“Un buen día, mal día mejor dicho, el 19 de enero para ser precisos, nos despertamos con el ruido de las máquinas y con un callejón público desmontado”, relató Ángel, habitante de Yaxcopoil, sobre cómo su comunidad comenzó una lucha para hacer frente a una empresa dedicada a la minería a cielo abierto.
“La maquinaria no solo había desmontado el callejón y botado albarradas ajenas, sino que también desmontó un predio privado sin autorización y destruyó un cenote que ha servido de abastecimientos de agua desde nuestros ancestros y para el uso de la fauna local”, continuó el afectado.
Acompañado de 50 personas de distintas comunidades de Yucatán, y bajo la Red de Pueblo Contra la Minería, el hombre realizó una manifestación ayer frente al Palacio de Gobierno como parte de una lucha para defender sus derechos.
“Decidimos organizarnos para hacer guardias, para que no sigan atentando con nuestro territorio, con nuestros recursos naturales y con nuestra salud”, aseguró.
Los manifestantes llegaron de Yaxcopoil, Xcucul, San José Tzal, Hotzuc, Texán Cámara, Tebec, Cheumán, entre otras localidades, cuyos habitantes son afectados por la explotación de las tierras para extraer material pétreo y derivados.
Con pancartas y altavoces, los quejosos al unísono exigieron que las autoridades atiendan el problema y denunciaron una violación a sus derechos colectivos, remarcando que su territorio, autonomía y libre determinación no están siendo respetados.
La calle 61 entre 60 y 62 de Mérida fue cerrada al tránsito vehicular.
Según señalaron, estos proyectos se han iniciado sin una consulta hacia quienes afectan directamente, pues jamás se hizo un proceso adecuado en la comunidad y ni siquiera hubo un aviso.
Un día simplemente se despertaron con explosiones y ruidos de maquinaria a unos metros de sus hogares.
Una mujer explicó que su vivienda es dañada por un banco de materiales que comenzó a operar en Xcucul. Los explosivos usados han provocado que paredes y techos se agrieten, debido a que las detonaciones ocurren a menos de 100 metros de su casa.
Otros manifestantes explicaron que los daños no solo son materiales, también psicológicos y de salud física, ya que el polvo suspendido en el aire que generan las explosiones constantes de estos bancos provoca problemas en la piel y los pulmones.
Además, los caminos están ocupados por la maquinaria, hay daños estructurales en viviendas cercanas, tala del monte y afectación del patrimonio arqueológico.
Charles Gaillard comentó que esta situación, aunque irregular, es aprobada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).
Desde 2018 y hasta la fecha se han aprobado y entrado en operación 65 bancos de materiales de grandes empresas que estarían operando para el Tren Maya.
“Con esto del Tren Maya, fue que vino el ‘boom’ de los bancos de materiales”.
El ciudadano señaló a los ayuntamientos de Mérida y Umán, pues al entregar las licencias del uso del suelo las autoridades estatales como la SDS aprobaron este proyecto.
Mientras, dependencias federales como las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Defensa Nacional (Sedena) entregaron licencias y permisos para el uso de explosivos.
José Fernández, integrante de la asociación Uitsil Kuxtal, criticó el actuar del gobierno del Estado. Acusó que el Ejecutivo está al servicio de los empresarios “y de una manera casi de burla usa el eslogan del ‘Renacimiento Maya’, cuando en realidad están afectando a las comunidades indígenas”.
Las comunidades en conjunto con Uitsil Kuxtal han denunciado a cada una de las autoridades correspondientes según el tipo de daño que han causado los proyectos de minería, acercándose a la Profepa, Semarnat, INAH, SDS, gobierno del Estado y Ayuntamiento de Umán, siendo únicamente el INAH y la Profepa que clausuraron una obra en Yaxcopoil.
“Las comunidades se están organizando para hacer frente a estas situaciones que inician desde las instituciones agrarias, quienes a través de mecanismos despojan a los ejidatarios de sus tierras y las dejan en manos de las empresas”, subrayó José Fernández.
Asimismo, indicó que se busca la activación de una declaratoria de emergencia ambiental. Las comunidades han hecho uso de los recursos legales para tratar de proteger sus derechos; sin embargo, ninguno ha sido realmente efectivo.
No obstante, remarcó que continuarán con la defensa de los derechos de manera legal.
A la par, las comunidades se estructuran y organizan de diferentes maneras para continuar con su lucha.— Pablo May / Gabriel Chan