El registro de deudores alimentarios morosos en Yucatán se encuentra incompleto y resulta insuficiente para cumplir con su función social, denuncia Siloé Fuentes, fundadora del colectivo Mujeres en Resistencia MX Ley Sabina Yucatán.
La activista señala que madres y defensoras han presentado denuncias debido a que el padrón estatal no permite una consulta efectiva, ya que actualmente solo puede realizarse mediante la Clave Única de Registro de Población (CURP).
Explica que este mecanismo limita su utilidad, pues en la práctica las personas suelen identificarse con nombre y apellidos, no con la CURP, lo que dificulta verificar si alguien se encuentra inscrito como deudor alimentario.
Siloé Fuentes advierte que esta situación propicia la violencia económica y obstaculiza la protección de las infancias, al no garantizar una herramienta accesible y funcional a la ciudadanía.
Objetivo nulo
“En las condiciones actuales, el registro no cumple con el objetivo de visibilizar a quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias ni de prevenir afectaciones a las infancias”, dice.
Debido a esta situación es que insisten que el padrón incluya nombre completo, fotografía y otros datos para evitar confusiones por homónimos.
También comenta que esto es una necesidad de que urge modificar el padrón, ya que a eso se le suman obstáculos como los jueces.
“La problemática no es únicamente administrativa, sino que realmente representa un riego de gravedad para las infancias, ya que muchas veces el adeudo de pensión es la antesala a la sustracción de menor, al secuestro de niñeces, de adolescencias por parte de los agresores”, indica.
La activista pide mirar el antes en este tipo de procesos, ya que muchas veces el obligado acumula una deuda que se hace impagable o sustraen al menor para que dejen de pagar.
“Esta situación conlleva a la violencia vicaria, la cual es el odio, es la venganza, acciones articuladas justamente para lastimar a la mujer, usando a los hijos”.
La fundadora menciona que son las mismas madres quienes han señalado que aunque los jueces tienen la facultad para exigir el cumplimiento de las obligaciones por parte de los padres, muchas veces optan por hacer caso omiso a las solicitudes formales.
Menciona que hay casos en los que las madres de familia llevan ya dos años esperando una respuesta, sumado a que ningún procedimiento se iniciado, es por ello que no se trata de la aplicación de una falsa igualdad ante la ley, sino que se trata de reconocer que existe una desigualdad estructural, así como la deuda histórica que el estado mantiene con las mujeres y las infancias.
Debido a la situación antes mencionada, la activista comenta que de ahí a la insistencia en que es indispensable la aplicación de un enfoque diferenciado desde el primer contacto, que reconozca que las mujeres son víctimas de múltiples formas de violencia. La fundadora añade que aún falta mucha voluntad política para la reforma de los procesos, capacitaciones a jueces, juezas y aplicación de sanciones a aquellos que desde el cargo que ocupen reproducen la impunidad.
Siloé Fuentes menciona que es importante señalar que sin la impartición de justicia con perspectiva de género, de infancia y de atención a víctimas, el problema de la pensión alimenticia seguirá reproduciendo violencia y vulnerando derechos fundamentales.