Con cambios que no aceptaron en la bancada panista y por lo que de última hora decidieron votar en contra, hoy por la tarde en sesión extraordinaria el Congreso del Estado espera aprobar las reformas que envió el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a su Ley Orgánica del Poder Judicial, que incluye la posibilidad de que quien resulte electo presidenta o presidente del este órgano colegiado judicial pueda declinar de la presidencia sin perder su magistratura.
Como parte de la jornada legislativa de ayer en el Congreso, por la tarde la Diputación permanente convocó para hoy martes a partir de las 15 horas a su tercer periodo extraordinario plenario, donde además de este dictamen del Poder Judicial se discutirá y someterá a votación también y por segunda vez las reformas constitucionales sobre la despenalización del aborto en Yucatán, de lo que informamos en nota aparte.
Al convocar a este periodo extraordinario se enlistó entre los asuntos a tratar la propuesta de acuerdo suscrita por los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado para designar a dos diputadas y un diputado para concurrir a las sesiones del Comité de Seguimiento del Proyecto Ampliación del Puerto de Altura de Progreso y Obras Complementarias.
En el caso de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, éstas fueron dictaminadas ayer mismo al mediodía en la Comisión de Justicia y Seguridad Pública y se aprobó por mayoría, porque aunque al principio tenía la anuencia de la bancada del PAN, por ser una iniciativa del actual Tribunal Superior de Justicia, integrada por magistrados nombrados en la anterior administración panista, ayer la bancada de Morena le hizo cambios que no les agradó.
El pasado sábado 12 de julio el Diario informó que, el TSJ envió al Congreso del Estado reformas al Poder Judicial que entre otros puntos principales, le permitiría a Erika Torres López recién electa como magistrada y presidenta del mismo Tribunal, pueda declinar de la presidencia sin perder su magistratura, y en su lugar el presidente sería Hernán Vega Burgos.
A esta iniciativa Gaspar Quintal Parra, diputado del PRI, presentó reformas de última hora para que el Tribunal de Disciplina Judicial le corresponda la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del TSJ, contrario a lo que se proponía en el sentido de ponderar que el Tribunal de Disciplina Judicial vigile la actuación de todo órgano jurisdiccional, excepto al Pleno.También propuso que los jueces de paz reciban el pago de sus honorarios de parte del Poder Judicial, y no del Ayuntamiento de Mérida, pero este punto no se lo aprobaron, y por eso Quintal Parra voto en contra del dictamen.
Aunque en la discusión de esta iniciativa por parte de la bancada de Morena dieron a conocer una lista de cambios que hicieron, por ejemplo volver a incluir el “haber de retiro” como liquidación de los magistrados, y otros puntos, la diputada y el diputado del PAN no hicieron comentario alguno solo guardaron silencio y votaron en contra del dictamen.
Roger Torres Peniche, coordinador de la bancada del PAN, informó más tarde que esta iniciativa que envió el TSJ en un principio tenía la anuencia de su bancada, pero de última hora los morenistas le hicieron varios cambios con los que no están de acuerdo, aunque al preguntarle cuales fueron solo citó el siguiente punto:
“La facultad del Tribunal de Disciplina Judicial de investigar y sancionar a todas las personas que ejercen funciones jurisdiccionales, incluyendo magistrados. Se había acordado que solo puedan sancionar a jueces de primera instancia, como a nivel federal, ya que el Tribunal de Disciplina Federal no puede sancionar a los Ministros de la SCJN, y también modificaron los artículos transitorios”.