El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán, por medio de su presidenta Claudia González Góngora y de Emilio Blanco del Villar, de la Coparmex Mérida, explicaron el impacto económico negativo que causará el aumento del 3% a 3.75% del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) que el gobierno del Estado pretende para 2026.
Con contundencia y claridad dijeron que este impuesto es sobre el empleo formal porque no grava utilidades, sino directamente el trabajo formal.
Las empresas pagarán por cada persona contratada, cada salario pagado y representa una obligación adicional para el sector privado.
“Cuando se incrementa este impuesto no se afecta a las empresas, se afecta a quienes trabajan en ellas”, afirmó Claudia González durante una concurrida rueda de prensa.
Ahí reiteró que el sector empresarial se enteró de esta propuesta de alza al impuesto apenas unas horas antes de que el paquete económico 2026 fuese entregado al Congreso del Estado.
No hubo mesas técnicas, análisis conjunto ni participación del Consejo Consultivo del Presupuesto, que es el órgano formal para discutir estos temas.
Este proceso, que siempre había sido colaborativo en años recientes, esta vez se tomó de manera unilateral y sin diálogo constructivo previo.
Un impacto al empleo formal
La presidenta del CCE señaló que el impacto no recae de manera uniforme en las empresas medianas y grandes, que representan solo el 4% del padrón empresarial, pero generan el 66% del empleo formal de todo el estado y serían las más afectadas.
Ese 4% no son los que más pueden pagar, son el motor que sostiene dos terceras partes del empleo formal en Yucatán, explicó. Y si ese motor se desacelera, entonces se desacelera Yucatán.
En Yucatán laboran en la formalidad cerca de 440,000 personas, dijo. Asumiendo que esos 440,000 empleos perciben únicamente el salario mínimo, alrededor de $3.7 millones diarios, por concepto de impuesto sobre el empleo serían equivalentes, en una perspectiva anual, a $1,343 millones.
Con el incremento del 12% al salario mínimo en 2026 y la nueva tasa del 3.75% aplicada sobre el 66% de los empleos formales, esa carga subiría a cerca de $4.8 millones diarios, lo que representa $1,753 millones al año.
Es decir: más de $1.1 millones adicionales cada día y alrededor de $409 millones extra al año.
Este cálculo es mínimo. La mayoría de los empleos formales tiene salarios superiores al mínimo, por lo que el impacto real sería todavía mayor cuando se consideren los sueldos verdaderos.
Para poner en perspectiva este impacto, explicó que en 2025 el estado proyectó $4,858 millones provenientes del impuesto sobre el empleo, así que este gravamen, por sí solo, representa el 72% de toda la recaudación estatal.
Detrás de cada peso que se recauda están las empresas sosteniendo empleos, proyectos de inversión y miles de familias que dependen del ingreso formal.
Por ello, incrementar este impuesto de esta manera unilateral encarece el empleo, debilita la competitividad y presiona directamente la capacidad de crecimiento del estado.
Estas mayores cargas tributarias también pueden traducirse en ajustes a las estructuras de personal, afectando la capacidad de las empresas para mantener su plantilla laboral en el mediano plazo.
Además, al encarecer el costo total del empleo, se limita el margen para mejorar salarios y prestaciones, reduciendo el poder adquisitivo real de los trabajadores.
“La justicia social no se construye encareciendo el empleo formal. Aumentar el costo del empleo formal en un momento de bajo crecimiento, menor inversión privada y mayor incertidumbre económica internacional es una decisión regresiva”, consideró.
“Cada peso adicional destinado a este impuesto es un peso menos para contratar, invertir, innovar o expandirse”.
Tampoco es correcto sostener que el 96% de las empresas no se verán afectadas, como trata de justificar el gobierno, apuntó.
El impacto no se mide por número de empresas, se mide por número de empleos. Y este incremento afecta directamente a los colaboradores de miles de negocios en el estado, no a la informalidad, que no contribuye y además podría verse incentivada por decisiones como esta.
Impacto del ISN, en cifras
El presidente de la Coparmex Mérida demostró al momento con un cálculo matemático el alto impacto del ISN, que sería en términos reales del 40% si se concreta el aumento de 3.75%.
El salario mínimo de un trabajador es de $7,500 mensuales en números redondos, recordó. Si hoy se paga el 3% de ISN para esos $7,500, al gobierno del Estado le entregan $225 por cada trabajador.
En enero de 2026, cuando suba el salario, esos $7,500 se convertirán por el 12% en $8,400. Si el ISN que se pretende incrementar a 3.75% prospera, quiere decir que ahora al gobierno del Estado le pagarán $315 por trabajador.
Uno diría que de $225 a $315 son $90, pero son $90 por cada colaborador y se divide esa cantidad con lo que se paga ahora con el 3%. Si divides esos $90 entre lo que veníamos pagando, el incremento directo real es del 40%, que es un aumento enorme.
Sobre la diferencia que ha generado esta iniciativa de cobro de impuesto, el presidente de Coparmex no ve que sea un motivo de ruptura con el Poder Ejecutivo estatal. Al contrario, quieren sentarse a la mesa con el gobierno para construir un mejor entorno económico para todos.