Para el analista político y académico de la Universidad Autónoma de Yucatán, doctor Luis Ramírez Carrillo, la postura divergente de los líderes estatal y nacional de Coparmex contra el gobierno de Morena es porque ven atacados sus intereses empresariales particulares.
Por esta razón durante la toma de compromiso del presidente de Coparmex Mérida, David Reyes Aguiar, se escucharon discursos alineados de los dirigentes estatal y nacional para hacer un llamado de atención y reclamaciones al gobierno de Joaquín Díaz Mena.
“Diría que sí y que no se nota una oposición de Coparmex a la política del gobierno”, señala el investigador del campo de las ciencias sociales. “Lo que vimos es una respuesta ante medidas políticas económicas concretas”.
“El empresariado actual tiene una causa visible y una causa invisible, una causa formal y razonable. La primera causa formal que se nota en este discurso de Coparmex es que se inicia un primer marcaje de distancias respecto a la narrativa del gobierno”.
“En el caso de Yucatán, está muy dada esta distancia por el incremento al impuesto a la nómina, porque es una política dirigida a los empleadores y si bien les afecta en sus intereses, no es tan grande, pero los obliga a manifestar una postura crítica ante el gobierno”, reitera.
“Se adelantan a fijar una postura crítica y dura para que no desarrollen políticas que les afecten a futuro”.
Diferencias entre empresarios y gobierno estatal
El doctor Ramírez Carrillo explica que las diferencias entre los empresarios y el gobierno estatal van en tres direcciones opuestas.
Es una diferencia estrictamente narrativa: el gobierno alude que representa al pueblo, y como tal excluye a los empleadores y que él trae bienestar al Estado.
Es una narrativa que lleva casi ocho años por el apoyo a la gente por medio de sus programas sociales que ya llegaron a un tope, y ahora no se multiplica a toda la población.
El Estado tiene un punto a favor de la narrativa de los empresarios con el aumento a los salarios mínimos, que eleva el bienestar de los trabajadores y la base del consumo.
Aunque muchos empresarios ven como un ataque este aumento a los ingresos de los trabajadores, el mismo sector empresarial recibe un beneficio genérico en el consumo popular.
“La esencia de la narrativa oficial se mantiene por razones políticas, son perspectivas en que el capital privado tiene preeminencia como actores políticos, empresariales y económicos. Digamos que hay una confrontación estructural permanente entre el poder político y el sector empresarial”, señala.
“Ese es el primer punto de confrontación: las narrativas. En el fondo no son tan diferentes porque el modelo capitalista es el que sigue mandando, a fin de cuentas el modelo económico está centrado en un capitalismo de empresas”.
“Hay una narrativa donde el gobierno reclama más poder y la iniciativa privada también reclama su lugar”, explica. “El modelo no ha cambiado nada, el capital empresarial realiza la actividad económica”.
“El segundo punto es que hay afectaciones inmediatas que obligan al empresariado a tener un poco de oposición a la política gubernamental, como fue el incremento del impuesto a la nómina y el incremento de la base fiscal a las empresas formales que se ven afectadas por más actividad del fisco y los aumentos.
“Hay una base real de confrontación entre el sector empresarial y el gobierno, pero es relativa. A fin de cuentas, el Estado mexicano no propone un modelo económico estatista, donde empresas del estado se encarguen del capitalismo.
¿Castigo?
“Lo que percibe el empresario formal es que está siendo castigado con el aumento al impuesto a la nómina, y (los empresarios) piensan que ellos tienen que ponerle un alto, un hasta aquí a las decisiones unilaterales del gobierno”, recalca.
“Otro punto de esta divergencia es la sustitución de actores económicos en la 4T. El Estado está sustituyendo los negocios que hacía con conocidos empresarios, amigos, ahora destina sus presupuestos para beneficiar a nuevos actores ligados al régimen morenista”.
Ramírez Carrillo expone la situación local donde el aparente enfrentamiento de narrativas se alinea a los intereses de Coparmex nacional, pero el caso local tiene una variante porque las empresas beneficiadas ahora están ligadas a Morena.
Existe una competencia desleal al obtener contratos y el dinero del erario público porque se prefiere a los empresarios cercanos al gobierno en turno.
Como quiera que sea, la postura opositora de Coparmex local es, por un lado, porque ven atacados sus intereses particulares y por ello tienen un posicionamiento de oposición ante el Estado. Esta sería las causas del origen de los discursos que se escucharon en el salón del Club Campestre.
