La solicitud de derecho de réplica que el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy) envió a Diario de Yucatán (Aclaración del Insejupy) confirma datos registrales y notariales relacionados con reciente compraventa de terrenos en San Antonio Poxilá, Umán, documentada en una investigación del Diario.
La respuesta de la autoridad reconoce la existencia de un asiento registral por $2,418.5 millones, señala que contenía una inconsistencia respecto de la escritura pública y confirma que posteriormente se solicitó rectificar el importe global de la operación.
Sin embargo, las precisiones registrales no resuelven las preguntas —sobre los motivos de la adquisición, el uso de recursos públicos y los criterios empleados para seleccionar los terrenos— que le planteó esta casa editorial al gobierno del Estado desde el lunes 5 de octubre.
Insejupy reconoce una inconsistencia registral
De acuerdo con la réplica que envía el Insejupy al Diario, el 13 de agosto de 2025 se otorgó la Escritura Pública número 682 ante el Notario Público número 67 de Mérida. Mediante ese instrumento, el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (Inccopy) formalizó la compraventa de seis inmuebles rústicos pertenecientes al empresario José Antonio Loret de Mola Gómory, ubicados en San Antonio Poxilá, Umán.
El Insejupy reconoce que en la base de datos del Registro Público de la Propiedad figuraba el asiento de reserva de dominio número 1161426, por $2,418,526,154.40.
La institución atribuye esa cantidad a una “inconsistencia material objetivamente verificable” entre el asiento registral y la escritura pública matriz.
En el caso del tablaje catastral 6961-D, la autoridad confirma una superficie de 71,254.44 metros cuadrados y un precio individual pactado de $18,526,154.40.
Asimismo, informa que la reserva de dominio fue cancelada el 8 de junio de 2026, mediante la inscripción número 1193175, derivada de la Escritura Pública 466.
Posteriormente, el 7 de octubre de 2026, el Notario Público número 67 solicitó la rectificación del asiento para establecer el importe global de la compraventa de los seis tablajes en $245.156,090.40.
El Insejupy sostiene que el monto legalmente válido es el consignado en la escritura matriz y no el que aparecía en el asiento registral objeto de la rectificación.
¿Qué ha informado el gobierno del Estado?
En su postura sobre las operaciones en Poxilá, la vocería del gobierno del Estado sostuvo que las publicaciones periodísticas eran falsas y afirmó que durante 2025 y 2026 se realizaron dos compraventas por un total de $627.2 millones, correspondientes a 290.27 hectáreas.
Según esa explicación, únicamente 56.5 hectáreas, valuadas en $125.3 millones, fueron donadas al proyecto del Tren Maya de carga, mientras que las 233.77 hectáreas restantes quedaron como reserva territorial del Estado para futuros proyectos de inversión.
El gobierno también aclaró que la operación realizada el 13 de agosto fue cancelada, como informó Diario de Yucatán el 9 de octubre.
Sin embargo, la cancelación de una operación y la rectificación de un asiento registral no responden por sí mismas todas las interrogantes sobre la adquisición de los terrenos, sus costos y el destino de los recursos públicos involucrados.
La investigación periodística cuestionó que el gobierno comprara terrenos a particulares a un costo promedio de $260 por metro cuadrado, frente a valores catastrales reportados de $50 o $100 por metro cuadrado, y que después donara una parte al proyecto federal del Tren Maya de carga.
También preguntó por qué se optó por la compraventa y no por la expropiación, mecanismo empleado en otros casos relacionados con el proyecto ferroviario.
Preguntas que siguen sin respuesta
A casi dos semanas de publicada la primera información sobre el caso, siguen sin resolverse las principales dudas que se han planteado al respecto.
Las preguntas principales son sobre cuánto dinero público se ha destinado a estas adquisiciones, bajo qué criterios se ejerció y qué beneficios concretos recibirá la población de Yucatán.
La réplica del Insejupy aporta precisiones sobre los registros y los instrumentos notariales. No obstante, para esclarecer el conjunto de las operaciones todavía se requiere información detallada sobre las decisiones de compra, las valuaciones, el origen de los recursos y el destino de los terrenos adquiridos.— MEGAMEDIA