Diputados locales de oposición señalan que una caída sostenida del Impuesto Sobre la Renta (ISR) podría generar presión en las finanzas de Yucatán debido a la dependencia que mantiene el Estado de los recursos provenientes de la Federación.
El coordinador de la bancada del PAN, Roger Torres Peniche, subraya que al cierre de julio pasado la recaudación del ISR disminuyó alrededor de 6% real anual, principalmente por menores pagos de personas morales, mientras que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) registró un crecimiento de 9.9% real, lo que compensó parcialmente la caída.
La diputada de Movimiento Ciudadano Larissa Acosta Escalante coincide en que una menor recaudación federal por ISR puede representar una presión importante para las entidades, aunque aclara que Yucatán no recibe directamente un porcentaje del impuesto que se recauda en el Estado.
“Una parte de los recursos que reciben las entidades federativas se determina a través de la Recaudación Federal Participable (RFP), de la cual se desprenden las participaciones federales del Ramo 28”.
Torres Peniche recuerda que para 2026 Yucatán presupuestó 48 mil 671.6 millones de pesos provenientes de participaciones, aportaciones, convenios y otros fondos federales y coordinados. De ese monto, 23 mil 601.3 millones corresponden específicamente a participaciones.
Ante esta dependencia de los recursos federales, Torres Peniche manifiesta que el comportamiento del ISR debe observarse con atención, pero pide no adelantarse a un escenario de recortes sin conocer primero cuál sería el efecto concreto para las participaciones que recibe Yucatán.
“La disminución en la recaudación del ISR es una señal que debemos observar con atención porque una parte importante de los ingresos de Yucatán depende de los recursos provenientes de la Federación”.
Larissa Acosta recalca la importancia de las transferencias federales que también se refleja en los recursos previstos para Yucatán en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, mediante los distintos componentes del gasto federalizado, entre ellos las participaciones del Ramo 28 y las aportaciones del Ramo 33.
“Por eso, una disminución en la recaudación federal puede traducirse en menores recursos disponibles para Yucatán y generar presión sobre el presupuesto estatal. Esto podría afectar particularmente proyectos que requieren recursos para su implementación, como el Centro Estatal de Autismo, una iniciativa que como bancada hemos promovido y a la que nos hemos adherido.”
Torres Peniche explica que, de acuerdo con el dato referido de Hacienda, la disminución está relacionada principalmente con una menor captación de los pagos de las personas morales, situación que podría estar vinculada con un menor dinamismo en las utilidades empresariales. “Si esa tendencia persiste, puede ser indicativa de menor dinamismo en las utilidades de las empresas y eventualmente generar presión sobre las finanzas públicas”.
Riesgo serio para Yucatán
El diputado Gaspar Quintal Parra, presidente estatal del PRI, también considera que el riesgo para Yucatán debe tomarse en serio, particularmente si la menor recaudación del ISR termina repercutiendo en la Recaudación Federal Participable y, con ello, en las participaciones que reciben las entidades federativas.
También plantea que el gobierno del Estado debería comenzar desde ahora a preparar escenarios de contingencia para saber cómo responder ante una eventual reducción de ingresos, en lugar de esperar a que el problema se refleje directamente en el presupuesto.
El priista advierte que una menor disponibilidad de recursos podría terminar presionando al gobierno estatal para reducir gastos, contratar deuda o buscar mayores ingresos mediante impuestos y derechos, alternativas que, dice, no deberían plantearse como primera respuesta.
“Sería muy cómodo que ante una menor recaudación federal el gobierno simplemente pasara la factura a las familias y empresas yucatecas”.
Larissa Acosta comenta que el problema de fondo requiere una revisión del sistema fiscal y una distribución distinta de las cargas tributarias.
“Consideramos que lo que realmente necesita Yucatán y México para superar el déficit financiero —es decir, cuando el gasto público supera los ingresos disponibles— es una verdadera reforma fiscal que se centre en una distribución más justa de las cargas tributarias, donde quienes tienen mayor capacidad económica contribuyan en mayor medida y se fortalezca el combate a la evasión fiscal”.