Sobre los distintos conceptos de justicia social que tanto el gobierno como la Coparmex aludieron con insistencia, el doctor Ramírez Carrillo recuerda que el empresariado considera que la mejor justicia social es una consecuencia de empleos formales bien pagados, mientras que el gobierno morenista lo sustenta en sus programas sociales.
Sin embargo, el desarrollo económico de Yucatán se da por ambas cosas.
El empleo formal es la parte más importante para superar la pobreza y ampliar la base formal es fundamental porque genera mejor salario, prestaciones y seguridad social, es la mejor justicia social para el bienestar.
En la realidad un amplio porcentaje de la población no tendrá nunca acceso a estos empleos porque el tamaño de la economía yucateca es pequeño.
Es responsabilidad del Estado impulsar un desarrollo económico más fuerte y profundo para que estas empresas generen empleos bien pagados.
“Hay choque ideológico, sí; pero es un choque ideológico, que digamos, no representa realmente la creación de un grupo de oposición todavía”, considera. “Se da por parte del empresariado como un modo alternativo, pero ahora trata de poner un límite al poder del Estado”.
Molestia por desarrollo en Yucatán
“La incomodidad del sector privado obedece a dos razones: el gobierno no genera desarrollo, hay inseguridad general en el que la inversión de capital se ve disminuida o asustada.
“El bajo crecimiento obliga a decirle al Estado: tienes que cambiar la política económica porque no está funcionando, está basada en sus intereses, están haciendo menos negocios y tienen menos ganancias, los afecta y los pone en riesgo de quiebra”.
El doctor insiste que el choque ideológico entre la Coparmex y el gobierno de Morena son por razones económicas. Es por la baja en la economía y hay cierto reclamo de que el gobierno es ineficiente en esta materia.
Lo otro es un choque que nadie dice por conveniencia y no se ve en el malestar empresarial: que es la sustitución de unos empresarios por otros en los proyectos de gobierno.
Morena, por medio del gobierno estatal y federal, generó su propia red de nuevos empresarios, nuevas redes de amigos, socios y parientes ligados a la nueva clase política y éstos sustituyeron a las empresas que operaban en el ramo.
Como los empresarios no pueden decir “me sacaste de la licitación de una escuela, camino, de la proveeduría y se la estás dando a tu compadre o amigo”, eso genera una incomodidad silenciosa y una reacción de oposición como se vio en el discurso de David Reyes, apunta.
“Coparmex está actuando coyunturalmente, como generando un discurso de oposición, pero no es más que una narrativa distinta de principios, modelos distintos de país. Está actuando más por sus principios, digamos como oposición en este momento porque sus intereses generales se ven afectados porque la actividad económica es pobre, con un crecimiento de cero y alta inflación”, explica.
Con estos elementos descritos se aprecia una ideología distinta por la falta de efectividad del gobierno y la afectación de sus intereses personales y bolsillos porque los nuevos actores empresariales son los que viven ahora del erario público. Por ello, el tono de los discursos duros no se había visto en los últimos siete años.
Para el académico e investigador del “Hideyo Noguchi” de la Uady es sano y correcto que haya esta divergencia con el gobierno porque en este régimen hay un desmantelamiento de contrapesos. Y como la iniciativa privada es la que tiene más poder económico, el hecho de que Coparmex se torne en un crítico del Estado es positivo porque está generando inconformidad por la deficiencia económica de la 4T.
El académico no ve al sector privado como una oposición política, ojalá lo sea, porque Yucatán y México necesitan de una sociedad fuerte que sea contrapeso a las decisiones del Estado.
Incluso, el sector empresarial puede decir en la cara del gobierno que la situación económica y el rumbo del gobierno no están bien.
Es muy importante esta postura para un Estado donde empieza a rondar muy fuerte el populismo y un régimen totalitario, dice.
De hecho, considera, la sociedad debería aplaudir la actitud de los líderes estatal y nacional de Coparmex porque independientemente de que hay que tener en cuenta los matices, la posición política de ambos dirigentes es la correcta.
Desde la sociedad civil tienen que aparecer grupos alternativos al Estado para que limiten la ineficiencia y la corrupción actual, y pidan una mayor efectividad en el gobierno y en la administración pública. (Continuará).