Ni con un espectáculo “back in time” lograron las activistas por los derechos de la mujer plantear en forma directa al gobernador Joaquín Díaz Mena el retroceso y descuido de los programas de atención a la violencia de las mujeres en Yucatán.
A las puertas del Palacio de Gobierno, en cuya explanada interior el gobernador dio un discurso sobre certificación laboral a trabajadores y funcionarios, ocho académicas con grado de doctoras y maestras vestidas con ropa del rock and roll bailaron y pronunciaron breves discursos para llamar la atención del jefe del Ejecutivo.
No consiguieron su objetivo porque terminó el evento y se marcharon todos los invitados.
Las activistas Nancy Walker Olvera, Ligia Vera Gamboa, Gina Villagómez Valdés, Milagros Herrero Buchanan, Bertha Elena y María Teresa Munguía Gil, Adelaida Salas Salazar y Leticia Murua Beltrán desde hace años promueven la atención de la violencia contra la mujer y sus derechos, por lo que tienen claro el panorama del sector y el trabajo de cada gobierno, del color que sea.
“En este año, desafortunadamente, hubo un incremento de las violencias, diferentes tipos de agresiones en todos los municipios y en Mérida”, resumió la doctora Vera Gamboa.
“Desafortunadamente, cuando vinieron estos nuevos lineamientos de la política federal, que hoy son los llamados centros libres, la realidad es que no están brindando atención, desde el acompañamiento psicológico hasta el jurídico, ya no se está dando”.
Capacidad operativa
El enfoque de los ocho mensajes de las lideresas fue para señalar que hay retrocesos en la capacidad operativa de las instituciones, cuyo deber es garantizar los derechos de las mujeres.
Hay reducción presupuestal, incertidumbre sobre la continuidad de los refugios, falta de claridad normativa que genera una brecha cada vez mayor entre los marcos legales y la protección de las víctimas, señalaron.
Todo esto, aunado al aumento de la violencia institucional y la inseguridad por el incremento de los delitos en más del 40% durante el tercer trimestre de 2025, según datos del Inegi, destacaron que este deterioro social impacta en las condiciones de riesgo de las mujeres yucatecas.
Yucatán tenía una curva de oportunidad para la aplicación de políticas públicas integrales que protegiera a la población, especialmente a la mujer con diagnósticos situacionales, trabajo territorial y mecanismos reales de detección temprana de violencia, “pero hoy no hay nada”, dijeron.
La doctora Vera Gamboa aseguró que el trabajo de hoy en los centros libres es escuchar y canalizar a las mujeres que buscan ayuda para frenar los diferentes tipos de violencias que sufren, pero no hallan el acompañamiento profesional y jurídico para su defensa.
Falta de acción en instancias
“Las instancias donde las canalizan no están actuando adecuadamente, entonces esto se traduce en expedientes que se dan por cerrados, que no haya recursos para prevenir la violencia”, dijo.
“Vamos a los municipios y preguntamos dónde está el centro libre y nos muestran un lugar que a veces no hay nadie, a veces no tiene una silla. Esto no puede ser posible”.
¿Cómo ven ustedes la política de atención de la violencia contra las mujeres en este gobierno del Estado?
“No hay”, enfatizó. “Hablando de atención a nivel salud, sí se brinda en los hospitales porque hay personal que ya ha sido sensibilizado, pero a veces no tienen pastillas del día siguiente, a veces no pueden realizar interrupciones voluntarias del embarazo como consecuencia de violencia sexual”.
“Todo esto obviamente está llevando a una falta de atención y a una inacción del gobierno”.
¿No han pensado en promover la Alerta de Violencia de Género como lo hicieron en el gobierno de Mauricio Vila?
“Tenemos una situación realmente a nivel nacional; las alertas de violencia de género está en un stand by, por ello no hemos decidido si tomamos esa acción, la estamos estudiando bien”, respondió. “Sí hay que hacerlo porque vemos que Yucatán está en tiempos de back in time. Es decir, para nosotros la lucha contra la violencia retrocedió en el tiempo en este gobierno (de la 4T), tanto en la prevención, como en atención”.
Las activistas bailaron de nuevo frente a los policías estatales de la guardia de Palacio, quienes serios y formados en cadena hermética no dejaron pasar a ninguna de las “rockeras”.
“Parece que el gobernador tiene un evento más importante que los derechos de las mujeres, sobre todo cuando hay una secretaria de las mujeres (en referencia a Sisely Burgos Cano) que tampoco le da la importancia a este problema”, subrayó.
“No es posible que ella no asista a las reuniones del consejo ciudadano, que es donde se exponen este tipo de situaciones. Por ello decimos que hay retrocesos en la protección y defensa de los derechos feministas”.
La doctora Vera Gamboa dijo que el gobierno estatal hace lo que dicta la política federal en materia de violencia de las mujeres: es populista y clientelar, y en eso no están de acuerdo.
La maestra Adelaida Salas Salazar también criticó la ausencia de titulares de las dependencias que atienden el problema de la violencia contra las mujeres, lo que interpretó que es el seguimiento de un mal ejemplo de la titular de Semujeres.
“Lo único que hacen es informar y dar pláticas, pero caramba, esos espacios en el consejo ciudadano son para atender las urgencias”, indicó la activista.
Expedientes jurídicos
“Qué pasó con todos los expedientes jurídicos y psicológicos de las mujeres que iban a los Centros Violeta. Esas mujeres están en el desamparo porque no le dan seguimiento legal y psicológico, y lo peor es que hay un tiempo en que prescriben los posibles delitos, están fomentando la impunidad”.
Fue evidente la mezcla de voces del discurso del gobernador y de las activistas, por lo que en el caso particular de la doctora Gina Villagómez Valdez elevó su tono de voz en su turno.
A su decir, el renacimiento maya obedece el mandato de la Federación como es el recorte del presupuesto para la atención de la violencia de género femenil y para ella, no hay renacimiento maya sin mujeres seguras.
La académica e investigadora afirmó que no se canalizan a las víctimas a los refugios, la inseguridad jurídica es porque las víctimas no tienen recursos para sufragar un proceso y denunció que Semujeres solo aplica el seguimiento territorial para ganar votos, no para proteger a las afectadas.
Cuando se enteraron que el gobernador Joaquín Díaz Mena ya no estaba en el Palacio de Gobierno y no les dejaron entregar en la oficialía de Partes los escritos, las lideresas feministas gritaron: “¡Señor gobernador, basta de retrocesos por los derechos de las mujeres!”.
Como fin de su actividad, que fue parte de la conmemoración del 25N (Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres) dejaron las cartulinas a los pies de los policías de Palacio.