MÉRIDA.- En los primeros días del próximo mes de agosto se podría resolver el recurso de inconformidad que presentó el Ayuntamiento de Mérida contra el Congreso del Estado, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la afectación que consideran se hizo al modificar su Ley de Hacienda, de acuerdo con el estatus de este proceso.
De acuerdo con información recabada, la última de las acciones que se realizaron como parte de este proceso fue el pasado mes de junio, cuando, en la etapa de alegatos, las partes reiteraron las consideraciones que citaron desde los primeros escritos cuando se activó el medio de control constitucional.
Como se ha informado, se trata de una norma general, acto u omisión, cuya invalidez se demanda por la afectación a la Ley de Hacienda de Mérida que se aprobó en diciembre del año pasado para ejercer en este 2025, de acuerdo con el decreto 29/2024.
Considera la parte quejosa que en ese decreto el Congreso del Estado, al aprobar el Decreto impugnado, vulnera los principios constitucionales de libre administración hacendaria, la autonomía y autosuficiencia económica, en perjuicio de los ingresos del municipio y la hacienda municipal.
“Grave afectación”
Añaden que lo anterior trae consigo una grave afectación a la sociedad meridana en general, pues con tal determinación, no se respeta la libre disposición y aplicación de los recursos públicos para satisfacer las necesidades fijadas en las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos.
Señalaron que la SCJN ha interpretado que la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el alcance exacto de dicha norma y la articulación de las competencias se deriva de una interpretación sistemática del citado precepto constitucional, que regula, entre otros aspectos, la libre administración de la hacienda municipal, la integridad de los recursos económicos municipales y la existencia de fuentes de ingreso reservadas a los municipios.
Vulneración
Sobre ese punto consideran que el Poder Legislativo vulneró dichas facultades a favor del municipio de Mérida, Yucatán, ello porque “al analizar la iniciativa propuesta por el municipio que representamos, el Poder Legislativo estatal no distinguió la naturaleza de la norma sometida a su consideración, ya que le dio un tratamiento ordinario, como si se tratara de una ley secundaria común”.
Se informó que, el Pleno de la Suprema Corte está en receso por un periodo de 15 días, y que la próxima sesión ordinaria está prevista para el 4 de agosto, por lo que se podría resolver en ese mes; sin embargo, dependerá que sea enlistados en el orden de asuntos a resolver por el Pleno.