Integrantes de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy) ratificaron una denuncia ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en contra de Roger Aguilar Arroyo, actual director del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal, a quien señalan por presuntamente violar la Ley 3 de 3 contra la violencia.
A las puertas de la dependencia, María Eugenia Núñez Zapata advirtió que, pese a los requerimientos adicionales de información por parte de la autoridad, las denunciantes no desistirán del proceso.
“Si le apuestan a cansar a la ciudadanía, con nosotras no van a poder”, afirmó.
La activista acusó que, lejos de investigar de oficio, las autoridades han trasladado la carga de la prueba a las denunciantes.
“Realmente este gobierno y no sé cuántos más, pero al menos les puedo hablar de lo que nos toca vivir, le apuestan a dejarle el trabajo de investigación a la ciudadanía”, señaló.
La ratificación fue requerimiento de las autoridades, a fin de que los denunciantes aportaran datos, elementos o indicios que permitan advertir las circunstancias de modo, tiempo y lugar relacionados con el nombramiento de Aguilar Arroyo “El zorro”, quien fue alcalde de Motul.
Esta ratificación incluyó la entrega de un amplio expediente digital con diversos anexos, entre ellos notas periodísticas, copias de auditorías al Ayuntamiento de Motul, referencias a expedientes, resoluciones judiciales y antecedentes administrativos.
María Núñez explicó que este material busca acreditar que no se trata de un hecho aislado, sino de una conducta reiterada.
“Queriendo perjudicarnos nos hicieron un favor, nos hicieron investigar más profundamente. Nos encontramos con que la Auditoría Superior tiene expedientes no solo en proceso, sino juzgados y sancionados”, dijo.
Acompañada de otras integrantes de Amisy y de la activista Gina Villagómez Valdés, María Núñez cuestionó la falta de actuación de las autoridades estatales ante resoluciones previas.
“No hacen siquiera una mínima observación, una pausa para que el indiciado, vamos a decir así, pueda responder si es verdad o no (…) Si la auditoría no miente en los casos que ya juzgó de Roger Aguilar, entonces es el gobierno del Estado el que ratifica su desacato a cumplir con la ley”, expresó.
Las denunciantes también señalaron que, hasta ahora, la única respuesta institucional ha sido solicitarles que documenten sus dichos.
“La única reacción es pedirnos como ciudadanas que documentemos nuestros dichos. O sea, ponen en tela de juicio una denuncia ciudadana que deberían investigar por oficio”, señaló.
Sobre el proceso, María Núñez indicó que respetarán los plazos legales, aunque adelantó que preparan nuevas acciones ante la Auditoría Superior del Estado.
“Vamos a pedir que respeten y apliquen la ley. Y si no, entonces estarán violentando la ley y tendremos que ir a las instancias que vayan marcando, escalando hasta donde llegue”, afirmó.
Gina Villagómez recordó compromisos públicos del actual gobierno en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres y criticó la permanencia de funcionarios señalados.
“Con agresores que están contratados por el propio gobierno, lo que está haciendo es fomentar la impunidad y que las mujeres sigan sin estar seguras, y sin mujeres seguras no es Renacimiento Maya”, expresó.
Las integrantes de la Amisy insistieron en que continuarán impulsando el caso hasta obtener una respuesta.
“Si le apuestan al cansancio ciudadano, pues llevamos muchos años en esto y no nos ha cansado”, señaló María Núñez.
Además, anunciaron que próximamente realizarán una diligencia en la Auditoría Superior, donde se encuentran los expedientes abiertos y con sanciones aplicables que no se han hecho.