La iniciativa de reforma a la Ley General de Aguas y a la Ley de Aguas Nacionales busca evitar la mercantilización del agua, terminar con el acaparamiento, la sobreexplotación del mercado negro y que exista una distribución más equitativa para todas y todos los usos, no solo para enfrentar, digamos, las necesidades y datos actuales, sino también para garantizar el agua para el futuro.
José Luis Acosta Rodríguez, Delegado Estatal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Yucatán añadió que, “estas dos iniciativas en estudio en la Cámara de Diputados, tienen su origen en el artículo cuarto de la Constitución y en el párrafo quinto del artículo 27. La Ley General de Aguas busca establecer las bases para garantizar el derecho humano al agua, regulando su relación con otros derechos, así como definir planes y estrategias que aseguren este derecho fundamental”.
En visita a la redacción del Diario el funcionario federal explicó los objetivos y las implicaciones de estas reformas como parte de la difusión que realizan a estas iniciativas que envió la presidenta del país a los legisladores federales, para su estudio y aprobación próximamente.
Destacó que, una de las prioridades de la nueva legislación es garantizar que el derecho humano al agua no solo se reconozca, sino que se administre de manera eficiente. “La reforma define las competencias entre las autoridades federales, estatales y municipales, y reconoce la importancia de los sistemas comunitarios de agua, que permitirán a las comunidades indígenas gestionar sus recursos hídricos dentro del marco legal.”
En cuanto a la Ley de Aguas Nacionales, Acosta Rodríguez señaló que el ordenamiento de las concesiones es un aspecto crucial. “El nuevo marco legal establece que los títulos de concesión no podrán ser transmitidos entre particulares. En su lugar, deberán ser devueltos a la Conagua, que se encargará de reasignarlos, garantizando así que el uso del agua se regule de manera adecuada y se evite el mercado negro”, explicó.
Comentó que hay la inquietud de que si pudieran disminuirse sus títulos, sus volúmenes, pero no es así. “Se mantienen todas las concesiones actuales y se respetan en los mismos términos que han sido emitidos”, puntualizó.
Otro planteamiento –continuó—, es ¿qué pasa cuando va a vender un particular su parcela a otra persona? ¿Qué pasa con el agua que tiene concesionado ese usuario? “En este caso el usuario lo que va a hacer es regresar, avisar a la Conagua y solicitar que se le asigne ese volumen a quien se lo compra. Y la Conagua, a través de un trámite expedito y más simple va a autorizar el cambio de propietario y emitir un nuevo título”, indicó.
Limitantes
El delegado remarcó que, “Ya no se va dar de particular a particular, ahora se tiene que notificar a la autoridad para que le sea transferido a través de la autoridad y reasignado el volumen al nuevo propietario del predio. Y lo mismo pasa cuando se tiene en herencia, por ejemplo de padres a hijos que quieren heredar o si son derechos sucesorios porque falleció el titular”, precisó.
El delegado mencionó que las reformas buscan combatir el uso indebido del agua y evitar el acaparamiento. “Se establecerán cuotas de garantía y plazos de revisión cada dos años para asegurar que el agua concesionada se utilice efectivamente. Si un usuario no utiliza su volumen asignado en tres periodos, el agua regresará al estado”, advirtió.
Acosta Rodríguez también destacó la importancia de mantener la certeza jurídica para los usuarios actuales de concesiones de agua. “Las concesiones actuales se respetarán y continuarán en los mismos términos, y los usuarios podrán solicitar prórrogas, siempre que cumplan con sus obligaciones normativas”, afirmó.
Un aspecto fundamental de las reformas es la promoción de la eficiencia en el uso del agua, especialmente en el sector agrícola, que consume el 70% del recurso hídrico a nivel nacional. “Estamos impulsando la tecnificación del riego, que permitirá un uso más eficiente del agua y ayudará a aumentar la productividad agrícola”, explicó Acosta Rodríguez.
En Yucatán, la Conagua trabaja con el sector agrícola para fomentar inversiones en tecnologías de riego, como el riego por goteo y la utilización de paneles solares para el abastecimiento energético. “La colaboración entre Conagua, el gobierno del estado y los usuarios es clave para el éxito de estas iniciativas”, concluyó el delegado.
Con estas reformas, el gobierno busca no solo asegurar el acceso al agua como un derecho humano, sino también garantizar la sostenibilidad del recurso en el futuro, abordando de manera integral los desafíos que enfrenta el sector hídrico en México, afirmó.— DAVID DOMÍNGUEZ
Recursos naturales Agua
El sector agrícola se llevó el 76% del total de agua concesionada en México en 2020, según un reporte.
Abastecimiento público
En el país, el abastecimiento público —agua para consumo doméstico, redes urbanas, etc.— es de apenas alrededor de 15% del total de agua concesionada.
Nueva ley
La iniciativa de la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales se fundamentan en los artículos 4° (derecho humano al agua) y 27 párrafo quinto de la Constitución.
Delitos hídricos
La propuesta legislativa incluye la creación de un capítulo de delitos hídricos, tipificando la explotación, extracción o traslado ilegal de aguas nacionales para combatir el mercado negro del agua.
Inconsistencias
En la revisión de títulos de concesión, Conagua detectó inconsistencias: por ejemplo, más de 58 000 irregularidades en concesiones revisadas en casi 500 000 títulos examinados.