La Alianza Nacional de Jubilados del Sector Energético puso en marcha este viernes, 21 de agosto, la consulta ciudadana “México por la Justicia y los Derechos” en su modalidad presencial, con la instalación de mesas para levantamiento de encuestas en los 32 estados de la República. En Yucatán, representantes del movimiento se instalaron en la Plaza Grande de Mérida.
El objetivo principal es visibilizar la defensa del Estado de derecho, proteger los derechos adquiridos y frenar afectaciones o medidas retroactivas en las pensiones de extrabajadores de la CFE, Pemex y otras instituciones.
“Se trata de un ejercicio de participación ciudadana con modalidad digital (en su plataforma oficial) y mesas de votación presenciales en puntos clave del país”, señaló Víctor Corona Cruz, a nombre de los representantes del movimiento en nuestra entidad.
El objetivo es rechazar cambios o recortes que vulneren las pensiones y garantías laborales legítimas del sector energético.
Alianza de Jubilados: próximas mesas de consulta en Mérida
La encuesta comenzó a levantarse en su modalidad digital desde el 19 de agosto pasado, ahora se suma la modalidad presencial y el ejercicio continuará el sábado 22 y domingo 23 en el parque de Las Américas y parque de Santa Lucía, en horarios de 17 a 20 horas y 9 a 12 horas, respectivamente.
La consulta continuará en ambas modalidades hasta el 30 de agosto. Las fechas, lugares y horarios en que las mesas se instalarán serán informados oportunamente.
Los resultados de la encuesta serán presentados directamente ante el Congreso de la Unión y el Gobierno Federal de México.
La Alianza Nacional de Jubilados (ANAJUB) busca utilizar el respaldo masivo de los ciudadanos como una herramienta de presión política y legal frente a las autoridades. Los objetivos específicos de esta entrega de resultados son:
- Frenar reformas en el Poder Legislativo: demostrar el rechazo público hacia las iniciativas de ley del Congreso que pretenden aplicar topes o modificaciones retroactivas a las pensiones.
- Exigir un alto al Ejecutivo: demandar al Gobierno Federal que respete los contratos colectivos y los derechos adquiridos de los extrabajadores.
- Respaldar acciones legales: utilizar el peso de la opinión pública para robustecer las olas de amparos constitucionales que los afectados prevén llevar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).