Y ahora Tzucacab.
No bien hemos salido, nada bien librados por cierto, de la muerte primero y linchamiento con deceso incluido después, en Tekit, y ya nos encontramos con otra manifestación en la que el pueblo toma el control de una población en sus manos y ejerce el poder popular para aplicar lo que, a su modo, es la justicia.
Anteayer nos enteramos por el Diario que un contingente de pobladores de la cabecera municipal de Tzucacab se manifestó en forma pacífica para protestar por la muerte de un reo en una celda de la comandancia.
Al llegar a palacio, el contingente se convirtió en turba debido a que se salió de control. Un grupo decidió tomar por asalto el edificio municipal y lanzar por los aires sillas, mesas, equipos, y prender fuego a las instalaciones de la sede de la municipalidad, lo mismo que a un vehículo oficial. La sociedad manifestante ya era, para ese momento, una gleba enfervorizada.
La Comuna tzucacabense, encabezada por Erick Fernando Ku Caamal, del Partido Verde, está ahora en el ojo del huracán de las manifestaciones sociales que se salen de control.
¿Qué motiva estas alteraciones populares? ¿Responden a un hartazgo social o a la inacción e indolencia de las autoridades? ¿Acaso se deben a una combinación de ambos? ¿Obedecen a que cada vez hay menos acatamiento de la ley? ¿Permea cada vez más aquello de “no me vengan con que la ley es la ley”?
La molestia de la población empezó por la muerte de un reo en la comandancia, hecho de por sí lamentable y, tristemente, no caso aislado, dado que han sucedido hechos similares en otros municipios en los últimos años. El individuo fue detenido el lunes, puesto en una celda y el martes amaneció muerto.
La manifestación popular, de carácter pacífico, era un llamado contra la muerte de un reo en un lugar donde debía estar bajo custodia y, a decir de la Codhey, se le debían “garantizar condiciones adecuadas” en su condición de persona privada de la libertad.
La marcha hacia Palacio Municipal era, de origen, una queja colectiva por los abusos de las autoridades a los detenidos en general, a decir de los manifestantes.
Fuentes oficiales dijeron por lo bajo que el reo se quitó la vida, versión no aceptada por los pobladores. Ayer la Fiscalía estatal informó que la necropsia arrojó que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por suspensión, es decir, murió ahorcado.
La Codhey, por su parte, informó que supervisa de manera permanente las 106 cárceles municipales del Estado, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para las personas privadas de su libertad, según indica la nota del Diario que da cuenta de lo informado por esa comisión.
“Dichas revisiones —dice la Codhey— tienen como fin identificar áreas de oportunidad y formular recomendaciones a las autoridades para mejorar las condiciones de las cárceles y garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad”.
Evidentemente algo falló que puso de manifiesto la falta de funcionalidad y competencia de esas “revisiones de supervisión”.
Este mes se cumplen cuatro años del caso más sonado de muerte de un reo en Yucatán en los últimos años, que si bien no murió en la cárcel, todo indicó que fue a consecuencia de lo que habría pasado estando en manos de los oficiales. El joven José Eduardo Ravelo Echevarría fue detenido y golpeado el 21 de julio de 2021. Murió dos semanas después, el 6 de agosto.
Parecemos no salir de ese dédalo en nuestro estado. Seguimos inmersos en un laberinto de incompetencia, lo mismo de oficinas gubernamentales que de organismos como derechos humanos, para garantizar la seguridad de las personas privadas de su libertad. Los casos siguen cayendo, a cuentagotas, pero sin cesar. Ayer fue Ravelo, hoy Ángel A.Ch., y mañana ¿quién?
Tampoco encontramos respuesta en la contención de la creciente ira popular, del desahogo de frustraciones grupales, de la expulsión de la presión de enojos multitudinarios. Ayer fue en Tekit, hoy en Tzucacab, mañana ¿dónde?
Mientras, las autoridades continúan negando lo evidente e intentando ocultar lo obvio. El gobierno municipal, de inicio, desecha la versión popular sobre el deceso, sin investigación de por medio. El estatal niega la existencia de la marea roja hasta que los científicos hacen ver con claridad que estaba en nuestras narices.
Se matiza puerilmente el accidente ocurrido esta semana en el Tren Maya, con el argumento de que no fue un descarrilamiento: se trató de un percance de vía. En octubre pasado se minimizó el acercamiento del huracán “Milton” y la tardía reacción oficial llevó a la muerte de gente de mar… La lista podría continuar, dado que el sello de la casa de la 4T es: “si no lo admito, no pasó”. Quedaría en anécdota de no arrastrar vidas de por medio.
Debemos estar cada vez más atentos a fuentes no oficiales, como las científicas —Cinvestav en este caso—, organizaciones no gubernamentales, observatorios independientes y la prensa libre, por supuesto.— Mérida, Yucatán
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@olegariomoguel
Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia