Después de conocer la declaración de “reserva” a toda información relacionada con la ampliación y modernización del puerto de altura de Progreso, Blanca Estrada Mora pregunta: “¿Qué se esconde detrás de esta obra que genera sentimientos de miedo?”
Esos sentimientos de miedo en un ala del gobierno, explica la integrante del grupo promotor de ¡Ya Basta!, se reflejan en la respuesta del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yuctaán (Inccopy) a una solicitud del colectivo sobre el proyecto de ampliación de la terminal remota.
Aún más, añade, la declaración de reserva no es solo para esas obras sino para todos los proyectos estratégicos.
La resolución para mantener el secreto
Ayer publicamos que, por decisión del Inccopy, toda la información sobre la ampliación y modernización del puerto de altura tiene clasificación de “reservada” durante cinco años, con posibilidad de extender el plazo a diez años.
Según el comité de transparencia del instituto, ningún ciudadano podrá conocer datos de la evolución del proyecto sino hasta que esté en funciones la próxima administración estatal o a finales de ésta, en 2036, si se hace valer la ampliación del plazo.
Las restricciones serán extensivas a cualquier proyecto de obra pública que sea considerado estratégico por el gobierno.
Además de clasificar como “top secret” la ampliación y modernización del puerto de altura, el Inccopy respondió que hay “inexistencia” de un proyecto ejecutivo de las obras.
El argumento para clasificar como secreta la información es que divulgarla compromete “la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa nacional o la paz social” y podría dar pie a “la destrucción, inhabilitación o sabotaje” de la infraestructura.
Los ciudadanos, en estado de indefensión frente al gobierno
Al ampliar sus comentarios sobre las respuestas a ¡Ya Basta!, la profesora Estrada Mora reitera: “Esto ya no es opacidad. ¡Es oscuridad total!”
“Con todos esos argumentos vemos que los ciudadanos se encuentran en un estado de indefensión”, añade.
“Resulta que ya no podemos ejercer el derecho de acceso a la información para conocer qué hacen los que nos gobiernan”.
La exdiputada hace hincapié en que, de acuerdo con las respuestas del Inccopy, el plazo de reserva es válido no solo para el proyecto sobre la terminal remota sino para todos los proyectos estratégicos del gobierno del Estado.
“Así, con solo poner a una obra el membrete de proyecto estratégico ya no se podrá conocer la información”, subraya.
El interés público y presuntas artimañas
En las “motivaciones” de su resolución, el Inccopy señala: “La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional”.
Más adelante abunda: “El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda…”
Sobre estos puntos, la profesora Estrada Mora pregunta:
“¿Qué supera el interés público? Para los que hicieron estas reservas, ¿qué interés puede estar bajo sus tretas?”
La presidenta de la Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán (Fecuy) indica que esta clasificación de reserva es una copia de lo que se ha hecho en el ámbito federal con el Tren Maya y otras obras, por citar un ejemplo.
“En esos casos, la reserva y la declaración de riesgo a la seguridad nacional fue declarada por la Sedena, pero aquí ¡es el Inccopy el que lo decide!”, apunta.
Ven un mensaje: “Que ya no estemos preguntando”
También señala que los oficios con las respuestas a ¡Ya Basta! tienen la firma de todos los involucrados –los integrantes del comité de transparencia y los titulares de las direcciones Jurídica, Técnica y de Construcción– para que no quede duda del mensaje: “Que ya no estemos preguntando, que no le sigamos rascando”.
Aunque legalmente el colectivo podría recurrir a la revisión del acuerdo del Inccopy, la maestra Estrada recuerda que con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se transfirieron sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y ella no tiene esperanzas de que el recurso prospere.
“Se hicieron muchos cambios y no está claro el procedimiento a seguir”, enfatiza.
A fin de cuentas, recalca, es notorio que el ciudadano está en indefensión frente a la negativa de las autoridades a informar.