La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), María Guadalupe Méndez Correa, sabe que las recomendaciones que emite incomodan a las autoridades y pide que no vean como una enemiga a esta institución.
“Sé que somos incómodos e incómodas para muchas autoridades, pero también siempre pongo sobre la mesa que cuando el respeto a los derechos humanos se da, el trabajo funciona mejor”, recalca.
“Hace poco le dije a elementos de las policías municipales, en una clausura de un curso, que no vean a la comisión como el enemigo. Al contrario, qué fortaleza tan grande sería hacer el trabajo respetando la dignidad humana”.
“La dignidad humana es el corazón de los derechos humanos”, afirma la ombudsperson en la amplia entrevista, de las cuales el Diario ya publicó dos entregas.
¿Qué evaluación haría de esos dos años que está al frente de derechos humanos?
“Son de retos muy grandes principalmente, sobre todo saber cómo estaba la institución y hacer los cambios”, señala.
“No es lo mismo llegar a un espacio que desconoces y tratar de ejecutar las acciones, sino llegar al espacio que conoces y tratar de revertir la acentuada percepción negativa. Todavía no lo hemos logrado, pero estamos construyendo y haciendo cosas diferentes”.
¿No ha pensado en otorgar distintivos a municipios o corporaciones policíacas que no tienen ninguna queja de violación de derechos humanos?
“Qué bueno que tocas ese tema. En conjunto con la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo estamos gestionando certificaciones para reconocer la profesionalización de las corporaciones y servicios”, revela.
“Para alcanzar la certificación se requiere un recorrido importante sin recomendaciones y una profesionalización, ese reconocimiento sería lo más cercano a un distintivo”.
“Se podrá certificar determinadas áreas de derechos humanos en corporaciones policíacas y prestación de servicios”.
“Lo estamos construyendo todavía y creo que en un año se podrá aplicar”, señala. “Sin embargo, más que un distintivo, en realidad es nuestra obligación procurar que la naturaleza propia de la función pública y del servicio público vaya aparejada con el respeto a los derechos humanos”.
¿Qué llamado le haría a las autoridades?
“Que realmente son los que tienen la responsabilidad de que funcione y se respete los derechos humanos”, recalca. “Necesitan una profesionalización porque solo con la educación y el compromiso auténtico del servicio público es como entraremos a otro nivel”.
“Por ejemplo, en Suecia, que es donde surge la figura del ombudsman —una palabra de origen escandinavo que significa defensor del pueblo—, los derechos humanos ya son una figura honoraria”, recuerda.
“Ya no encuentras procesos por violaciones o presuntas violaciones a derechos humanos, Suecia ha alcanzado un nivel muy elevado en el respeto a los derechos de las personas. A eso deberíamos aspirar en Yucatán”.
“Hay que entender que la naturaleza de la función pública y el servicio público, pues su nombre lo dice, es atender a la ciudadanía adecuadamente, con ética, con amabilidad, ese es el trabajo del servidor y funcionario público. Si se actúa así, no deberían existir las violaciones a los derechos humanos”.
La presidenta de la Codhey informa que los ciudadanos todavía no ejercitan su derecho humano en materia de agua potable, movilidad y transporte público.
Sí reciben señalamientos sobre esos derechos fundamentales, pero más bien por cuestiones administrativas.
En el caso del agua potable las quejas son por robo de medidor, por falta de cambio de ese dispositivo en mal estado o por fugas del líquido sin atender. En movilidad y transporte público no ha recibido ninguna queja.
Un nuevo estilo de trabajo que ha impuesto desde que asumió la presidencia de la Codhey es la supervisión personal a los 106 ayuntamientos para verificar concretamente las condiciones de los calabozos, porque sabe que es el talón de Aquiles de los municipios del interior del estado.
Y si avisa de su visita, los ayuntamientos dejan todo perfecto para evitar señalamientos.
Según relata, va a los municipios en su calidad de abogada, realiza la supervisión sorpresiva, pero cuando los alcaldes se enteran de su presencia entran en desesperación, empiezan a averiguar el motivo de su visita, si hay fallas, cómo las pueden subsanar. Sin embargo, solo si hay evidencias graves redacta un acta de la visita y entrevistas realizadas.
Lo mismo hace en casos de litigio donde hay afectaciones a mujeres y menores de edad. Recientemente acompañó personalmente a una mujer que tenía diligencias en la Prodennay para verificar el trato y atención que reciben.