MÉRIDA.- Los servidores públicos de Yucatán que omitan dolosamente la entrega-recepción de bienes, recursos económicos o información bajo su responsabilidad y ocasionen un daño patrimonial a la administración entrante podrán recibir hasta 10 años de prisión, de acuerdo con la reforma al Código Penal del Estado.
La disposición forma parte del Decreto 249/2026, publicado hoy en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. La reforma adiciona la fracción IV Bis al artículo 250 del Código Penal. Contempla tanto documentación física como digital, además de información programática y presupuestal.
Según el Código Penal, las condiciones para el delito son que exista una obligación legal de realizar la entrega-recepción. Además, que la omisión sea dolosa y que de ella se derive un daño patrimonial a la administración entrante.
La reforma también modifica la fracción IV del artículo 250, relativa al abandono de funciones sin causa justificada y sin haber presentado la renuncia o sin que esta haya sido aceptada, cuando se perjudique la buena marcha de la función pública.
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La modificación establece que la sanción dependerá del monto del daño ocasionado a la administración entrante. Cuando el daño patrimonial no exceda de 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) (586,550 pesos en 2026), se impondrán de tres meses a tres años de prisión y una multa de 500 a 1,000 UMA (entre 58,655 y 117,310 pesos).
Si el daño supera las 5,000 UMA, pero no excede de 10,000 (1 millón 173,100 pesas) la pena será de ocho meses a cinco años de prisión y una multa de 2,500 a 3,500 UMA (293,275 a 410,585 pesos).
En los casos en que el daño patrimonial exceda las 10,000 UMA, las sanciones serán de tres a 10 años de prisión y multas de 5,000 a 8,000 UMA ($586,550 a 938,480 pesos).
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Estas penas serán independientes de las que correspondan si también se configura otro delito.
El decreto fue aprobado por el Congreso del Estado el 15 de octubre. Entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, es decir, mañana.