Tal y como ocurrió en otras partes del país, la mañana de ayer un grupo de jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se manifestó ante las autoridades estatales para expresar su descontento con la legislación que recorta los montos de sus pensiones en forma retroactiva.
Los inconformes sienten violentado su derecho a una pensión ganada con base al trabajo y los años de servicio brindados a la empresa.
En Mérida esta protesta se llevó al cabo frente al Palacio de Gobierno. Los jubilados portaron mantas con mensajes y corearon consignas en las que daban a conocer las razones de su malestar.
En forma ordenada, sobre la acera de la Plaza Grande y sin interrumpir el tránsito vehicular, unos 80 jubilados de la CFE advirtieron que la retroactividad de una legislación de este tipo que recorta los montos de las jubilaciones no solo es injusta, sino ilegal, toda vez que las conquistas laborales son derechos ganados a pulso, no privilegios.
La manifestación tuvo por objeto pedir al gobernador Joaquín Díaz Mena que no abandone o ignore las demandas de los jubilados de la CFE porque la retroactividad de una legislación no solo los perjudica, sino que sienta un precedente que puede extenderse a otros gremios laborales, en perjuicio de los adultos mayores que muchas veces necesitan este dinero para procurarse la atención médica que suelen requerir.
Conquista jurídica
Horas más tarde el Colectivo de Jubilados de CFE en la Península de Yucatán, mediante un comunicado, anunció que el movimiento logró la suspensión judicial provisional contra el recorte de pensiones.
El comunicado fue difundido por el ingeniero Óscar Pedroza Vivas, enlace de información de la agrupación.
En aquel se informa a la opinión pública, a los medios de comunicación y a la sociedad en general que el Juzgado Tercero de Distrito en el estado concedió una suspensión provisional dentro del juicio de amparo 1069/2026, ordenando detener la aplicación de descuentos y reducciones a las pensiones de jubilados de la CFE mientras se resuelve el fondo del asunto.
La resolución representa uno de los primeros precedentes favorables en la Península de Yucatán y se suma a casos similares registrados en entidades como Nuevo León y Jalisco, donde tribunales federales también han otorgado protección judicial a jubilados afectados por reducciones derivadas de la aplicación de reformas vinculadas al artículo 127 constitucional.
El juzgado reconoció, de manera preliminar, que las pensiones constituyen derechos adquiridos protegidos por la Constitución, vinculados al mínimo vital, a la subsistencia digna y a la seguridad social de las personas jubiladas y sus familias.
Asimismo, consideró que existía apariencia de buen derecho y peligro en la demora, debido a que los descuentos fueron aplicados sin explicación clara ni notificación suficiente.
Durante las mesas jurídicas y análisis estratégicos realizados por especialistas en derecho constitucional y juicio de amparo se ha señalado que miles de demandas similares están siendo presentadas en todo el país por jubilados de organismos como CFE, Pemex, Nafinsa y Banco de México, evidenciando un problema nacional de alto impacto social y jurídico.
El Colectivo de Jubilados de CFE Península de Yucatán reiteró que esta lucha no busca defender privilegios ni las llamadas “pensiones doradas”, sino proteger derechos laborales obtenidos tras décadas de servicio al país, que constituyen derechos adquiridos y resoluciones firmes derivadas de contratos, convenios y relaciones laborales legalmente consolidadas.
—Estamos en contra de las pensiones otorgadas como prebendas políticas; a favor de las que surgen de derechos y conquistas laborales.
—Estamos en contra de la aplicación retroactiva de reformas constitucionales sobre derechos ya consolidados; a favor de acabar únicamente con las verdaderas pensiones doradas.
—Exigimos que se respeten los acuerdos tomados con el Estado Mexicano como condición básica de certeza jurídica para todos los ciudadanos.
—A favor del acceso efectivo a la justicia y del pleno respeto al juicio de amparo como mecanismo constitucional de defensa.
—A favor de la carrera laboral, la especialización y las oportunidades de desarrollo digno en el sector público.
—La suspensión provisional otorgada por el Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán establece con claridad que las pensiones son derechos adquiridos protegidos constitucionalmente, vinculados al mínimo vital y a la subsistencia digna.
—Los descuentos fueron aplicados sin notificación suficiente ni explicación clara, lo que constituye una violación al debido proceso.
—Existe apariencia de buen derecho a favor de los jubilados afectados.
—El peligro en la demora justifica la protección cautelar inmediata.
El amparo fue promovido por el despacho jurídico C&D Capacitación y Defensa, integrado, entre otros, por José Manuel De Alba De Alba, magistrado en retiro del Poder Judicial de la Federación con 40 años de carrera judicial y doctor en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón, y Alan Torres Hinojosa, ex secretario del Poder Judicial de la Federación con 13 años de carrera judicial, maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México, y maestro en Juicio de Amparo y Derecho Constitucional por la Universidad de Xalapa.
—Este precedente judicial se suma a una tendencia creciente en todo el país.
—Miles de demandas de amparo están siendo presentadas por jubilados de CFE, Pemex, Nafinsa y Banco de México en toda la República.
—Tribunales federales en Nuevo León y Jalisco han otorgado protecciones similares, consolidando una línea jurisprudencial favorable.
Además, se indicó, se han presentado denuncias ante la OEA y la ONU por violaciones a los Derechos Humanos derivadas de la reforma al artículo 127.
—La inseguridad jurídica generada debilita el estado de derecho y desincentiva la inversión nacional e internacional.
—Las generaciones jóvenes enfrentan un sector público con menos oportunidades de empleo digno y desarrollo profesional.— Emanuel Rincón Becerra
Protesta Pensiones
Parte del comunicado del Colectivo de Jubilados de CFE en la Península de Yucatán.
Patrimonio
“Lo que hoy afecta a los jubilados del sector público es una alerta para todos los mexicanos. Permitir que se reduzca el patrimonio obtenido lícitamente con décadas de trabajo honesto sienta un precedente que pone en riesgo cualquier propiedad privada y cualquier derecho adquirido”.
Demanda
“Exigimos a las autoridades judiciales y administrativas garantizar el acceso efectivo a la justicia, evitar prácticas dilatorias y respetar plenamente el derecho humano a la seguridad social y a la pensión digna”.
Seguridad
“Lo que está en juego no es únicamente una pensión; es la seguridad jurídica y el respeto a los derechos adquiridos de miles de trabajadores jubilados que dedicaron su vida al servicio del país”.