Pasando por alto las disposiciones legales, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán otorgó contratos por adjudicación directa a dos empresas por la compra de elevadores para dos juzgados fuera de Mérida.
Las empresas beneficiadas con esa asignación son Ingeniería y Servicios del Caribe, S.A. de C.V., y Multiservicios Integrales HL, S.A. de C.V., ambas constituidas jurídicamente en Quintana Roo.
Los contratos fueron otorgados en la segunda mitad de 2025, con la nueva administración del Poder Judicial, y en cada caso el importe de las operaciones rebasa los dos millones y medio de pesos —sin considerar los gastos de instalación—, lo cual obligaba a convocar a una licitación pública.
Las compras directas son de elevadores que, de acuerdo con los convenios, tenían como destino los juzgados de Progreso y Kanasín.
Registros oficiales
A Ingeniería y Servicios del Caribe se le adjudicó el contrato DAF-92/2025 AD, para la adquisición de uno de los aparatos con valor de dos millones 700 mil pesos. Sería para el Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil y de Control de Progreso.
Multiservicios Integrales HL recibió dos millones 549 mil 970 pesos mediante el contrato DAF-91/2025 AD para un elevador destinado a la sede de los juzgados en Kanasín.
Un detalle adicional es que Ingeniería y Servicios del Caribe es también proveedora del gobierno del Estado y ha recibido numerosos contratos del sector salud en lo que va de la presente administración, como detallaremos en próxima edición.
Los topes legales
En 2025, según el acuerdo general OR01-250115-02 del Consejo de la Judicatura publicado en el Diario Oficial del Estado el 27 de enero, el monto máximo para una adjudicación directa de obra —los límites se actualizan cada año— era de 197 mil 802 pesos.
La cantidad máxima de “cada servicio conexo de obra pública” que podía asignarse por vía directa en ese ejercicio fiscal era de 126 mil 716 pesos.
Podía recurrirse a la invitación a cuando menos tres proveedores para la contratación de obra en 2025. En este caso el monto máximo a considerar era de dos millones 120 mil pesos.
Si la cantidad era mayor tenía que aplicarse la licitación pública.
En cuanto a adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con los bienes muebles, el tope para asignación directa en 2025 era de 735,410 pesos.
Si la operación se hacía mediante invitación restringida a cuando menos tres proveedores, la cantidad límite ascendía a un millón 708 mil pesos.
La compra autorizada para los elevadores, como ya señalamos, rebasó los dos millones y medio de pesos en cada caso. La instalación de las unidades implicaba unos tres millones de pesos adicionales.
La forma en que se adjudicaron estos contratos, utilizando la vía directa, contrasta con otros realizados por la administración anterior del Poder Judicial, con equipos similares.
Por ejemplo, mediante el contrato DAF-23/2025 LP se adjudicó una compra por un millón 434 mil pesos, impuestos incluidos, a Constructores Logar, S.A. de C.V., mediante la figura legal de licitación pública.
¿Quién autoriza?
El Poder Judicial tiene un comité de adquisiciones que encabeza el presidente o la presidenta del Consejo de la Judicatura, que en este caso es Erika Torres López.
En las adjudicaciones directas tiene un papel relevante la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura, que preside Álvaro Eduardo Juanes Laviada, en el puesto desde la administración anterior.
Juanes Laviada forma parte del Comité de Adquisiciones, como vocal, al igual que los demás consejeros de la Judicatura.
Hay excepciones establecidas para usar la figura de compra directa sin respetar los montos máximos, considerando que fueran de causa mayor, que no son aplicables en los casos citados.