“Nuestra postura es clara sobre la reducción a 40 horas laborables: no estamos en contra del fondo de la iniciativa, cualquier propuesta para mejorar la calidad de vida de los trabajadores es bienvenida, y estamos a favor. Sí al bienestar laboral, pero con gradualidad y diálogo”.
Así lo afirmó Claudia González Góngora, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Yucatán.
“Pero recalco que su implementación debe ser responsable, gradual y flexible, ya que no todos los sectores operan bajo las mismas condiciones”, remarcó.
La lideresa empresarial destacó que uno de los principales retos para el segundo semestre del año es precisamente la aplicación de las 40 horas semanales.
“En la industria restaurantera, que opera con horarios extendidos, turnos rotativos y alta demanda en fines de semana y días festivos, este ajuste representa un desafío considerable. La operación de un restaurante no es de lunes a viernes como en horario de oficina”, explicó.
Al dar a conocer la postura del gremio restaurantero sobre la discusión nacional de la posible reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, reveló que desde la Canirac nacional se sostienen reuniones con la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, y participarán en los foros organizados por la Secretaría del Trabajo que se programen.
La entrevistada enfatizó la importancia de escuchar a los sectores productivos antes de aprobar una reforma que podría tener efectos adversos.
También advirtió que reducir las horas de trabajo sin ajustar los esquemas laborales implicaría la necesidad de contratar más personal para cubrir los mismos horarios, lo que elevaría los costos operativos.
“El 96% de los establecimientos en esta industria en Yucatán son microempresas, muchas de ellas familiares y con estructuras reducidas”, indicó.
“Un cambio abrupto, sin medidas de compensación, podría comprometer la viabilidad y permanencia de la mayoría de estos negocios, impactando directamente en el empleo formal”, anticipó.
Por eso, señaló, desde la Canirac Yucatán piden un proceso gradual con tiempos claros para que los negocios puedan adaptarse, y solicitó apoyos fiscales o incentivos para las Mipymes.
“Es fundamental que se realicen estudios técnicos que midan el impacto real por sector antes de tomar una decisión”, recalcó.
Además, propuso un marco normativo flexible y adaptado a la realidad operativa del sector restaurantero, que contemple esquemas como la contratación por hora con salario mínimo, jornadas divididas o extendidas acordadas entre trabajador y empleador, y reglas claras para el pago de horas extra.
“Hemos buscado el diálogo a nivel nacional y en Yucatán. Estamos abiertos a trabajar con las autoridades estatales y legisladores federales para construir juntos una reforma que realmente beneficie al trabajador, sin poner en riesgo los empleos ni a las empresas que los generan”, subrayó.
Claudia González consideró que es posible avanzar en justicia laboral, aunque debe hacerse con responsabilidad, con base técnica y sensibilidad hacia los sectores productivos más vulnerables.
“Estamos a favor del bienestar, pero no a costa de la viabilidad de miles de negocios que hoy son los que sostienen el empleo formal en nuestro estado y a nivel nacional”, concluyó.