Sin embargo, la diputada emecista precisa que las principales modificaciones al sistema tributario federal corresponden al Congreso de la Unión, por lo que una parte importante de esta discusión se encuentra fuera del ámbito estatal.
Los legisladores coinciden en que antes de considerar un incremento de impuestos, derechos u otras contribuciones estatales tendría que revisarse el gasto gubernamental y buscar una mayor eficiencia en la recaudación sin aumentar las tasas.
Familias yucatecas ya sufren los incrementos
Torres Peniche recalca que las familias y las empresas ya enfrentan incrementos en sus costos, por lo que trasladarles mediante nuevos impuestos un eventual problema de las finanzas públicas podría tener efectos sobre el consumo, la inversión y la generación de empleos.
“No creemos que la primera respuesta ante una posible disminución de ingresos federales deba ser cobrarle más a los yucatecos. Antes de pensar en aumentar impuestos, derechos o contribuciones, el gobierno debe demostrar que está haciendo un esfuerzo serio por hacer más eficiente su gasto, reducir aquello que no sea indispensable, mejorar su recaudación sin crear nuevas cargas y combatir la evasión y el rezago”.
Quintal Parra apunta, en términos similares, que antes de aumentar la carga fiscal se deben revisar gastos que no sean indispensables para la operación del gobierno.
“Antes de pensar en nuevos impuestos o aumentar derechos, hay que recortar gasto superfluo, banquetes, viajes, camionetas de lujo, burocracia, comunicación social y programas que no acrediten resultados”.
Larissa Acosta también plantea que, ante una eventual presión fiscal, no debería trasladarse de manera directa el costo a las familias y a las pequeñas empresas. “Lo primero sería evitar que la salida fácil sea aumentar impuestos al consumo o trasladar el costo del ajuste directamente a las familias y a las pequeñas empresas”.
Su propuesta se concentra en tres frentes: gasto público, recaudación y protección de la actividad económica.
“Si existe una presión fiscal, propondríamos una estrategia de tres vías: hacer más eficiente el gasto público, mejorar la recaudación y proteger la capacidad de consumo y de generación de empleos”.
Reducción presupuestal
Otro punto de coincidencia entre ambos diputados es el rechazo a que una eventual reducción presupuestal comience por los servicios que tienen un impacto directo en la población.
Torres Peniche puntualiza que, ante una disminución de ingresos, el gobierno tendría que establecer prioridades y diferenciar entre los servicios esenciales y aquellos gastos administrativos que pueden ser revisados.
“No puede tratar de la misma manera un medicamento, una patrulla, el suministro de agua potable o una escuela que un gasto administrativo, publicidad, consultorías o estructuras burocráticas que puedan revisarse”.
Entre las áreas que considera están salud, educación, seguridad pública, agua potable, movilidad y programas sociales dirigidos a quienes realmente los necesitan.
Asimismo, enfatiza que deberían protegerse las inversiones destinadas a resolver problemas estructurales y aquellas obras cuya suspensión pudiera terminar generando mayores costos para el Estado.
Por su parte, Quintal Parra incluye entre los rubros que no deberían tocarse la compra de medicamentos, la seguridad, la atención materno-infantil, la protección de mujeres, niñas y niños, la infraestructura básica y los servicios municipales.
Larissa Acosta también declara como prioritarios los servicios públicos que tienen una incidencia directa en la población.
“Ante una eventual reducción de los recursos federales, nuestra postura sería muy clara: no podemos permitir que el ajuste termine pagándolo la ciudadanía con menos servicios públicos, menos salud, menos educación o menos programas para quienes más los necesitan”.
La diputada considera que cualquier ajuste debería comenzar por aquellos gastos que no tienen un impacto directo en los servicios públicos.
“Si hay que hacer ajustes, primero tenemos que revisar el gasto superfluo, los privilegios, la burocracia innecesaria y cualquier espacio de gasto que no esté dando resultados. Esa ha sido una posición constante de Movimiento Ciudadano: austeridad sí, pero austeridad sobre los privilegios y el despilfarro, no sobre los derechos de las personas”.
