Debido de la propuesta del Infonavit para regularizar las viviendas invadidas, el Diario entrevistó a varios representantes de las bancadas partidistas en el Congreso del Estado para conocer su postura.
Wilmer Monforte Marfil, coordinador de la bancada de Morena, señaló que el programa anunciado por Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, permite que quienes habitan casas invadidas, —en muchos casos familias en situación vulnerable— puedan acceder a ellas mediante un esquema de renta con opción a compra, siempre y cuando no exista denuncia judicial por despojo o allanamiento.
En pocas palabras, no se beneficiará a quien haya actuado con dolo.
“Lo que se busca es recuperar y habilitar legalmente estas viviendas, lo cual no solo brinda certeza jurídica a miles de familias. También mejora la seguridad y la vida comunitaria en colonias afectadas por el abandono. Se trata de transformar un problema social en una solución de justicia, dignidad y desarrollo”, afirmó.
Por su parte, Roger Torres Peniche, coordinador de los legisladores panistas, dijo que, en Yucatán como en muchas otras partes del país, se enfrenta una realidad compleja: la existencia de predios del Infonavit invadidos, donde hoy viven familias yucatecas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, sin acceso pleno a servicios básicos y sin certeza jurídica del lugar donde construyen su vida.
“Sin embargo la regularización de estos predios no puede abordarse desde el castigo ni desde el abandono, sino desde una solución integral que combine el respeto al Estado de Derecho con una auténtica visión humanista”, declaró.
Comentó que se debe hablar de regularización porque no pueden cerrar los ojos ante una realidad que ya existe.
“Miles de personas habitan en viviendas construidas con créditos legítimos del Infonavit, pero que por distintas razones –abandono, inseguridad, desinterés institucional– terminaron sin ser habitadas”, indicó.
El diputado admitió que, hoy muchas de esas viviendas representan un problema para el Estado, aunque también una oportunidad para corregir y construir comunidad.
“Por eso, regularizar no es premiar lo ilegal, regularizar es poner orden en lo que ya es un hecho consumado, con reglas claras, condiciones precisas y bajo criterios de justicia para generar un modelo responsable, que se establezca una fecha de corte para identificar los asentamientos que sí podrían ser regularizados”.
“Que no se incluyan predios en zonas de riesgo, áreas naturales o en litigio, que los ocupantes cumplan con una serie de requisitos mínimos: tiempo de posesión, uso habitacional, voluntad de pagar por su propiedad, que se involucre al Infonavit, a los municipios, al Registro Público de la Propiedad y al Congreso del Estado en un mecanismo técnico y transparente”, remarcó.
Reveló que, los beneficios que se buscan son darles certeza jurídica a las familias, integrar los fraccionamientos a la planeación urbana y dotarlos de servicios, evitar nuevas invasiones y frenar la expansión desordenada, recuperar para el Estado una base catastral y fiscal que hoy está perdida.
“Lo qué no debe pasar es regularizarse por ocurrencia ni como promesa electoral irresponsable, mucho menos como acto de impunidad. Tampoco debe convertirse en una invitación a invadir nuevos terrenos. Por eso, la regularización debe ir acompañada de un mensaje firme: quien lo haga en adelante, enfrentará consecuencias jurídicas claras”, advirtió.
En su opinión, regularizar es ordenar, ponerle nombre y apellido a una familia, a un domicilio, a una comunidad, pero debe hacerse con responsabilidad, con límites y visión de futuro.
“Desde el Congreso del Estado, estamos listos para impulsar una política seria, ordenada y sensible de regularización que beneficie a las familias, fortalezca al Estado y ponga fin al abandono institucional que durante años permitió este problema. Yucatán necesita soluciones con rostro humano y con fundamento legal. Es tiempo de seguir avanzando”, explicó.
Gaspar Quintal Parra, legislador del PRI, manifestó que, lo que hace Morena es “institucionalizar el despojo”, envía un mensaje de que invadir es un camino válido para obtener una casa, lo cual es una “barbaridad”.
Consideró que Romero Oropeza impulsa una “medida absurda y ofensiva” para los trabajadores de México, con la cual pretende desmantelar ese instituto.
“Pareciera que Octavio Romero (Oropeza) no solo desconoce el sector, sino que también desprecia el esfuerzo de millones de mexicanos que con trabajo y sacrificio han logrado hacerse de una casa”.
Agregó que esta medida atenta directamente contra el derecho de miles de familias que han trabajado durante años y cumplieron oportunamente con el pago de su crédito.
“Este gobierno de Morena ha decidido proteger a quienes se metieron por la fuerza, lo cual, no es justicia social, sino traicionar a los trabajadores”, aseveró.
Para el diputado priista, lo justo sería que se dé marcha atrás a este atropello y se proteja de manera prioritaria a los derechohabientes afectados.
“Lo correcto sería recuperar sus viviendas y ofrecerlas a los que menos ganan”.
Harry Rodríguez Botello Fierro, diputado del PVEM, en este tema como legisladores y primordialmente representantes populares, es importante que coadyuven y puedan ver los mecanismos que ayuden a la certeza jurídica de los ciudadanos.
“Respecto a esa certeza la propiedad privada y el aseguramiento de tener una vivienda para las familias mexicanas es fundamental, por lo que en estos tiempos difíciles es importante que busquemos la mejor forma de poder garantizar las mejores prácticas para alcanzar ese objetivo”, aseguró.
Javier Osante Solís, legislador de MC, recalcó que, está absolutamente en contra de legalizar la invasión.
“Debemos proteger el derecho a la propiedad privada; es lamentable lo que dijo en la mañanera el director del Infonavit, en lugar de promover la invasión deben castigar a los culpables de la corrupción que ocurrió en el Infonavit”.
En lugar de esa propuesta, el diputado puntualizó que pediría al director general del Infonavit que se denuncie a los responsables, como el caso de Yucatán.
En lugar de premiarlos con cargos, deben terminar con la impunidad, al parecer en alusión a un funcionario estatal que antes ocupó el cargo del Infonavit.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA