MÉRIDA.- Las expropiaciones realizadas para la construcción del Tren Maya contribuyeron a ampliar de manera significativa el patrimonio inmobiliario bajo control del Ejército. Además, el mecanismo evitó los costos y condiciones habituales del mercado de tierras. También causó afectaciones a comunidades indígenas de la zona, establece el informe El negocio de la militarización: opacidad, poder y dinero.
El estudio, elaborado por la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), sostiene que una de las principales consecuencias patrimoniales del proyecto es la incorporación de miles de hectáreas estratégicamente ubicadas a la operación del Tren Maya y de las empresas vinculadas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Tren Maya S.A. de C.V. no tuvo que competir por esos terrenos con otros actores económicos. Las adquisiciones se realizaron mediante decretos de utilidad pública, ocupaciones temporales, acuerdos de derecho de vía y expropiaciones promovidas por el gobierno federal durante las distintas etapas de construcción de la obra.
Para los autores del informe, este mecanismo permitió la consolidación de un patrimonio territorial de gran magnitud que posteriormente quedó ligado a un esquema de administración militar.
Miles de hectáreas incorporadas al proyecto
El informe documenta más de 300 decretos de expropiación y declaratorias de utilidad pública para transferir terrenos ejidales y de propiedad privada en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Las superficies afectadas van desde pequeñas fracciones de terreno hasta polígonos superiores a las 150 hectáreas en un solo decreto. En algunos casos, los procedimientos permitieron transferir cientos de miles de metros cuadrados mediante un único instrumento jurídico.
MUCD destaca que las expropiaciones continúan en 2026. Esto indica que el proceso de adquisición de tierras aún no ha concluido y que el patrimonio territorial de la empresa sigue creciendo.
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Según datos citados por el informe, existen 51 procedimientos jurisdiccionales vigentes relacionados con el proyecto. Hay juicios de amparo y procesos de nulidad vinculados con expropiaciones, impactos ambientales y desacuerdos sobre los avalúos utilizados para indemnizar a propietarios afectados.
Plusvalía generada por el propio proyecto
La organización también subraya que para numerosas comunidades indígenas y ejidales de la Península la tierra posee no sólo un valor económico, sino también cultural, histórico e identitario.
El informe sostiene que el esquema utilizado permitió incorporar extensiones territoriales estratégicas antes de que la plusvalía generada por la obra se reflejara plenamente.
De esta forma, el beneficio patrimonial no se limita a la infraestructura ferroviaria construida. También a la tierra sobre la cual se desarrollan estaciones, instalaciones operativas, complejos turísticos y futuros proyectos comerciales vinculados al corredor ferroviario.
Activos de largo plazo
El estudio subraya que, a diferencia del gasto para la construcción de una obra, los bienes inmuebles incorporados al proyecto permanecen como activos de largo plazo.
Por ello, sostiene que el alcance económico del Tren Maya no puede medirse únicamente mediante los ingresos por transporte de pasajeros o carga. También por la acumulación de activos territoriales e infraestructura bajo control de organismos administrados por las Fuerzas Armadas.
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MUCD señala que este proceso forma parte de una expansión más amplia de las funciones económicas del Ejército. Actualmente participa en la administración de aeropuertos, hoteles, parques turísticos, estaciones de combustible y otras empresas públicas vinculadas al proyecto ferroviario.
La organización concluye que la magnitud de las operaciones documentadas permite considerar al patrimonio inmobiliario acumulado por Tren Maya S.A. de C.V. como uno de los activos no monetarios más relevantes de las empresas militares creadas durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.