En cuanto a los programas y servicios que deberían protegerse, menciona salud, medicamentos, educación, seguridad, agua y atención a grupos en situación de vulnerabilidad. En contraste, plantea revisar el gasto administrativo cuando existan duplicidades o gastos que puedan reducirse sin afectar la prestación de servicios.
Los legisladores también coinciden en que no sería conveniente aplicar recortes generales únicamente para equilibrar las cuentas.
Torres Peniche considera que los programas deben analizarse uno por uno y conservar aquellos que demuestren resultados.
Quintal Parra indica que cualquier ajuste tendría que comenzar con una revisión del aparato gubernamental antes de afectar servicios destinados directamente a la población.
Frente a una eventual presión sobre los ingresos, las propuestas de ambos legisladores se concentran en mejorar la eficiencia recaudatoria, combatir la evasión y el rezago y revisar el gasto corriente, sin trasladar de manera inmediata el problema a los contribuyentes.
Torres Peniche plantea ampliar la base de contribuyentes, simplificar trámites y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, en lugar de incrementar las tasas para quienes ya cumplen. También pide especial atención para las micro, pequeñas y medianas empresas, debido a su sensibilidad ante aumentos en derechos, trámites y costos regulatorios.
Quintal Parra propone fortalecer la recaudación propia sin aumentar tasas, combatir la evasión, reducir el gasto corriente innecesario, proteger la inversión productiva y apoyar a las pequeñas empresas mediante simplificación y menores cargas administrativas.
Larissa Acosta también propone facilitar la incorporación de negocios a la formalidad como parte de una estrategia para mejorar los ingresos, pero sin aumentar las cargas para las empresas.
“Por un lado, hay que revisar el gasto que no es prioritario, eliminar duplicidades y fortalecer la transparencia para que cada peso público tenga resultados. Por otro, debemos combatir la evasión fiscal, es decir, las prácticas ilegales mediante las cuales se busca evitar el pago de impuestos, y facilitar que más negocios puedan incorporarse a la formalidad, en lugar de generarles más cargas y trámites”.
En ambos casos, la transparencia aparece como una de las principales exigencias al Ejecutivo estatal.
Torres Peniche asevera que, antes de tomar decisiones sobre impuestos o recortes, el gobierno debería informar al Congreso cuánto esperaba recibir por participaciones federales, cuánto ha recibido efectivamente y cuál sería el faltante estimado al cierre del año.
“Si existe un riesgo real de disminución de participaciones federales, el Ejecutivo debería presentar al Congreso escenarios financieros: cuánto se esperaba recibir, cuánto se ha recibido, cuál sería el faltante proyectado al cierre del año y qué medidas concretas propone para enfrentarlo. No podemos comenzar hablando de cobrar más o recortar servicios sin conocer primero el tamaño real del problema”, expresa.
Torres Peniche recuerda que el gobierno del Estado anunció, el pasado viernes 4 de septiembre, un “ajuste presupuestario preventivo” y el llamado Ambiente Controlado para contener compromisos en servicios personales, bajo el argumento de garantizar un cierre financiero ordenado de 2026.
Para el coordinador panista, este antecedente hace necesario conocer si la administración estatal ya estaba anticipando presiones presupuestales y, en su caso, cuál es la magnitud de esas presiones.
“Hay una pregunta que le haría al gobierno: ¿cuánto está recibiendo efectivamente Yucatán de participaciones contra lo calendarizado para 2026 y cuál sería la estimación de cierre? Esa comparación nos permitiría pasar de una preocupación nacional a calcular el riesgo concreto en pesos para Yucatán”, planteó.
Señal de alerta
El legislador priista remarca que la caída del ISR es una señal de alerta que Yucatán no puede ignorar.
“Todavía no significa que mañana vayan a disminuir en la misma proporción las participaciones, pero sería irresponsable esperar a que el problema llegue para reaccionar”, afirma.
En tanto, el panista llama a mantener prudencia y a determinar primero el impacto real que pueda tener la menor recaudación federal sobre las finanzas estatales.
“Si hay que apretarse el cinturón, el primer cinturón que debe apretarse es el del gobierno, no el de los yucatecos”, remata el diputado panista.