El conflicto de Ixil, visibilizado públicamente a partir de 2023, deja una reflexión indispensable para Yucatán: ningún movimiento social, ambiental o territorial puede construirse legítimamente sobre narrativas confrontativas que simplifiquen conflictos complejos en una visión reduccionista de “buenos y malos”, especialmente cuando existe claridad jurídica sobre la naturaleza privada de los terrenos en disputa.
Es cierto que históricamente han existido, en distintas regiones del país, casos donde comunidades ejidales y campesinas enfrentaron afectaciones derivadas de intereses políticos, económicos o externos. Esa realidad forma parte de la memoria social de México y no debe minimizarse.
Sin embargo, precisamente por la sensibilidad histórica de esos antecedentes, resulta especialmente delicado trasladar discursos de supuesto “despojo ancestral” a casos donde existen antecedentes registrales, documentales e históricos que sostienen que determinados predios han mantenido naturaleza privada desde inicios del siglo pasado, sin haber formado parte del régimen ejidal ni de tierras de uso común.
Porque más allá de diferencias ideológicas o posturas políticas, tampoco resulta jurídicamente razonable convertir en adversarios públicos a propietarios y familias que depositaron su patrimonio, inversión y certeza jurídica en tierras respaldadas durante décadas por registros, títulos y antecedentes históricos de propiedad privada.
Dichas familias sostienen su defensa en la continuidad histórica, registral y jurídica de la propiedad, así como en títulos cuya existencia legal se remonta a más de un siglo. Y como cualquier ciudadano dentro de un Estado de Derecho, poseen además el derecho constitucional de defender su patrimonio, su propiedad y su seguridad jurídica mediante las vías institucionales previstas por la ley.
Bajo ese contexto, resulta particularmente delicado alimentar entre sectores vulnerables planteamientos de una supuesta “recuperación histórica” sobre tierras que, conforme a los antecedentes documentales existentes, nunca formaron jurídicamente parte del ejido ni de tierras de uso común.
La propia literatura académica sobre Ixil ha documentado durante años condiciones relevantes de pobreza, marginación y vulnerabilidad social. Precisamente por ello, cualquier activista, académico, empresario o actor político posee una enorme responsabilidad ética respecto del lenguaje y las narrativas que impulsa frente a comunidades que históricamente han enfrentado rezagos económicos y sociales.
Debate
El problema se vuelve particularmente delicado cuando el debate público comienza a construirse mediante discursos de victimización, señalamientos sin resolución jurisdiccional definitiva, campañas mediáticas o percepciones territoriales que no encuentran sustento jurídico verificable.
Cuando determinados sectores sociales son llevados a asumir como propia una narrativa de pertenencia territorial sobre tierras que jurídicamente nunca formaron parte del régimen ejidal, el conflicto deja de desarrollarse en el ámbito estrictamente técnico o jurídico y comienza a trasladarse hacia escenarios de confrontación social alimentados más por percepciones emocionales que por elementos legales verificables.
Y fue precisamente en ese contexto donde el conflicto de Ixil comenzó a trasladarse del terreno social y mediático hacia consecuencias institucionales y penales concretas.
El caso derivó en investigaciones e imputaciones relacionadas con diversos hechos ocurridos durante el conflicto, entre ellos señalamientos formulados contra el activista Sergio Oceransky por presunta participación en actos vinculados a dinámicas de confrontación social, así como procesos iniciados contra otros involucrados, incluyendo un ciudadano de Ixil señalado por presuntamente impactar con una motocicleta a un elemento de la SSP Yucatán y otro más investigado por presunta portación de arma de fuego.
Más allá del desenlace jurídico individual de cada caso, los hechos evidencian cómo una confrontación inicialmente social terminó trasladándose al ámbito institucional y penal, generando consecuencias reales para habitantes de la propia comunidad.
Cuando el discurso público abandona la prudencia y desplaza la evidencia documental en favor de narrativas construidas principalmente desde la emoción, el riesgo de confrontación social aumenta inevitablemente.
Y quienes suelen asumir el mayor costo humano, jurídico y comunitario no son necesariamente quienes impulsan el debate desde espacios externos, sino las propias personas vulnerables que terminan atrapadas en el conflicto y posteriormente enfrentan, casi en soledad, sus efectos económicos, sociales y legales. Porque mientras algunos actores eventualmente pueden retirarse del escenario público o continuar su participación desde distintos ámbitos, quienes permanecen enfrentando el desgaste comunitario, la tensión social y las secuelas del conflicto son, precisamente, los habitantes de Ixil.
Componentes
La defensa ambiental y la participación social son componentes esenciales de toda democracia. Sin embargo, pierden fuerza moral cuando se apartan de la evidencia documental, de la legalidad y del respeto institucional para trasladarse al terreno de la confrontación y las narrativas construidas desde la emoción.
El Estado de Derecho debe prevalecer para brindar certeza jurídica a todos los yucatecos. La vulnerabilidad social nunca debería convertirse en un factor que exponga a comunidades enteras a conflictos cuyos efectos legales, humanos y sociales terminan recayendo sobre sus propios habitantes.
Y quizá lo más lamentable de todo sea que muchas personas de la propia comunidad aún no alcancen a dimensionar hasta qué punto terminaron inmersas en un conflicto construido sobre pretensiones territoriales incompatibles con la realidad jurídica de la tierra, mientras las verdaderas necesidades de desarrollo, estabilidad y bienestar social de Ixil continúan esperando soluciones reales.
Porque al final, cuando la confrontación sustituye al diálogo y la emoción desplaza a la legalidad, quienes terminan cargando con las consecuencias humanas, sociales y jurídicas del conflicto son siempre las propias comunidades.— Mérida, Yucatán
*Expresidente del Colegio Yucateco de Arquitectos, A.C.