La falta de intérpretes en un hospital puede resultar en diagnósticos erróneos o tratamientos inadecuados, en un ministerio público puede comprometer el acceso a la justicia, en el ámbito educativo la carencia de intérpretes limita el derecho a una educación inclusiva.
Lo anterior es parte del análisis realizado por la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) en torno al valor de la Lengua de Señas Mexicana (LSM).
Con motivo del Día Internacional de la Lengua de Señas, el 23 de septiembre, instituciones como la Asociación Yucateca Pro-Deficiente Auditivo (Ayproda) cuestionaron la falta de intérpretes de LSM en espacios esenciales como hospitales y escuelas.
En esta entrega, cuya primera parte publicamos anteayer miércoles, abordamos los señalamientos de la Codhey.
Falta de intérpretes de lengua de señas, discriminación
Estas situaciones evidencian que la falta de accesibilidad es una forma de discriminación indirecta que vulnera derechos fundamentales, mencionó el organismo estatal.
También muestra la urgencia de ampliar la formación, contratación y reconocimiento profesional de intérpretes de LSM en Yucatán, remarcó.
“Es esencial establecer mecanismos que aseguren su disponibilidad permanente en instituciones públicas. Invertir en accesibilidad lingüística no solo beneficia a las personas sordas, sino que fortalece la capacidad del Estado para ofrecer servicios más justos, inclusivos y respetuosos de la diversidad”, afirmó.
Sobre la preparación del sector público para atender adecuadamente a personas sordas, la Codhey resaltó que el informe es claro: “Hoy el sector público enfrenta limitaciones significativas”.
“Aunque hay esfuerzos liderados por la sociedad civil organizada, la falta de intérpretes certificados y capacitación en accesibilidad lingüística en muchos espacios esenciales demuestra que aún no están plenamente preparados para satisfacer las necesidades de la comunidad sorda de Yucatán”.
Sensibilizar sobre las necesidades de personas sordas
La Codhey propuso aumentar el número de intérpretes de LSM en instituciones públicas, y generar programas de formación y certificación profesional.
“También es fundamental sensibilizar a los funcionarios sobre los derechos lingüísticos y culturales de las personas sordas”, refirió.
Entre sus principales demandas, la Codhey destacó la necesidad de que las autoridades y sociedad aseguren la accesibilidad en todos los servicios públicos mediante intérpretes y materiales accesibles.
“Es crucial reconocer la LSM como un derecho lingüístico y destinar recursos suficientes para implementar políticas de inclusión de manera sostenida”.
El papel de la comunidad sorda en la creación de políticas públicas es fundamental, expuso.
“La comunidad sorda debe tener un papel protagónico, ya que son quienes mejor conocen sus necesidades y las barreras que enfrentan. Incluirlos en el diseño de políticas es esencial para que éstas sean efectivas y respetuosas de su identidad lingüística y cultural”, enfatizó.
Accesibilidad / Lengua de señas
La Codhey cuestionó la falta de intérpretes de LSM en sitios como escuelas u hospitales.
Participación
Si bien hay espacios de consulta, la Codhey llamó a fortalecer los mecanismos de participación directa de la comunidad sorda en la toma de decisiones. “Su inclusión real en los procesos institucionales garantizará que las políticas respondan a sus demandas y promuevan una verdadera igualdad de derechos”.
Deber social
Tanto la Codhey como la Ayproda hicieron un llamado urgente a las autoridades y a la sociedad para abordar la accesibilidad de la comunicación en Yucatán, pues la inclusión de las personas sordas no solamente es un deber ético, sino humano y fundamental que debe ser garantizado en todos los ámbitos de la vida pública.— Por David Domínguez Massa