“La rendición de cuentas no es un favor al ciudadano, sino una obligación de la autoridad que no puede ser coartada”, afirma el analista político Luis Ramírez Carrillo, tras la reciente agresión a un periodista de Diario de Yucatán y la posterior negación y desacreditación de la información por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, a pesar de la evidencia gráfica.
Lo ocurrido, señala el doctor Ramírez Carrillo al Diario, no solo representa un incidente aislado, sino un síntoma de prácticas que pueden erosionar la confianza ciudadana y debilitar la legitimidad institucional.
Desde su perspectiva, el caso plantea interrogantes de fondo sobre la actuación de las autoridades frente al escrutinio público. En primer término, subraya que no existía justificación para impedir la labor periodística.
“A menos de que fuera un actividad que entorpeciera directamente una investigación delictiva en marcha, por ejemplo, no se justifica en lo más mínimo el entorpecimiento del trabajo de un reportero”, señala.
⚠️ Policías de la SSP de #Yucatán agreden físicamente al periodista Gabriel Chan, reportero del medio @DiariodeYucatan.
— ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) April 13, 2026
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El doctor Ramírez Carrillo, académico de la Uady, indica que la cobertura realizada por el Diario no tenía carácter excepcional, sino que formaba parte de una práctica habitual. “Es decir, en este caso no existía la más mínima razón por la cual se coartara la libertad de prensa, de cubrir la fuente como se ha venido haciendo por años”, señala, al destacar que el ejercicio periodístico se desarrollaba “en cumplimiento de sus funciones normales de carácter laboral”.
A este primer elemento se suma la forma en que se ejecutó la intervención de la autoridad, la cual califica como desproporcionada. “La oposición a cubrir la noticia se dio de una manera, pues, bastante agresiva. No se dieron explicaciones, no se ofreció que posteriormente se informaría con mayor detalle o, bien, no se dio alguna explicación de por qué en particular en este caso no se podía cubrir la noticia”, indica. Esta ausencia de claridad, añade, refleja “una falta de profesionalismo por parte de la autoridad”.
La consecuencia inmediata de este tipo de actuar, advierte el doctor Ramírez, es la generación de sospechas en la opinión pública. “Esto genera inmediatamente la sospecha de que, en efecto, estaba pasando o estaba sucediendo algo más grave o bien se estaba cometiendo un delito o una situación que trataba de ser ocultada”.
En ese sentido, considera que la conducta de la autoridad puede percibirse como un intento de ocultamiento. “Eso genera sospechas, ya no digamos por parte de la prensa, genera sospechas independientemente por parte de la opinión pública”. Además, cuestiona: “¿y por qué oponerse a cubrir un evento que cualquiera que hubiera sido pues no parecía que tuviera una razón objetiva para poderse ocultar?”.
Para Ramírez Carrillo, el caso también obliga a reforzar la defensa de principios fundamentales. “Yo creo que el principio de libertad de prensa es algo que hay que sostener por sobre todas las cosas”. Y advierte que normalizar este tipo de actos podría abrir la puerta a prácticas autoritarias: “Si se dejan pasar este tipo de bloqueos a la cobertura noticiosa, si se dejan pasar por alto este tipo de actitudes por parte de la autoridad, si se deja pasar por alto este autoritarismo policiaco (…) ¿qué más podría ser?”
“No es un favor”
El especialista insiste en que la autoridad no sólo debe permitir, sino garantizar el acceso a la información. “No es un favor que se le está dando a la prensa ni al ciudadano, es una obligación por parte de la autoridad”, recalca, al recordar que los funcionarios públicos están sujetos al escrutinio de la sociedad.
Más allá del incidente, el analista advierte que este tipo de prácticas impactan directamente en la legitimidad de las corporaciones de seguridad. A su juicio, el escrutinio público no debe verse como una amenaza, sino como un mecanismo de fortalecimiento institucional.
“Yo creo que el bien mismo de las corporaciones de seguridad y por el bien mismo de la corporación policiaca, aceptar estar sometidos al escrutinio de la opinión pública es sano para ellos mismos”. En su lectura, señala que la vigilancia externa contribuye a preservar la integridad y a prevenir actos de corrupción.
En ese contexto, subraya la importancia de la prensa y la ciudadanía como contrapesos. “Entonces, esta, digamos, necesidad de una institución particularmente de esta naturaleza que es de seguridad pública, es una necesidad el que muchos ojos estén puestos en sus elementos”, indica, al tiempo que sostiene que esta observación permanente favorece tanto la moral pública como la funcionalidad institucional.
El incidente también tuvo un alto alcance en redes sociales, donde se registró un respaldo masivo al periodista afectado. Para Ramírez Carrillo, este fenómeno confirma la consolidación de una nueva dinámica en la esfera pública.
“Yo creo que la sociedad de redes finalmente se ha instalado en Yucatán“. A su juicio, existe ya “una metaopinión pública operando minuto a minuto en la sociedad yucateca”, capaz de reaccionar de forma inmediata ante acontecimientos relevantes.
Este respaldo, añade, no solo se explica por el hecho en sí, sino por la credibilidad del medio involucrado. “La otra cosa que señala, es la alta credibilidad que sigue manteniendo la prensa y el Diario de Yucatán”, comenta, al interpretar la solidaridad como un reconocimiento al trabajo periodístico.
En cuanto a la respuesta institucional, el analista advierte una tendencia preocupante hacia la negación de los hechos. “Lo que observamos es una negación, una estrategia de negar la realidad y de negar la información”, afirma.
Desde su óptica, priorizar el control de daños sobre la corrección de errores debilita la acción gubernamental. “Privilegiar la imagen sobre la corrección del error es una invitación a deteriorar la política pública”, señala.
Critica además la práctica de responsabilizar a las víctimas: “lo que tú estás haciendo es tratar de cambiar la narrativa para permanentemente echar las culpas a las víctimas. Este es un régimen que les echa la culpa a las víctimas”, afirma.
El doctor Ramírez Carrillo también considera que en Yucatán no existe una política pública sólida para garantizar la seguridad de los periodistas.
Si bien reconoce que la entidad presenta menores niveles de violencia en comparación con otras regiones del país, advierte que ello no equivale a una estrategia institucional de protección. “Eso no significa que exista una política pública que garantice la seguridad de los periodistas”.
En su diagnóstico, la relativa tranquilidad responde más a condiciones estructurales que a políticas deliberadas. “Digamos que lo que estoy viendo es una situación pues poco agresiva por inercia, pero no como consecuencia de una política pública clara y de protocolos bien establecidos”, concluye el doctor Ramírez.