Un exagente de la SSP pelea desde hace años una pensión justa por discapacidad
MÉRIDA.- “Ya no tenemos a quién acudir, legalmente ya acudimos a todos”, dice el abogado Fredy Garrido López al denunciar una posible complicidad entre el gobierno del Estado y el Poder Judicial que ha afectado a una persona con discapacidad quien desde hace varios años busca una pensión justa.
La persona afectada es Miguel Santiago Rodríguez Pech, un ex policía de la Secretaría de Seguridad Pública que por seis años condujo una motocicleta del grupo conocido como “Goera”.
Lo anterior hasta que, en marzo de 2010, mientras realizaba rondines de vigilancia en el centro de Mérida, fue atropellado por un auto Chevy que manejaba mujer.
A causa del accidente, Miguel sufre una discapacidad permanente, por esta razón obtuvo una pensión por incapacidad de por vida.
“Al principio, y aprovechándose que desconocía el proceso en ese momento, en el Isstey me dijeron que mi pensión iba a ser del 100 por ciento y que iba a aumentar conforme aumente el sueldo de un policía en servicio; pero cuando llegó mi primer pago me llegó sólo el 30%, averiguando pude saber que podía reclamar lo que me corresponde, porque fue un accidente de trabajo reconocido por el Isstey”, dijo el expolicía.
Ex policía denuncia complicidad para evitar pago de su pensión en Yucatán
En 2018, ante las múltiples carencias que pasaba junto con su familia, decidió presentar una demanda ante la entonces Junta Local de Conciliación y Arbitraje para reclamar una pensión ajustada al sueldo de un policía en activo.
En 2021, cuenta el abogado Garrido López, después del procedimiento legal adecuado, obtienen un laudo firme que en un principio la Junta de Conciliación y Arbitraje se negaba a otorgar.
“Desde ahí ya veíamos algo raro, ellos decían que el Isstey tenía razón en su contestación y que no se le debía nada al trabajador. Nos vamos a un amparo directo y un juez federal nos da la razón en ese momento, los obliga a revisar la demanda y nos otorgan el laudo”, cuenta el abogado.
Ante el laudo, la Junta Local hace la cuantificación de la deuda del Isstey con el trabajador y crea un “incidente de liquidación”.
Sin embargo, el Isstey —señala el asesor legal— se inconforma y la Junta Local le da la razón a la instancia del gobierno determinando una cantidad muy inferior a la que, por derecho, le corresponde al pensionado.
“De nuevo vamos a un amparo indirecto y nos dan la razón por un juez federal, así que los obligan a modificar la resolución y obligan a la Junta a cuantificar de diferente manera”.
Etapa procesal del caso
Hasta ese momento Miguel se sentía satisfecho con la resolución y esperaba que el titular de la Junta Local de Arbitraje y Conciliación ejecute el cobro en su favor, pero el Isstey promovió un amparo para evitar pagar el laudo, solicitando la suspensión del acto.
“El juzgado le tramita el amparo, pero no se suspende el acto, por lo que la Junta aún estaba en condiciones de reclamar el pago a favor de Miguel, así que requerimos el pago”, dice el abogado.
La junta local —señala— se negó a ejecutar el cobro en contra del Isstey.
De nueva cuenta, en octubre pasado deciden acudir otra vez a un amparo para solicitar a un juez federal que ordene al funcionario Edwin Alberto Morales Narváez, presidente de la Junta Especial número dos, ordene el cobro del laudo.
“La ley dice que ya se ganó, ya quedó firme, que cumpla su chamba, es todo lo que pedimos, que haga su trabajo, que haga las diligencias. Llevamos el amparo y nos lo rechazaron. Volvimos a ampararnos y lo admitieron, imprimí el mismo amparo y lo volví a presentar, ahora sí lo recibieron, quedó en el expediente 1484/2024″, comenta el asesor legal.
Pero Rogelio Eduardo Leal Mota, juez segundo de Distrito del Decimocuarto Circuito, comenzó a diferir las audiencias constitucionales sin explicación alguna.
“Lo único que tenía que hacer el juez era ordenar al presidente de la junta local que realice su trabajo, que no omita sus funciones, pero empieza a dar largas, y largas.
No entendía por qué se estaba difiriendo, no había cuestión de fondo, era algo muy concreto. Fuimos a platicar con él y le explicamos que Miguel tiene una discapacidad, que no puede trabajar y que vive de su pensión”.
Al llegar la fecha, el pasado 15 de julio, el juez otorgó el amparo a Miguel y ordenó al presidente de la Junta Local “que haga su chamba”.
“Pero el mismo día, el mismo juez, el mismo juzgado, casualmente resolvió y concedió el amparo al Isstey. Le dije a Miguel ¿Por qué hizo esto el juez, si ya sabía que son del mismo tema?. Yo pienso que está actuando de una manera dolosa para perjudicar”, acusó el abogado.
El licenciado recibió la notificación que el amparo que le resolvieron quedó sin efecto debido a que el juez resolvió el amparo del Isstey.
“En pocas palabras nos mandaron por un tubo de una manera, vamos a decir ‘legal’, pero lo principal que es el laudo ya está ganado, además no está suspendida la ejecución”.
Harán “todo lo posible por no pagar”
Miguel y su abogado acudieron a platicar con el presidente de la Junta Local y con una abogada del Isstey para llegar a un acuerdo sobre el pago del laudo.
Pero, ambos funcionarios coincidieron en que han recibido “línea” de hacer todo lo posible para evitar que los trabajadores del Estado o ex trabajadores cobren lo que el Estado les debe.
“Me dijo la del Isstey, sabes qué vamos a hacer todo lo posible para no pagar”.
Miguel considera que la falta de justicia por parte del Juez federal es parte de una colusión con el gobierno del Estado para evitar que se resuelva justamente el caso de muchos pensionados y jubilados del Isstey.
“Yo ya hice todo lo legal posible para obtener justicia y no he podido, no pudo trabajar, no tengo de dónde obtener recursos para mi familia. Pero mi caso no es el único, conozco a muchos compañeros que están igual que yo, pero no se atreven a denunciar estos actos, yo hago un llamado para que tengan el valor a denunciar estas cosas, la falta de justicia que existe”.
Así lo dijo Miguel, quien seguirá esperando a que el gobierno del Estado y el juez decidan hacerle justicia.
El abogado y Miguel consideraron presentar las quejas correspondientes para que se abran investigaciones en contra de los actores que han evitado que Miguel tenga acceso a la pensión que por derecho le corresponde.