En Yucatán también hay personas desaparecidas: acusan a la Fiscalía de minimizar casos

En la tribuna del Congreso acusan a la Fiscalía General del Estado, por incurrir en un abandono institucional y estar en deuda con las familias que acuden a reportar la desaparición de algún familiar, ya que en lugar de garantizar la búsqueda inmediata, como lo exige la ley general y estatal, se posterga, se minimiza y se revictimiza.

Larisa Acosta Escalante, diputada de Movimiento Ciudadano, agregó que, “lo que se ha vivido por años es la omisión, por eso hoy presento esta iniciativa, una reforma que modifica la Ley en materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares y el Código de la Administración Pública del Estado; una reforma que responde al reclamo de quienes buscan”.

Por cierto, como si lo confirmaran y para solidarizarse con la diputada, sus compañeras y compañeros de otras bancadas como las del PAN, incluso el coordinador de la bancada de MORENA, Wilmer Monforte Marfil; pidieron a Larisa Acosta les permitieran acompañarla y firmar con ella esta iniciativa de reformas de ley.

Apoyada en dos de sus colaboradores que flanquearon a la diputada portando carteles con fotos e información de desaparecidos, la legisladora dijo que en 2022 hubo 357 personas desaparecidas de acuerdo con la Asociación Civil Red Lupa, y en 2024 reportaron 308, “pero sabemos que hay inconsistencias en los registros, muchos casos no se dan de alta en el registro nacional y si lo están, no tienen información completa, muchas fichas ni siquiera se emiten”, precisó.

“Hoy no vengo a leer cifras, vengo a hablar de lo que no se dice: que en Yucatán también hay personas desaparecidas, y aunque las causas de desaparición no se comparan con las de otros estados, también hay familias que fueron dejadas solas en su búsqueda”.

Desde la tribuna y con familiares de desaparecidos frente a ella entre los asistentes, Larisa Acosta recordó que, cuando se creó la Comisión de Búsqueda en Yucatán en 2020, no fue por voluntad del Estado, sino porque una familia buscadora empujó al gobierno a hacer algo, y lo hizo a través de un amparo.

¿Por qué no se emiten las fichas de búsqueda en Yucatán?

Pero aun así –continuó- cuando una familia acude a la Fiscalía a denunciar la desaparición de un familiar, solo les dan excusas para no atenderlos, les dicen que deben esperar 72 horas, “seguro se fue con el novio”, “ya aparecerá”. No se abre una carpeta, no se emite ficha, no se activa la búsqueda.

Señaló que incluso cuando por presión se abre la carpeta, muchas veces no se sube el caso al registro nacional, lo que permitiría la coordinación con otros estados, omiten detalles tan básicos como la fotografía de la persona desaparecida, aun cuando las familias la entregan, y no se trata de falta de capacidad, sino de una práctica institucional que prioriza cuidar la imagen antes que buscar a las personas.

A esas circunstancias consideró que también se debe agregar que hay familias que no pueden viajar hasta Mérida para hacer el reporte, como la familia de la desaparecida hace apenas unas semanas en Samahil.

Tan solo como un ejemplo de lo grave y cuánto afecta la desatención de este problema citó que, el 21 de marzo de 2024, José Luis Uitz Balam desapareció en el municipio de Cacalchén. Su madre, Laura, presente en la sesión, lo busca incansablemente desde entonces.

La mujer perdió su empleo porque tenía que faltar para hacer diligencias, trámites, asistir a reuniones, y en ese camino, se convirtió en buscadora no solo de su hijo, sino de muchas otras personas que también faltan.

“Como ella, hay madres, hermanas, padres, hijos, que buscan sin recursos, sin acompañamiento, sin certeza. Buscan a sus seres queridos… y al mismo tiempo luchan contra la burocracia, la desidia y el silencio institucional que el gobierno pasado decidió usar como escudo”, remarcó.

Omisión, grave mal en la Fiscalía

Opinó que lo vivido por años es la omisión, por eso presenta esta iniciativa que modifica la Ley en materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares y el Código de la Administración Pública del Estado; una reforma que responde al reclamo de quienes buscan. 

Se propone que la Comisión Estatal de Búsqueda emita de inmediato las fichas de búsqueda, en coordinación con la Vicefiscalía Especializada, sin importar quién recibió la denuncia, las fichas deben publicarse en español y en lengua maya, y en el registro nacional deberá contar obligatoriamente con fotografía, porque la búsqueda no puede esperar, y la identidad de quien falta debe respetarse.

También propone reconocer el derecho al acompañamiento psicológico de las víctimas indirectas, porque el dolor no desaparece, pero el Estado sí puede aliviarlo, acompañarlo y no revictimizar, así como establecer un mecanismo de rendición de cuentas, para que el titular de la Comisión comparezca una vez al año ante este Congreso, porque la búsqueda debe evaluarse, no solo anunciarse.

Se incluye un organigrama para la Comisión, a fin de subsanar las decisiones que se tomaron en 2022 donde se empezó a trabajar con personal insuficiente, sin estructura, sin autonomía operativa, por eso esta institución opera por años sin capacidad de tener para gasolina, boletines, ni para brigadas.

“Entonces, ¿de qué nos sirve una comisión si no tiene dientes ni manos para actuar? Yucatán es el Estado más pacífico, pero la paz no puede medirse solo por cifras que algunos les convino mantener bajas; la paz positiva se mide por la capacidad de respuesta, la atención a las víctimas, el compromiso de cada autoridad para que nadie desaparezca… y para que quienes desaparezcan, sean buscados sin excusas”.