Las primeras recomendaciones que emitió en 2026 la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey) fueron dirigidas a autoridades de tres municipios yucatecos.
Se incluyen casos en los que una persona perdió la vida en custodia de policías de una corporación municipal y violaciones a las garantías individuales por parte de un alcalde.
Estas recomendaciones fueron para la presidenta municipal de Akil y para los cabildos de Tekantó y Tahdziú.
Una cuarta recomendación emitida este año por la Codhey fue dirigida al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por unas detenciones arbitrarias.
Caso Akil: una persona perdió la vida en custodia policiaca
En el caso de Akil, donde murió una persona, se vulneraron los derechos a la integridad y seguridad personal en su modalidad de tratos crueles, inhumanos o degradantes; derecho a la vida; derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica en su modalidad de ejercicio indebido de la función pública.
En este caso las autoridades responsables son servidores públicos dependientes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Akil.
Respecto a la recomendación del caso de Akil, la queja se inició de oficio ante una nota del Diario fechada el 15 de mayo de 2022, la cual consignaba que un hombre que estaba bajo custodia policíaca falleció.
En la versión pública de la recomendación de la Codhey por este caso se indica que se acreditó la participación de cuatro agentes municipales de Akil en la detención y aplicación de violencia contra el fallecido, “lo que resultó en un trato cruel, inhumano y degradante que desencadenó en su muerte”.
Se concluyó que esos cuatro oficiales fueron responsables de la muerte de la víctima debido a su participación en la agresión y su negligencia en proteger la vida y la integridad del mismo.
En su recomendación a la presidencia municipal de Akil, la Codhey estableció como garantía de satisfacción iniciar ante las instancias competentes un procedimiento disciplinario y/o administrativo que corresponda en contra de los cuatro policías, a efecto de determinar su grado de responsabilidad en la transgresión a los derechos humanos del hoy occiso.
Ello, al vulnerar su derecho humano a la integridad y seguridad personal, en su modalidad de tratos crueles, inhumanos o degradantes y el derecho a la vida y el derecho a la legalidad y a la seguridad Jurídica en su modalidad de ejercicio indebido de la función pública.
“Lo anterior, tomando en consideración lo señalado en el capítulo de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal de dichos servidores públicos, con independencia de que continúen laborando o no para dicho ayuntamiento”.
También se pide que se agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento disciplinario y/o administrativo que corresponda, que sea sustanciado en contra de los servidores públicos infractores.
Seguimiento
Además, que en el procedimiento se tome en cuenta el contenido de la recomendación y vigilar que ese procedimiento se siga con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen las sanciones administrativas de acuerdo con su nivel de responsabilidad.
La instancia de control que tome conocimiento del asunto, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus legales consecuencias.
Indemnización a los afectados
Al mismo tiempo, se pide que se proceda a la realización de las acciones necesarias para que las personas que se ostenten con el derecho a la reparación integral sean indemnizadas y reparadas integralmente del daño ocasionado.
Atendiendo a las garantías de no repetición, la Codhey ordena girar una circular a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Akil, en la que se informe a sus integrantes que deberán abstenerse de ejercer el uso de la fuerza en contra de una persona detenida bajo su custodia, salvo que las circunstancias demanden la necesidad de su uso para el mantenimiento del orden y la seguridad, o se ponga en riesgo la integridad de las personas.
También se recomienda impartir cursos de capacitación en derechos humanos a los agentes de la Policía Municipal de Akil involucrados en este caso. Se da vista a la Fiscalía General del Estado, a efecto de que la recomendación sea agregada a los autos de la carpeta de investigación número UNATD12- GE/604/2022, para los efectos legales correspondientes.
Urgen a que se cumpla laudo en Tekantó
Respecto al caso de Tekantó, la falta de cumplimiento de un laudo desde hace varios años, se vulneró el derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica en modalidades de acceso efectivo a la justicia y a la ejecución de los fallos en un plazo razonable.
Las autoridades responsables son servidores públicos pertenecientes al Ayuntamiento de Tekantó, la autoridad involucrada es el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios.
La Codhey emitió una recomendación al Cabildo de Tekantó por un laudo laboral que no se ha cumplido.
La medida establece que se realicen todas las acciones necesarias para que de manera inmediata se cumpla con la ejecución del laudo dictado en el Juicio Reclamatorio Laboral número 293/2010, radicado ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, debiendo remitir a la Comisión las pruebas que acrediten su cumplimiento.
Como garantía de satisfacción, se llama a iniciar ante las instancias competentes procedimientos disciplinarios y/o administrativos que corresponda, en contra de las personas que han ocupado el cargo de alcaldes de 2013 a la presente fecha.
Esto, para determinar sus respectivos grados de responsabilidad en la transgresión a los derechos humanos de un ciudadano, al vulnerar sus derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, en sus modalidades de acceso efectivo a la justicia y a la ejecución de los fallos en un plazo razonable.
Caso Tahdziú
En el caso de la recomendación al Cabildo de Tahdziú, deriva de una queja de regidores a quienes se les pretendía retener sus sueldos y agresiones verbales contra las edilesas por parte del alcalde.
Se vulneraron los derechos de la mujer a una vida libre de violencia, a la igualdad y al trato digno en su modalidad de discriminación, a un ambiente laboral libre de violencia y acoso, así como a una buena administración pública. La autoridad responsable es el presidente municipal de Tahdziú.
Una de las regidoras refirió a la Codhey que el “presidente municipal en diversas ocasiones me ha pedido que firme la cuenta pública sin que me permita leer el contenido, diciéndome que como soy mujer lo único que debo hacer es ir a mi casa a atender a mis hijos y a mi marido”.
En la recomendación al Cabildo de Tahdziú se establece, entre otras cosas, que con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos y no dejar impunes las acciones ilegales de los servidores públicos, se sirva iniciar ante las instancias competentes un procedimiento disciplinario y/o administrativo en contra del ciudadano Pedro Yah Sabido, quien funge como presidente municipal de dicha localidad durante la administración 2024-2027.
Ello, por haber vulnerado el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en conexidad con el derecho a la igualdad y trato digno en su modalidad de discriminación, así como el derecho a un ambiente laboral libre de violencia y acoso, y el derecho a una buena administración pública.
También se ordena la impartición de cursos de capacitación al presidente municipal de Tahdziú, así como al resto de los integrantes del Cabildo de dicho municipio, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a un ambiente laboral libre de violencia y acoso, incluyendo la prevención del acoso laboral o “mobbing” en el servicio público.
Recomendación dirigida a Luis Felipe Saidén
La cuarta recomendación emitida por la Codhey en lo que va de este 2026 está dirigida a Luis Felipe Saidén Ojeda, titular de la SSP.
Es por una acusación de dos ciudadanos, incluyendo un menor de edad, a causa de una detención arbitraria en enero de 2023.
En la recomendación, entre otras cosas, se pide capacitar en materia de derechos humanos a unos elementos policíacos involucrados en el caso e iniciarles el procedimiento disciplinario y/o administrativo que corresponda.ales