El riesgo de una suspensión del servicio del Va y Ven en Mérida vuelve a surgir entre los concesionarios porque la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) mantiene una deuda de 45 días de trabajo consumado.
David Quintal Medina, concesionario y vocero de los empresarios del transporte, señala que todo va igual, el transporte no mejora, al contrario, va en continuo deterioro porque carecen de dinero para dar mantenimiento a las unidades.
Además el cobro del aumento del impuesto sobre nómina que implementó el gobierno del Estado del 3% al 3.75% para fortalecer y subsidiar el Va y Ven no cumplió su cometido, porque de $700 millones que pretendía recaudar solo se obtuvieron $75 millones y dicho recurso fue para la operación de la ATY no para el transporte.
No están al día
“Nos siguen debiendo 45 días. Hoy (el pasado viernes 4) nos deben dar un abono, pero siempre arrastran una deuda, no logran estar al día”, revela el empresario. “Nuestro crédito para combustible ya está agotado, por lo tanto hay un alto riesgo de que volvamos a suspender el servicio de transporte público”.
Pero el combustible no es el único problema que afrontan los concesionarios, también está la demanda de aumento salarial de los operadores y trabajadores administrativos, que ya llevan casi cuatro años sin incremento por falta de solvencia de las empresas. Esa insolvencia es por la falta de pago oportuno de la ATY.
Además, dice Quintal Medina, los autobuses necesitan mantenimiento y reparaciones por el desgaste natural que tienen y tampoco tienen dinero para el pago de refacciones y talleres.
“Ya nos reunimos con el encargado de la Agencia de Transporte, con el secretario y subsecretario de gobierno para exponer este problema y nos dicen que el problema es presupuestal”, indica.
“Siguen con la narrativa del precio garantizado por kilómetros que pagan sin que se cubra, pero tampoco quieren autorizar un aumento en la tarifa del kilómetro recorrido. Ya llevamos casi cuatro años con la misma tarifa y todo sube de precio. Antes el litro de diésel valía $22 y hoy es de $27, el dinero ya no da para el mismo volumen de combustible”.
“Va a reventar esto porque es un problema de dinero”, advierte. “Una alternativa es que autoricen un aumento en la tarifa, pero lo veo casi imposible por los tiempos electorales. La gente necesita del transporte público y no hay más autobuses. Hay zonas de Mérida sin servicio de transporte y la gente se nueve en mototaxis, vehículos de plataformas y taxis y es más caro para ellos la movilidad”.
Quintal Medina informa que está pendiente una reunión para el análisis de revertir el plan de pago de kilómetros garantizados por kilómetros recorridos, que fue parte de la reforma que aprobaron los diputados por iniciativa del gobierno del Estado.
Sin embargo, la urgencia es de tipo financiero porque la ATY no ha podido saldar la deuda y estar al día en los pagos del servicio prestado.
“Estamos en una situación bastante riesgosa, los autobuses empiezan a resentir el desgaste, se necesitan nuevas unidades, pero las nuevas que compraron algunas empresas siguen sin entrar en operación, aún cuando hay necesidades de cobertura de rutas o atención de horarios picos”.
Según comenta el empresario, adicional a 35 unidades que se mandaron para otra entidad, la empresa Minis 2000 que tenía 50 camiones nuevos tuvo que devolverlos a la fabricante Mercedes Benz porque no recibió autorización para ponerlos en servicio.
Pioneros de Mérida también adquirió 30 camiones chinos que mantiene aparcados porque la ATY no autoriza su ingreso al sistema Va y Ven.
A estas 115 unidades nuevas que debieron reforzar el sistema de transporte público de Mérida, se suman los 45 mini Va y Ven del FUTV que también están inactivos por falta de permisos.
“Si entraran al servicio todos estos autobuses podrían recaudar más dinero para la operación de la ATY pero no lo autorizan”, señala.
“Antes de la renuncia de Jacinto Sosa (como director de la ATY) habíamos acordado entre concesionarios y él que las unidades nuevas entrarían a Circuito Colonias y las rutas donde no hay servicio, pero el encargado (Aldo Cerezo Cázares) no le dio seguimiento”.
“Si en estos días no nos paga una parte será inmidente otro colapso del servicio de transporte porque no tendremos dinero para pagar a los proveedores de combustible y el salario de los operadores, que ellos no podrán esperar porque ya trabajaron”, advierte.“Hay un alto riesgo de suspensión del servicio”, reitera.
Se le pregunta si este problema financiero que padecen desde 2025 y este 2026 se podría solucionar en el presupuesto de 2027 que está en elaboración, pero Quintal Media revela que el gobierno del Estado no les permite participar en la elaboración del proyecto presupuestal “porque no lo permite la ley”.
Reitera que el impuesto sobre la nómina no tuvo los resultados que esperaba el gobierno del Estado porque proyectaba una recaudación de $700 millones, pero sólo ya recaudó de $75 o $73 millones, dinero que sirvió a la Agencia de Transporte para el aumento de sueldo de su personal y para sus costos operativos.
“Ese dinero de los impuestos era para proteger el servicio, pero no fue así”, señala. “Estamos ante una situación muy delicada y el presupuesto para el transporte ya no aguanta más. Hay un alto riesgo de colapso del servicio”.
Informa que ante la falta de claridad del manejo de recursos en la ATY, se exigió la incorporación de un representante del sector privado y la Coparmex Mérida propuso a don Armando Chapur, el cual fue aceptado como parte del Consejo Consultivo del Transporte.