La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar el bloqueo de cuentas bancarias y otros activos sin orden judicial, no es bien vista por la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales (Anefac) cuyo presidente en Yucatán, José Fernando Cuevas Cervantes, critica y califica la medida de peligrosa y generadora de incertidumbre.
En entrevista en su consultoría, el experto en derecho corporativo y fiscal asegura que este asunto levanta “mucho polvo” en México por la polémica, las dudas y las consecuencias que afrontarán aquellas personas sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el país.
Destaca que si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congela todos los bienes y cuentas bancarias, ya sea por sospechas de actividades ilícitas o por venganza política, el involucrado no tendrá dinero para pagar a los abogados defensores.
“Es un tema por demás interesante y polémico que ha creado más que dudas, incertidumbre en la ciudadanía. Hasta las cámaras empresariales, abogados y especialistas en la materia se han pronunciado en contra de este criterio de la Corte”, señala.
“Me parece que es una facultad que de alguna forma es excesiva. No nos explican por qué la Corte cambió su criterio desde el pasado 6 de abril. Abandonó el criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte extinta, que básicamente decía que el congelamiento de cuentas y bienes solo podía darse por un mandamiento judicial o solicitud expresa de un gobierno extranjero”, reitera.
“Por ejemplo, si la Interpol dijera a México que tiene información y documentos que algún contribuyente o persona moral realiza operaciones de manera ilícita en sus cuentas bancarias, pide el favor que le congelen los activos hasta que concluya la investigación”.
“¿Qué significaba esto? Que la UIF tenía que aportar las pruebas y los documentos para la integración del expediente a través del Ministerio Público Federal o bien de la Fiscalía”, manifiesta.
“Le solicitaban al juez la orden, le presentaban esa información y el juez valoraba las pruebas. Si lo consideraba procedente, autorizaba el congelamiento de cuentas bancarias y bienes. Sin embargo, el investigado podría presentar un amparo, solicitando el levantamiento del congelamiento de activos y los podías usar para la defensa hasta aclarar el origen de los recursos”.
Criterio para el bloqueo de cuentas
“Ahora la Corte dice que no se requiere un mandamiento judicial, o sea, la UIF ya puede actuar de manera discrecional o simplemente con que tenga indicios o sospechas, no pruebas”, subraya.
De igual manera, recalca un problema que genera incertidumbre.
“Lo peligroso de esta facultad que tiene la UIF es que nos tiene un poquito inquietos. Hay incertidumbre porque no se tiene certeza de cómo usará esa facultad legal. No hay un estándar que diga en qué casos aplicará el congelamiento y esto puede alcanzar a cualquier ciudadano de a pie. Ni siquiera el amparo es la herramienta para frenar estos excesos, porque sus efectos jurídicos ya no son los mismos de años anteriores por las reformas que realizaron los que están hoy en el poder político”.
Cuevas Cervantes enfatiza que los mexicanos están indefensos ante el criterio de la Corte y facultad de la UIF al grado que priva de una legítima defensa con el congelamiento de dinero y bienes.
“He seguido algunos comentarios del titular de la UIF y lo que dice es que no van a ir sobre cualquier cuenta bancaria. Dice que deberán tener una serie de información, una serie de algoritmos y cruce de datos para solicitar el congelamiento de cuentas. Es correcto que salga a hacer ese tipo de aclaraciones o precisiones que tal vez tranquilizan un poquito, pero la incertidumbre existe porque solo son palabras; la ley dice otra cosa y un estado de derecho en un país como México no ayuda”.
¿Por qué cree que hubo este cambio drástico de la Corte?
“Existen algunos razonamientos que pueden ayudarnos a entenderlo, más no lo justifica. La verdad es que México forma parte de GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, líder para combatir el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas)”, asevera.
“La Corte argumenta que después de la última evaluación, México no salió muy bien evaluado a pesar que cuenta con un cuerpo jurídico, ordenamientos y reglas muy robustas y compromisos de cruces de información. Entonces, Gafi le dice a México está muy bonito en el papel nada más, pero no se ven resultados claros. Por ello, considero que la Corte se aparta de sus razonamientos y le da más herramientas, más fortaleza, más dientes a la UIF para que vaya en la parte donde más duele a la gente, que es la parte financiera y de bienes”.
El titular de la Anefac Yucatán admite que en la realidad no se puede combatir ni acabar ni extinguir a los grupos delictivos de frente a frente, aunque afecta a las finanzas, pues no podrán disponer de recursos para la compra de drogas, armas, terrorismo y actividades delictivas.
La duda generada por este nuevo criterio de combate al lavado de dinero es que esta medida jurídica también puede ser utilizada con fines políticos, con intereses particulares y venganzas de gobierno.
“Por ejemplo, alguien que sea incómodo para el régimen, algún empresario que no sea de los que se alinean al gobierno, los periodistas independientes y organizaciones no gubernamentales críticos pueden ser víctimas de la UIF o del Poder Ejecutivo directamente”.