En sesión pública, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) resolvió los juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificados con las claves JDC-046/2025 y JDC-047/2025, indica un boletín.
Éstos fueron acumulados y promovidos por dos regidores del Ayuntamiento de San Felipe, quienes denunciaron actos y omisiones de autoridades municipales que, a su juicio, vulneran su derecho al ejercicio del cargo.
Las personas enjuiciantes señalaron que se les negó la recepción de escritos en los que solicitaban información relativa a la cuenta pública de los ejercicios fiscales 2024 y 2025, lo que representa una afectación directa a sus funciones como integrantes del Cabildo.
Al analizar el expediente a cargo del magistrado presidente, Fernando Javier Bolio Vales, el TEEY consideró fundados los agravios, al quedar acreditado que las solicitudes fueron presentadas sin que la autoridad municipal las recibiera formalmente, hecho que fue confirmado por la propia autoridad responsable.
Esta omisión, además de constituir una violación al derecho de petición, impacta directamente el derecho político-electoral a ser votado en su vertiente de desempeño efectivo del cargo.
El Pleno recordó que los mismos regidores promovieron previamente los juicios JDC-040/2025 y JDC-041/2025 y acumulados, en los que este Tribunal determinó que también fueron obstaculizados en el ejercicio del cargo, imponiendo entonces al presidente municipal una multa equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) como medida de apremio.
Al tratarse de una conducta reiterada, se configuró la reincidencia conforme al artículo 390 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado.
Por lo anterior, el TEEY resolvió imponer al presidente municipal una segunda multa por el equivalente a 100 UMAS vigentes al momento de la resolución.
Asimismo, ordenó que las autoridades responsables reciban las solicitudes de información presentadas y entreguen la documentación requerida de manera completa, conforme a lo solicitado por las personas actoras.
Con esta determinación, el TEEY reitera su compromiso con la protección del ejercicio de los cargos de elección popular y con la garantía de que las autoridades municipales respeten los derechos político-electorales en el marco de la legalidad y la transparencia institucional.