Campesinos del ejido de Iturbide de Hopelchén, Campeche; denunciaron públicamente la presunta falta de voluntad por parte de Imelda Carlos Basurto, magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, con sede en Mérida, para resolver un tema agrario que lleva ya un año y medio en una “parálisis procesal”.
El litigio gira en torno a un problema de límites de tierras que reclama el ejido de Iturbide al ejido de Xmaben, puesto que el segundo, presuntamente, se apropió y vendió estas tierras a un grupo de menonitas que han devastado la selva, aprovechando un error administrativo, dice Raúl Alberto Lizárraga Pérez, asesor legal de los ejidatarios.
Óscar Francisco Reyes Escalante, perito topógrafo de los demandantes, explica que el problema se originó por un error de proyección en los planos internos elaborados por el programa de certificación Procede.
Esto generó la coexistencia de dos mediciones: la “mensura antigua” (un límite histórico que data de 1940 y que es respetado por los ejidatarios) y una “nueva mensura” derivada del plano erróneo, lo que, según los denunciantes, esta última delimitación fue aprovechada para vender 5,000 hectáreas a grupos menonitas, quienes presuntamente han comenzado a invadir y desmontar los terrenos, que en planos, están sobrepuestos.
División
Sin embargo, los ejidatarios dicen tener la razón, pues en 2010 se realizó una división de Xmaben para crear Nuevo Durango que está formado por menonitas y dirigido por Jhojan Lekeman Enns.
En este plano oficial, elaborado por el Registro Agrario Nacional (RAN), se reconoce explícitamente la mensura antigua de 1940 como el límite real entre ambos ejidos.
Los denunciantes señalan que, a pesar de las pruebas presentadas, la magistrada simplemente no ha querido resolver y tampoco tiene la voluntad de parar la deforestación mediante alguna medida cautelar o suspensión de trabajos, ya que desde hace un año y medio emite los mismos acuerdos sin buscar alternativas distintas.
“Le pedimos que emita una medida precautoria para que se paren los trabajos porque la selva ya está deforestada, son 750 hectáreas que ya desmontaron”, dice Raúl Alberto Lizárraga Pérez.
“Ahí había zapotes muy grandes, ramones enormes, además era hábitat de venados, tigrillos, pavos ocelados, loros, aguilillas, gavilanes, y más, pero ella dijo que no podía proceder, que mejor vayamos a denunciar el daño ante la Profepa o la Semarnat, pero está en sus facultades otorgar esta medida precautoria para evitar que se siga talando la selva”, apunta el ejidatario.
En cuanto a los acuerdos, desde hace un año y medio que la magistrada solicita documentos que no aportan a la prueba documental; por otra parte ha solicitado topógrafos peritos a instituciones como la Universidad de Campeche, los colegios de arquitectos e ingenieros, con la intención de tener un tercer perito, pues ambas partes ya aportaron los suyos, sin embargo todas las instituciones han negado tener personas con el perfil que pide, por lo que los ejidatarios de Iturbide le han pedido que sea ella quien nombre uno, pero se ha negado.
Ante lo que consideran una actitud “indiferente” y “burocrática” por parte de la magistrada Carlos Basurto, los ejidatarios advirtieron que la paciencia de la comunidad se ha agotado
Representantes del comité ejidal y del consejo de vigilancia, entre ellos Eleazar Jesús Us, Carlos Vidal Pool y el ejidatario Luis Fernando Gil Cob, señalaron que, de no recibir una solución pronta y apegada a derecho, se verán obligados a realizar movilizaciones pacíficas, incluyendo la formación de una “valla humana” para impedir físicamente el paso de la maquinaria pesada a sus tierras
“No va a haber golpes ni violencia, pero ya no vamos a permitir que sigan destruyendo nuestro territorio. Si la autoridad no actúa, habrá un conflicto social inminente”, concluyeron los afectados.