MÉRIDA, Yucatán.— A través de un comunicado, el Gobierno del Estadio dio a conocer que, el Juzgado Cuarto de Distrito resolvió negar la suspensión definitiva solicitada dentro del juicio de amparo promovido en contra del Gobierno del Estado de Yucatán y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que las obras ejecutadas por el Gobierno estatal podrán continuar su curso legalmente.
El comunicado agrega que, el juez diferió la audiencia en la que se determinará si procede o no la suspensión definitiva respecto a los actos atribuidos a la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Progreso, la cual se llevará a cabo hoy viernes 24 de octubre.
“Es importante precisar que el ejecutor de las obras es el Gobierno del Estado de Yucatán, y que la resolución que niega la suspensión definitiva se encuentra firme tanto en primera como en segunda instancia, al haber sido declarada sin materia por un tribunal colegiado”, concluye el comunicado.
Tribunal federal concede suspensión provisional por juicio de amparo
Este viernes, el Diario publicó un artículo en el que se dio a conocer que, un Tribunal Colegiado Federal ordenó la suspensión inmediata del dragado y relleno de más de 80 hectáreas en el puerto de altura de Progreso, tras conceder una suspensión provisional dentro del juicio de amparo 1919/2025.
El recurso fue promovido por activistas que denunciaron afectaciones al ecosistema marino y la falta de estudios ambientales.
En el artículo se señala que, los abogados Juan Andrés Medina Rejón y José Alfredo Uicab Panti, representantes legales del amparo, señalaron que el dragado y la ampliación del puerto se iniciaron sin contar con los permisos correspondientes, ni con los estudios de impacto ambiental necesarios, como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), los estudios batimétricos y morfológicos del fondo marino.
“La medida otorgada es un paso clave para proteger el mar, la pesca ribereña y los derechos de las comunidades costeras. El dragado no puede continuar sin garantías ambientales ni consulta pública”, expresó el abogado Medina Rejón.
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