohabientes del Infonavit en Jerusalén Residencial, en mayo de 2022, en una ceremonia en la que estuvo presente Rogerio Castro Vázquez, entonces secretario general del instituto.
Lazos familiares
José Ricardo y Christian Mañé Uribe, hermanos de Moshe Álvaro, aparecen también en este entramado. El primero es director de Proyectos de Sucovisa y el segundo figura en el directorio de la delegación regional de Infonavit como “encargado especializado B” en el área de crédito.
Los hermanos Mañé Uribe son hijos de José Ricardo Mañé Lara, quien hasta hace unos años era también funcionario del Infonavit. Entre otros cargos, fue gerente administrativo de la delegación Yucatán y “consultor máster” de la zona centro-sur de la coordinación de delegaciones del instituto.
Indicios de un fraude
A partir de denuncias de vecinos y con base en un trabajo de campo, Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, dio a conocer en diciembre pasado amplios reportajes que dejaron en evidencia signos de fraude con recursos que el Infonavit entregó para construcción de casas en los mencionados fraccionamientos en Umán. Después se conocieron las denuncias sobre Kanasín y Hunucmá.
En el caso de Jerusalén Residencial, las viviendas cuya entrega presidió Rogerio Castro en mayo de 2022 recibían electricidad mediante “diablitos” y el agua que llega a sus tinacos no es potable.
Otras edificaciones quedaron a medias y unas más solo en los cimientos. El fraccionamiento luce abandonado, con abundante maleza.
En este escándalo figura también la financiera Yavo Capital, que se supone debió suministrar a las constructoras los recursos liberados por el Infonavit conforme avanzaban las obras.
Los vecinos afectados bloquearon en dos ocasiones las oficinas de la delegación regional del Infonavit, que ofreció una solución e, incluso, reunió a los denunciantes con representantes de las empresas acusadas.
Le quitan el poder
Después de las protestas ante el Infonavit, los negocios acusados hicieron movimientos similares.
De acuerdo con el Registro Público de Comercio, el 24 de enero pasado fue inscrita un acta en la que consta la revocación total del poder “amplísimo” otorgado a Moshe Mañé el 7 de agosto de 2015.
El solicitante de la revocación fue José Bernardino Chui Chan, representante legal y accionista de la constructora.
El mismo camino siguió Comasa Soluciones, con escasos días de diferencia. Dejó sin efecto el poder general que había concedido a Moshe Mañé en marzo de 2022.
A principios de enero, antes de las revocaciones, versiones procedentes del centro del país, que publicó el Diario, apuntaron a una investigación judicial dirigida a la familia Mañé Uribe. Se le identificó como un “clan” involucrado en presuntos fraudes con recursos del Infonavit.
Tema en el Congreso
Hace unos días, la situación por la que atraviesan los derechohabientes fue llevada a la tribuna del Congreso del Estado. El diputado Javier Osante Solís pidió que se investigue a fondo cuáles de los casos de corrupción denunciados a nivel nacional corresponden a Yucatán.
“No basta con señalar estos hechos: debemos trabajar juntos para combatirlos y asegurarnos de que los responsables se enfrenten a las consecuencias legales correspondientes”, indicó el legislador de MC, quien también exhibió fotografías de las casas abandonadas por Sucovisa en Umán.
Entrevistado para que abundara en el tema, Javier Osante recordó que en la conferencia “mañanera” del 18 de diciembre pasado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, dieron a conocer casos de corrupción ligados al instituto de 2012 a 2024.
Después de exponer detalles presentados en aquella ocasión, el diputado local manifestó que la situación no ha cambiado mucho, pues funcionarios relacionados con esas irregularidades han sido premiados por la 4T.
“Mucha gente votó con con la esperanza de que acabaran la corrupción y la impunidad, pero lejos de que esto suceda se sigue premiando a a los corruptos”, recalcó.
Citó ejemplos concretos:
—Alejandro Murat Hinojosa fue director general del Infonavit de 2012 a 2015, luego fue gobernador de Oaxaca con el PRI, “entregó el gobierno del Estado” a Morena, hoy es senador de la 4T “y no lo están denunciando”.
—Carlos Martínez Velázquez fue también director del Infonavit, de 2018 a 2024, y ahora es director del Fondo Mixto de Promoción Turística de Ciudad de México. Tampoco lo denuncian a pesar de que en su período, igual que con Murat, se cometieron los fraudes.
—Vemos también a Rogerio Castro, quien fue secretario general del Infonavit y no denunció ninguno de estos actos. O es cómplice o se hizo de la vista gorda. Hoy es delegado de la Secretaría de Bienestar en Yucatán.
“¿Cuál es el tema acá? Que no podemos seguir manteniendo la impunidad como si fuera parte de un modelo de gobierno”, indicó Osante Solís. “Si ya se denunció en la mañanera, ¿por qué no han presentado la denuncia ante la Fiscalía General de la República?”
También insistió en que es necesario conocer cuántos casos vinculados con las denuncias públicas son de la delegación de Infonavit en Yucatán, pues al menos se sabe del caso de los Mañé y del problema de 180 familias afectadas por el incumplimiento de las empresas.
“Aunque puede decir que es competencia federal, no veo al gobierno del Estado atendiendo a esas familias o acompañándolas en una denuncia contra quien resulte responsable”, enfatizó.