Pedro comenzó a cotizar en el IMSS el 30 de junio de 1997. Un día después, el 1 de julio, lo hizo Alejandro. Ambos tenían la misma edad, ganaban el salario mínimo y trabajaron durante décadas en la misma empresa, sin recibir aumentos salariales mayores que los incrementos al salario mínimo. Sus vidas estuvieron marcadas por un esfuerzo laboral similar, pero lo que ninguno imaginaba era que un solo día de diferencia en su incorporación al Seguro Social marcaría una distancia enorme en las reglas que determinarían su pensión.
Pedro pertenece al régimen de transición y puede pensionarse conforme a la Ley del Seguro Social de 1973. Alejandro, en cambio, quedó sujeto a la Ley de 1997, con reglas distintas y una pensión que dependerá principalmente de los recursos acumulados en su cuenta individual administrada por una Afore.
Imaginemos ahora que Pedro, al acercarse al retiro, descubre la Modalidad 40, una opción que le permite continuar cotizando voluntariamente para mejorar las condiciones de su futura pensión. Decide aprovecharla y, durante cinco años, paga las cuotas correspondientes al salario máximo permitido por las reglas aplicables, utilizando incluso un crédito para reunir el dinero. Alejandro, en cambio, llega a esa etapa con los recursos acumulados durante su vida laboral y con los derechos que le corresponden conforme a su régimen.
Rendimientos
Para entender la diferencia, hagamos un ejercicio con números sencillos, sin considerar los aumentos de la UMA ni los rendimientos o tasas de interés. Las cifras nos ayudarán a comparar lo aportado con lo que podría recibirse durante la jubilación.
Bajo las reglas anteriores a los cambios recientes en las cuotas de la Modalidad 40, Pedro podía elegir como salario de cotización hasta el equivalente a 25 UMA en 2026, ese límite representa aproximadamente 89 mil pesos mensuales. Para cotizar con ese salario, la cuota que tendría que aportar sería de alrededor de 12,872 pesos al mes. Durante cinco años, Pedro habría aportado aproximadamente 772 mil pesos a la Modalidad 40.
Supongamos que, después de cumplir los requisitos correspondientes, Pedro obtiene una pensión de 40 mil pesos mensuales. Si se pensiona a los 65 años, al terminar el primer año habrá recibido 480 mil pesos. En dos años, la suma ascendería a 960 mil pesos. Es decir, en apenas dos años podría haber recibido una cantidad superior a los aproximadamente 772 mil pesos que aportó durante los cinco años de Modalidad 40.
Si Pedro vive diez años después de jubilarse, habrá recibido 4 millones 800 mil pesos en pensiones; si vive veinte años, la cifra alcanzará los 9 millones 600 mil pesos. Incluso considerando las aportaciones de toda su vida laboral, lo que logró acumular resulta modesto frente a los recursos que recibirá durante su retiro.
Entonces, es inevitable preguntarse, ¿de dónde saldrá el dinero para pagar una pensión de ese monto durante tantos años?
La realidad es que esos recursos no provienen exclusivamente de lo que Pedro aportó durante toda su vida laboral ni de sus contribuciones a la Modalidad 40. La diferencia debe financiarse con los recursos que sostienen el sistema de pensiones y, cuando estos resultan insuficientes, con recursos públicos provenientes de los impuestos que pagamos todos.
En el caso de Alejandro, quien cotiza bajo la Ley de 1997, su pensión podría ser cercana a la mínima garantizada y hasta inferior a la cuarta parte de la que recibirá Pedro, pese a haber trabajado el mismo tiempo. Ambos dedicaron su vida al trabajo, pero un solo día marcó una diferencia enorme en su futuro.
Carga multimillonaria
Llevemos el caso de Pedro a otra escala. Si miles de mexicanos hicieran lo mismo que él, el costo para el Estado podría convertirse en una carga multimillonaria que presionaría las finanzas públicas. Y los recursos que hicieran falta terminaríamos pagándolos todos, con nuestros impuestos y con el dinero que dejaría de destinarse a hospitales, escuelas y servicios públicos.
Los cambios a la Modalidad 40, que si bien no afectan a quienes ya estaban inscritos, sí modifican las condiciones para quienes esperaban incorporarse, eran previsibles; incluso podría decirse que la revisión llegó tarde. No pretendo entrar en la discusión sobre la legalidad del acuerdo del Consejo Técnico del IMSS, sino abordar otro aspecto que también merece nuestra atención: ¿es justo mantener un esquema como este cuando no existen recursos suficientes para garantizar su sostenibilidad?
Porque el dinero no aparece de la nada. Una pensión que se recupera en dos años de retiro, después de cinco años de aportaciones, no es un milagro financiero; es una diferencia que alguien más tendrá que financiar. Esto ocurre con la Modalidad 40, con las pensiones millonarias y con las jubilaciones después de 30 años de servicio. No se trata de negar derechos, sino de preguntarnos si podemos sostener estos esquemas sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Es cuestión de aritmética básica.
Entiendo a quienes se sienten agraviados, a quienes quizá esperaban aprovechar los beneficios que estaban vigentes. Su molestia es legítima. Pero que una regla sea legal no significa necesariamente que sea justa ni sostenible a lo largo de las generaciones. Porque un derecho que solo puede sostenerse a costa de los demás termina convirtiéndose en una deuda que alguien más tendrá que pagar.
Transparentar costos
Por eso necesitamos la valentía de revisar el sistema de pensiones, transparentar sus costos y corregir lo que no sea sostenible, protegiendo los derechos legítimos de todos los trabajadores. Necesitamos, también, dejar atrás una visión en la que solo importa lo que cada quien puede obtener, sin considerar lo que eso cuesta a los demás.
La solidaridad intergeneracional consiste en asumir una responsabilidad compartida para planear la vejez de todos. Quienes ya están pensionados merecen vivir con dignidad. Quienes están por pensionarse merecen certeza. Pero quienes aún no llegan a esa etapa también tienen derecho a exigir un sistema sostenible.
La justicia no puede limitarse a defender lo que nos beneficia, ni a exigir que las reglas permanezcan intactas solo porque nos favorecen. También exige mirar a esos jóvenes y niños que hoy no pueden reclamar, pero que algún día llegarán a la vejez y merecen encontrar un sistema de pensiones que les permita vivir con tranquilidad.— Mérida, Yucatán
marisol.cen@kookayfinanzas.com
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Profesora universitaria y consultora financiera