MÉRIDA, Yucatán.— De manera injusta y ofensiva con las reformas recientes al artículo 127 constitucional se pretende despojar de más de 5 mil millones de pesos a jubilados del sector energético del país, lo cual es una alerta nacional, por lo que puede venir después de esto con el gobierno, advirtieron jubilados de la CFE esta mañana en una conferencia de prensa que ofrecieron para plantear la situación que atraviesan.
El Colectivo de Jubilados de CFE Península de Yucatán agregó que esta medida es además, una señal demoledora del país, en el sentido de que “ya no hay patrimonio seguro“.
En contra de las pensiones como prebendas políticas
Eduardo Negrete Ramírez como portavoz de este colectivo remarcó que están en contra de las pensiones otorgadas como prebendas políticas, pero a favor de las que surgen de derechos y conquistas laborales.
En contra de la aplicación sistemática y generalizada de la reforma, pero a favor de acabar únicamente con las verdaderas pensiones doradas.
Grietas jurídicas, violatorias de derechos
Por su parte Cecilia Navarro Solana advierte que estas medidas trae como consecuencia jurídica 5 grietas o condiciones violatorias de los derechos que son:
Una falta al debido proceso, ya que no se avisó ni consultó a los jubilados; no hay igualdad, porque se exceptúa la aplicación de esta reforma a los de las Fuerzas Armadas y a los del Poder Judicial; Retroactividad, porque ninguna ley es retroactiva cuando es en perjuicio de quienes se les aplica; Regresividad, no se pueden o deben reducir sus derechos; Y el incumplimiento, porque sus jubilaciones son cosas juzgadas y derechos adquiridos que hoy se violentan.
En espera de respuesta de la presidenta de México
Recordaron que el pasado sábado, durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Yucatan le entregaron un pliego petitorio con estos y más señalamientos que ofreció revisar y esperan tener una pronta respuesta.
Mientras tanto advierten que además de la defensa legal que ya iniciaron en el país, ya que se trata de una lucha nacional que afecta a más de 40 mil jubilados en todo México, ya preparan otros procesos para acudir a instancias internacionales.
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