“Lo que pasó en las elecciones del pasado domingo fue un fracaso, una aberración. Los nuevos jueces y magistrados electos serán de la política del Estado mexicano, peones del gobierno actual que moverán la ley en función de los intereses del gobierno y del partido en el poder”.
“Eso es lo que sucedió: fue un capítulo más en el entierro de la República en México”, declaró Luis Ramírez Carrillo, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).
“Si el sistema de justicia en México ya de por sí era corrupto y fomentaba la impunidad, esto multiplicará geométricamente la corrupción y la impunidad en el Poder Judicial. Antes estaba muy mal, ahora está peor”, afirmó.
“Si antes había una corrupción con autonomía, ahora será una corrupción con dependencia, prácticamente total al gobierno. Y, aunado a esto, puede sumarse un porcentaje importantísimo de incapacidad jurídica por parte de los nuevos juzgadores”.
Indicador de fracaso
A petición del Diario, en un análisis sobre la pasada elección de funcionarios judiciales, Ramírez Carrillo consideró que el resultado de un 13 % de participación es un claro indicador de fracaso y no de éxito, como algunos intentan presentar.
Además, reiteró que el hecho de que la elección se organizó de manera más formal y con mayor presupuesto no se tradujo en un aumento significativo en la participación ciudadana.
“Decir que un 13 % supera a las consultas no es ningún éxito. Éxito hubiera sido tener al menos un 30 % de participación”.
El profesor indicó que las razones detrás de esta baja participación son tres: la falta de legitimidad del proceso, que fue fundamental; la irracionalidad con la que se hizo y la desconfianza sobre cómo terminó, con un conteo a puerta cerrada, sin la participación de ciudadanos, como en las elecciones normales.
“Con estos tres elementos es evidente que la elección estaba condenada al fracaso”.
La falta de confianza en el proceso de conteo de los votos fue otro de los elementos que consideró crucial para entender la baja participación de la gente.
“A diferencia de otras elecciones, no fueron los ciudadanos responsables de las casillas quienes contaron los votos. Esto genera desconfianza, ya que se entregaron las urnas a terceras personas”, enfatizó.
“El pueblo no es tonto”
Ramírez Carrillo afirmó que el proceso de elegir a jueces y magistrados por votación directa resulta ilógico y es visto como una aberración.
“El pueblo no es tonto. Todos sabemos que no se puede elegir por votación a médicos o abogados que nos curarán o defenderán. Este sentido común fue captado por la opinión pública, y por eso decidieron no participar”, destacó.
El académico también criticó la complejidad del proceso electoral.
“Una cosa que a nadie se le hubiera ocurrido: 3,400 candidatos para 800 puestos populares, en 10 hojas de boletas llenas de nombres de personas desconocidas para que la gente eligiera una u otra. Era un trabajo prácticamente imposible”.
El investigador añadió que tan solo por la dificultad que presentaba —ya no se diga del proceso en sí, sino de cómo votar, cómo marcar las boletas— “resultaba casi una película cómica, una mala película cómica”.
Asimismo, opinó que no se puede votar por quien se desconoce hasta el nombre.
“Le pregunté a 10 personas que fueron a votar y ninguno en realidad supo decirme por qué votó por uno o por otro. Todo el mundo dijo que lo hizo al azar, excepto dos o tres y una persona que llevaba ya su ‘acordeón’ personal. Los otros me dijeron que fueron a votar por un pariente o una conocida, y los demás al azar. Algunos, simplemente para anular su voto”.
El académico manifestó que, en consecuencia, se votó irracionalmente.
“Fue votado al azar, del ‘tin marín de do pingüé’. Fue solamente para cumplir y rellenar las actas”.
“Era prácticamente imposible que la gente votara de manera informada. Muchos votantes no sabían por quién estaban votando”, aseveró.
Cumplen exigencia
Comentó que muchos ciudadanos acudieron a las urnas simplemente para cumplir con una exigencia, como aquellos que temían perder su apoyo de la tercera edad.
Aún más preocupante, según él, son las implicaciones que esto tiene para el futuro del Poder Judicial.
“Estamos eligiendo a funcionarios que serán leales al régimen y no a la justicia. Esto puede llevar a una creciente impunidad en el sistema judicial”.
Asimismo, el profesor de la Uady se refirió al costo de la consulta.
“No sé con exactitud cuánto fue, pero sí fue muchísimo, y ese dinero podría haberse invertido en muchas otras cosas. En lugar de un proyecto que busca legitimar el poder, debería haberse destinado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, planteó.
“Lo que sí se vio”, continuó, “fue una señal de sentido común del votante promedio y del mexicano promedio. Por eso la gente no acudió a votar. Pudiendo haber acudido en masa para legitimar el proceso en sí mismo, no lo hizo. No se puede tomar esto como un rechazo a Morena ni a la presidenta, pero el pueblo demostró con su rechazo que el proceso resultaba ilógico, incongruente… hasta una aberración”.
“Estamos eligiendo a funcionarios del partido con el título de abogados; funcionarios de partido con cargos de magistrados y jueces. Empleados del gobierno”.
“Es un paso más hacia la construcción de una autocracia, de una dictadura de partido”, puntualizó.