Representantes de comunidades mayas, principalmente de Ixil y Kinchil se manifestaron ayer en contra de la implementación de 45 megaproyectos energéticos privados que anunciaron el gobernador Joaquín Díaz Mena y Pablo Gamboa Miner, director de la Agencia de Energía de Yucatán, de quien incluso dijeron tiene conflicto de intereses, porque algunos de esos proyectos están en terrenos de sus familiares.
También acusaron a Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PVEM, por acaparar tierras en playas del municipio de Ixil, aunque no dijeron cuáles ni cuántas exactamente, solo lo señaló Jorge Yam Ek, ejidatario de ese municipio, al advertir “hay que tener ojo con esos depredadores, políticos, alcaldesas y al chapulín Ramírez Marín que a espaldas del pueblo nos quieren despojar de nuestras tierras”.
En conferencia de prensa que ofrecieron en un restaurante, encabezada por Leydi Eloina Cocom Valencia, del Consejo de Protección de la Comunidad Maya, ésta declaró que están agradecidos con Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Semarnat, porque en su reciente visita a Yucatán les dio la oportunidad de reunirse con ella y ofreció atender sus principales demandas, “hasta demoler edificios donde se afecte al medio”, según les dijo.
Alejandro Tec Tun presentó el escrito que entregaron a la titular de la Semarnat y dirigido también a la presidenta del país, en el cual denuncian a Gamboa Miner de tener intereses económicos en los proyectos ecológicos que promueve, principalmente cerca de la reserva de la Biosfera de Ría Lagartos.
“Las comunidades mayas y organizaciones firmantes rechazamos los anuncios realizados por Pablo Gamboa Miner, director de la Agencia de Energía de Yucatán, y por el gobernador Joaquín Díaz Mena, sobre la implementación de hasta 45 megaproyectos energéticos privados, como los parques eólicos de Tizimín y Dzilam (puerto) y otros megaproyectos neoliberales privados”, así se expresan en el escrito.
Al referirse a Gamboa Miner denuncian en el escrito el conflicto de intereses del funcionario en el parque eólico de Tizimín que se construye en una propiedad de su familia, aunque dicen que no debió construirse por su proximidad con la reserva de la biodiversidad Ría lagartos, protegida desde 1979.
Postura ejidal
“Los pueblos y las comunidades afectadas y la sociedad civil yucateca rechazamos frontalmente estos megaproyectos, que no aportan nada al bienestar del pueblo maya, sino al contrario provocan despojos, corrupción y destrucción ambiental y del tejido social, rechazamos la construcción de un nuevo gasoducto por la multinacional francesa Engie, para traer más gas importado de Estados Unidos a Yucatán. Este gasoducto empeorará el cambio climático y aumentará nuestra dependencia energética de un gobierno hostil, reclamamos una política energética sustentable que beneficie al pueblo maya, en lugar de a familias corruptas y empresas transnacionales”, se plasma en el escrito.
Federico May Cuytún, de Kinchil, señaló que también aprovecharon en la reunión con la titular de la Semarnat, para informarle de la afectación de más de 5,000 hectáreas de las que se han apropiado ilegalmente siete inmobliliarias, y están talando árboles de hasta más de 20 metros de alto, para construir “un pueblo para extranjeros”, entre otros proyectos inmobiliarios, y la secretaria se comprometió a frenar ese ecocidio.
Presentes Sergio Oceransky y Guillermo Yam, denunciados desde agosto de 2023 por defender terrenos contra esos despojos, dijeron que recientemente se declaró un aplazamiento en el proceso, pero se sienten tranquilos y seguros de que lo ganarán, porque como se ha dicho son esos empresarios que de manera fraudulenta tratan de apropiarse de terrenos que dicen son particulares, cuando no es cierto.
En términos similares se manifestaron de denuncias contra el intento de despojo de tierras de esos dos municipios Jorge Yam Ek, Idier Omar Novelo Tun, Concepción Chan, Gregoria Dzul Kua, y Wilbert Nahuat Ku, este último de la comisaria de Santa María Chi.