El acceso a la educación y al empleo remunerado representa una de las transformaciones más significativas en la vida de las mujeres rurales, gracias a políticas públicas que les han permitido nuevas oportunidades para estudiar y trabajar.
Sin embargo, aún enfrentan múltiples carencias estructurales que limitan su capacidad para ejercer una ciudadanía plena, señaló la doctora Gina Villagómez Valdés, investigadora social de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).
En entrevista con el Diario, la académica expuso que, aunque existen avances legislativos y políticas públicas en favor de las mujeres, “los apoyos económicos que reciben son mínimos y no garantizan una verdadera autonomía económica”.
“En muchos casos, parecen responder más a intereses electorales”, subrayó.
La especialista habló de los derechos de las indígenas justamente en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se conmemora el 15 de octubre.
Según destacó, no se debe verlas únicamente como beneficiarias de programas asistenciales o productoras del campo, sino como sujetos activos con derecho a acceder a bienes y servicios que históricamente les han sido negados por ser mujeres indígenas y pobres, sin acceso a educación, a la movilidad (tranporte) y de servicios básicos.
“Aunque hay avances legislativos y en políticas públicas, los apoyos económicos que reciben son insignificantes y no logran una verdadera autonomía económica”.
“Son estrategias que parecen tener un trasfondo electoral, más que un compromiso genuino con el bienestar de las mujeres”, criticó.
Exclusión
Gina Villagómez recordó que la ciudadanía plena implica no solo derechos y responsabilidades, sino también la posibilidad de incidir en la vida pública, un aspecto que continúa siendo inaccesible para muchas mujeres mayas, sobre todo adultas mayores, quienes han vivido bajo condiciones de exclusión por razones históricas.
La investigadora de la Uady alertó sobre la violencia política de género que afectó a las mujeres mayas en las últimas elecciones municipales, donde se documentaron al menos 12 formas de violencia que obstaculizaron su participación.
Además, detalló que, en los últimos tres procesos electorales, en 36 municipios considerados de población mayoritariamente maya se comprobó que las mujeres enfrentaron distintos niveles de violencia política.
“En los 25 municipios más grandes del estado el 80% de las candidaturas del PRI y el PAN fueron asignadas a hombres, y solo una mujer terminó gobernando. A pesar de la paridad formal, las mujeres gobiernan apenas el 6% de la población de Yucatán”, precisó.
Asimismo, lamentó que muchas mujeres que intentan postularse a cargos públicos sean bloqueadas por sus propios partidos o por sus comunidades, y que incluso sufran amenazas de desalojo o rechazo familiar.
“A pesar de la Ley de Paridad, la representación femenina en los ayuntamientos sigue por debajo del 30%. La brecha de desigualdad es clara y constituye un obstáculo para el ejercicio pleno de la ciudadanía”, enfatizó.
Respecto a los programas gubernamentales dirigidos a las mujeres rurales, consideró que la mayoría son paliativos que no resuelven de fondo las causas estructurales de la desigualdad. No obstante, reconoció los avances en el ámbito educativo y laboral en la vida de las mujeres mayas.
“El acceso a la educación y al empleo remunerado ha sido la transformación más importante. Muchas mujeres ahora pueden estudiar y trabajar, lo que ha fortalecido su autonomía”, apuntó.
Además, destacó el crecimiento de la conciencia sobre los derechos y la violencia de género.
“Hoy día, un número considerable de mujeres mayas reconoce y denuncia la violencia, lo que es un avance importante en la lucha por sus derechos”, dijo.
La doctora reiteró la necesidad de un enfoque integral que considere no solo la inclusión de las mujeres en la política, sino también la eliminación de las barreras estructurales que impiden su desarrollo y participación plena en la sociedad yucateca.