A unos días de que empiece la campaña rumbo a la elección del 1 de junio próximo para cargos de magistrados en el Poder Judicial del Estado, solo una jueza y dos servidores públicos judiciales han pedido licencia sin goce de sueldo para dedicarse abiertamente a sus actividades proselitistas, de acuerdo con fuentes judiciales.
Se trata de la jueza Claudia Crisol Antonio Mayor, del Juzgado Primero de Control del Quinto Distrito con sede en el municipio de Valladolid; del proyectista José Adalberto Yam Och y de la actuaria Landy Aimee Pino Barrera.
Solicitaron la separación temporal de sus cargos como juzgadora y personal jurisdiccional, respectivamente, para concentrarse al cien por ciento en sus campañas, pues aspiran a convertirse en magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado y en magistrado y magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, en ese orden.
La decisión de los tres funcionarios del Poder Judicial del Estado contrasta con la de Ana Paulina Ortega Rosado, directora de Asuntos Jurídicos y de Sistematización de Precedentes, quien, como se informó anteayer en la columna Plaza Grande, ha ocasionado malestar de personal de esa institución porque en horas laborales hace campaña como aspirante a magistrada del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito del Poder Judicial de la Federación.
¿Y los demás?
En los círculos judiciales, la solicitud de Claudia Antonio, José Antonio Yam y Mayor, Yam Och y Landy Pino es vista como un ejemplo para otros ocho jueces que están en la carrera por otro cargo y también para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado que estarán en el proceso electoral para tratar de mantenerse en el puesto que actualmente ocupan.
Esto último es el caso de las magistradas Graciela Torres Garma y Sary Eugenia Ávila Novelo —hija de Ricardo Ávila Heredia, magistrado en retiro y expresidente del Poder Judicial— y de los magistrados Mario Israel Correa Ríos, Adolfo González Martínez y José Pablo Abreu Sacramento.
Hasta el momento, ninguno de esos magistrados ha dado a conocer si dejarán el cargo para hacer proselitismo o seguirán cobrando sus últimas quincenas al tiempo que hacen campaña.
De no favorecerles el voto ciudadano tendrán que dejar su puesto y los emolumentos que perciben en el último día de agosto próximo. Incluso, en los mismos círculos judiciales hay quienes dicen que a los cinco magistrados ya mencionados nadie los conoce y que una buena estrategia para posicionarse sería anunciar que dejan el cargo para hacer campaña.
La ley no obliga, pero…
La realidad es que quienes actualmente ocupan algunos puestos y, a la vez, son candidatos a otros dentro del Poder Judicial —ya sea federal o estatal— no están obligados por la ley a dejar sus posiciones para competir, aunque se les exhorta a no hacer proselitismo en horas laborales. Más que legal, se le ve como un tema de congruencia.
En un principio eran seis los actuales magistrados que iban a competir en la contienda electoral de junio próximo, pero al aprobar la lista final de los candidatos el Congreso del Estado decidió dejar fuera a Luis Armando Mendoza Casanova, quien es señalado por antecedentes de violencia por activistas y organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de las mujeres.
Ya han vencido los plazos para que Mendoza Casanova pudiera inconformarse por la vía legal ante esa determinación. Por tanto, todo indica que decidió acatar lo dispuesto por el Poder Legislativo local.
El proceso de campaña para las elecciones del Poder Judicial del Estado comienza el próximo día 29 y durará un mes.
Eran seis aspirantes: se eliminó a uno
En el caso de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, en un principio eran seis en funciones los que iban a competir en la contienda, pero al aprobar la lista final de los candidatos el Congreso del Estado decidió dejar fuera a Luis Armando Mendoza Casanova, quien es señalado por antecedentes de violencia por activistas y organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de las mujeres.
Ya han vencido los plazos para que Mendoza Casanova pudiera inconformarse por la vía legal ante esa determinación. Por los tanto, todo indica que decidió acatar lo dispuesto por el Poder Legislativo del Estado.