Las reformas al Código Penal de Yucatán que sancionan el uso de inteligencia artificial y software para crear y difundir imágenes íntimas fortalecerán la protección de la ciudadanía frente a la violencia digital y los contenidos sintéticos que devastan a las víctimas.
Así lo afirma la doctora Elizabeth Ruiz Ramírez, coordinadora académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y profesora de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac Mayab.
El Congreso del Estado aprobó una iniciativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre delitos cometidos mediante inteligencia artificial y otras herramientas tecnológicas.
La reforma al Código Penal establece penas de prisión y multas para quienes elaboren, generen o manipulen imágenes, vídeos o audios íntimos cuya difusión cause daño o perjuicios a las personas afectadas.
La pena se duplicará cuando el responsable intimide, amenace o extorsione a la víctima. Servidores públicos que incurran en estas conductas serán destituidos e inhabilitados.
Reforma digital necesaria
En entrevista, la doctora Ruiz Ramírez considera que la reforma responde a la realidad tecnológica actual. Explica que la IA facilita la creación de videos, imágenes y otros contenidos sintéticos, conocidos como “deepfakes”, capaces de fabricar material altamente realista sin el consentimiento de la persona afectada.
Sobre la violencia digital, añade que el daño a la dignidad, la privacidad, el honor y la integridad psicológica puede ser devastador, aun cuando el contenido sea completamente falso. Por ello, considera indispensable que el derecho penal atienda estas nuevas formas de agresión.
No obstante, advierte que la regulación no debe limitarse al aspecto técnico, sino ser lo suficientemente precisa para evitar que una norma bien intencionada afecte derechos como la libertad de expresión, la creación artística o el uso legítimo de herramientas de inteligencia artificial.
“La reforma aprobada en Yucatán busca fortalecer la protección frente a la violencia digital y el uso indebido de la inteligencia artificial”, señala.
Al preguntarle qué tan relevante resulta esta modificación en una entidad con alta incidencia de delitos sexuales, responde que la reforma cierra un vacío legal existente.
“Antes era complicado sancionar a quienes fabricaban contenido íntimo falso porque la legislación estaba diseñada para imágenes reales. Ahora se reconoce que una imagen, un video o un audio generado mediante inteligencia artificial también puede vulnerar derechos fundamentales, incluidos los derechos digitales”, dice.
Protección a las víctimas de violencia digital
Sobre si la nueva legislación protegerá efectivamente a la población, considera que brindará mayor certeza jurídica a las víctimas.
Asimismo, refiere que también podría favorecer una mejor investigación y persecución de estos delitos por parte de las autoridades, así como fortalecer el trabajo de las organizaciones dedicadas a la protección de mujeres, adolescentes y demás personas afectadas por este tipo de conductas.
Respecto al alcance de la reforma, la especialista destaca que reconoce jurídicamente una nueva modalidad de violencia digital y adapta el Código Penal estatal a las formas emergentes de agresión mediante tecnologías de la información y la comunicación.
Retos pendientes
Sin embargo, advierte que persisten desafíos importantes. Entre ellos, menciona la capacitación de ministerios públicos, policías cibernéticas y peritos para identificar contenidos generados con inteligencia artificial y obtener pruebas digitales.
La investigación será más compleja cuando los servidores o plataformas donde se alojan esos contenidos se encuentren fuera de México, señala.
También considera necesario evitar que una redacción demasiado amplia genere incertidumbre jurídica o criminalice usos legítimos de la inteligencia artificial. A su juicio, la legislación debe impedir interpretaciones excesivas o ambiguas.
Consultada sobre si la pena de tres meses a seis años de prisión resulta suficiente, responde que el castigo, por sí solo, no resuelve el problema.
Desde su perspectiva, más que aumentar las penas, lo fundamental es garantizar que la reforma pueda aplicarse eficazmente. De poco sirve una sanción elevada si los delitos no se investigan adecuadamente o las víctimas tardan meses o años en obtener justicia.
Luego añade que la eficacia dependerá de contar con policías cibernéticas especializadas, peritajes tecnológicos oportunos, cooperación con plataformas digitales, mecanismos ágiles para retirar el contenido de internet y atención psicológica y jurídica integral para las víctimas.
La especialista considera que la denuncia constituye el primer paso para conocer la dimensión de estas nuevas conductas delictivas.
Cuando las víctimas no denuncian, se dificulta activar la investigación, preservar la evidencia digital y solicitar medidas de protección, además de impedir que las autoridades frenen la difusión del contenido o eviten que sea utilizado para extorsionarm explica.
Respecto a la agravante que duplica las sanciones cuando existe intimidación, amenaza o extorsión, afirma que resulta plenamente justificada.
Agravantes justificadas
La experta explica que cuando el contenido generado mediante inteligencia artificial se utiliza para chantajear o controlar a la víctima, la afectación a la intimidad evoluciona hacia formas de violencia psicológica, económica y de control.
Por ello, considera razonable incrementar las sanciones cuando el agresor aprovecha la tecnología para restringir la libertad de la víctima u obtener algún beneficio mediante amenazas.
Sobre la tipificación del acecho o “stalking”, castigado con penas de seis meses a dos años de prisión, señala que representa un avance, aunque debe complementarse con órdenes de restricción inmediatas y mecanismos preventivos, ya que con frecuencia el acecho antecede a agresiones más graves.
Finalmente, sostiene que la prevención constituye la herramienta más eficaz para enfrentar estos delitos.
Ella aclara que ninguna persona es responsable de ser víctima, pero existen medidas que ayudan a reducir riesgos, como limitar el acceso a fotografías y videos personales y reflexionar antes de compartir ese tipo de material, incluso con personas de confianza.
Asimismo, recomienda fortalecer las contraseñas, desconfiar de enlaces, aplicaciones y plataformas que soliciten acceso a información personal, y revisar cuidadosamente los permisos y condiciones de uso antes de compartir datos o archivos.
La doctora en Educación y maestra en Protección de Datos, quien imparte en la Universidad Anáhuac Mayab un diplomado sobre Inteligencia Artificial Aplicada, reitera que la sociedad debe conocer los riesgos asociados con las nuevas tecnologías y promover una cultura de prevención mediante la capacitación y la educación digital.