MÉRIDA, Yucatán.— Este lunes 3 de marzo, el Congreso estatal podría aprobar las reformas constitucionales referentes a la elección en el Poder Judicial; de aprobarse dichas reformas, serían nueve los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que se elegirán por el voto popular.
Solo seis de los 15 integrantes se quedarían hasta 2036, de acuerdo con el artículo transitorio número ocho para cuidar que los cambios no afecten los procesos pendientes en el Poder Judicial.
De los nueve nuevos funcionarios a elegir, tres de ellos entrarán en funciones hasta marzo del próximo 2026 cuando concluirán los períodos de los magistrados que tienen derechos adquiridos y no pueden ser removidos, al ganar sendos amparos al Poder Legislativo y Ejecutivo en 2022.
Por información recabada en los Poderes Judicial y Legislativo, se encontró que todo apunta a que la permanencia de los seis integrantes del Tribunal Superior fue el punto básico por el cual los diputados del PAN decidieron finalmente apoyar estas reformas constitucionales.
Sin sus votos Morena y sus aliados, aún si hubieran convencido también a los priistas y de Movimiento Ciudadano, no alcanzaban la votación calificada que es de al menos 24 de 35 votos para su aprobación.
Con estos acuerdos según se dijo, los panistas ganan ya, sin ir a las urnas seis magistraturas en el Poder Judicial, y los morenistas logran las reformas constitucionales que necesitan para hacer los cambios de “democratizar” el Poder Judicial del Estado.
En caso de no lograr el voto calificado y con base en los procesos legislativos, no podrían volver a intentarlo hasta el siguiente período que inicia en agosto próximo.
“No hay nada escrito”
Las negociaciones de los morenistas para obtener aliados para elegir a los nueve magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado iniciaron desde hace varias semanas, incluso involucrados declinaron ser identificados porque “no hay nada escrito”, fueron acuerdos “de palabra”, pero ya plasmados en la reforma.
Por ello, señalaron que el pasado martes 18 de febrero el Tribunal Superior sesionó para cambiar a los presidentes de las cuatro Salas Colegiadas y la Unitaria, ya que solo estos titulares y la actual presidenta del Poder Judicial, son las seis personas que se quedarán.
Precisamente, se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado estos acuerdos por los cuales el Tribunal aprobó por mayoría para hacer los cambios de titulares de las salas, para quedar de la siguiente manera:
La Primera Sala Colegiada Penal y Civil la preside hoy Mario Alberto Castro Alcocer; la Segunda Sala Penal y Civil tiene como presidenta a Lizette Mimenza Herrera; la Sala Colegiada Civil y Familiar, está a cargo de Alberto Salum Ventre; la Mercantil de Extensión de Dominio y Laboral su presidente es Mauricio Tappan Silveira, y en la Sala Unitaria Especializada en Justicia Penal para Adolescentes a Patricia Gamboa Wong.
En realidad, el único cambio en las presidencias fue en la Sala Mercantil, donde Leticia Cobá Magaña era la presidenta y la removieron para poner en su lugar a Tappan Silveira. En las otras salas, solo se confirmó a quienes ya estaban y, junto a Carolina Silvestre por ser la magistrada presidenta del Tribunal, no cambiarán y se quedarán hasta 2036.
Esto está sustentado en el artículo ocho de la reforma Constitucional con el título de “Garantía de la ciudadanía a contar con acceso la jurisdicción de manera idónea”, el cual a la letra dice:
“Con el objeto de garantizar que la ciudadanía cuente con servidores públicos idóneos y en aras de la inmovilidad de las y los magistrados que cuenten con presidencias dentro del Poder Judicial Estatal, de las actuales 15 magistraturas, son las tercera, cuarta, quinta, sexta, octava y decimosegunda, quienes a la fecha de este decreto ejercen las presidencias de las salas y el pleno del Tribunal Superior de Justicia, serán prorrogados solo respecto a sus cargos como magistradas o magistrados hasta la siguiente elección estatal en 2036”.
Se añade que, “a fin de garantizar el cumplimiento de las resoluciones en los procesos judiciales de las actuales magistradas Ingrid Priego Cárdenas, Leticia Coba Magaña y el magistrado José Rubén Ruíz Ramírez, obtenidas en contra del decreto 496/2022, por el que se modifican la Constitución del Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios del Estado en materia de reforma al Poder Judicial finalizarán sus cargos en los términos de su nombramiento (en marzo de 2026)”.
Debido a que estas tres últimas magistraturas les quedan menos de un año de vigencia, se acordó que de una vez se incluya en las elecciones de los nuevos funcionarios judiciales, se elija también a quienes asumirán esos cargos que dejarán a principios del próximo año, por eso serán 9 las magistraturas a elegir.
Cabe recordar que quienes se quedarán hasta 2036 fueron parte de los que la Legislatura anterior con mayoría panista del Congreso del Estado nombró en 2022, para cumplir con las reformas al Poder Judicial que envió el entonces gobernador panista Mauricio Vila Dosal.
Aunque esto fue parte de las negociaciones hechas básicamente entre las bancadas del PAN y Morena, que tienen las fracciones más numerosas, con 12 panistas y 14 morenistas, a quienes se le suman siempre los del PVEM y el PT, los mismos legisladores han señalado como “reformas yucatecas, diferentes a las del resto del país”, autoridades electorales consultadas al respecto expresaron dudas de qué tan sólidas puedan ser.
Según expertos electorales, las dudas son por qué las reformas federales a las que deben actualizar u homologar la Constitución local, dicen que se debe cambiar a “todos”, no solo algunos de los funcionarios judiciales, y es donde incluso tal vez pudiera ser motivo de alguna impugnación en los tribunales, una vez aprobado en el Congreso del Estado este lunes como se espera que suceda por unanimidad.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA