La información sobre contrataciones públicas en Yucatán es incompleta, inconsistente y difícil de rastrear, advirtió Lizbeth Estrada Osorio, coordinadora de Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) en el estado.
“No basta con publicar los datos: deben encontrarse, entenderse y utilizarse”, afirmó.
De 2,863 registros revisados, 38.9% carecía de proveedor identificable. Además, 1,933 nombres se homologaron en 1,511, porque una misma empresa aparecía registrada de distintas formas. Incluso un contrato por 326,911 pesos figuraba como de 326.9 millones.
Estas fallas, explicó, no prueban corrupción, pero encienden alertas sobre adjudicaciones directas, posibles fraccionamientos, empresas fantasma y operaciones simuladas.
Plataforma ciudadana
Los hallazgos se conocieron gracias a la plataforma datos.contralacorrupción.mx, elaborada por Mexicanos contra la Corrupción y Política Colectiva ante la inexistencia de un portal estatal de contrataciones. La herramienta fue presentada el pasado martes en Mérida, en un evento al que asistió la dirigente de Cimtra.
Ante esa carencia, la base se reconstruyó a partir de la Plataforma Nacional de Transparencia, solicitudes de información y el portal de los Servicios de Salud, dijo.
Para Lizbeth Estrada Osorio, el trabajo de ambas organizaciones es relevante por tres razones.
- La primera: señala dónde están los problemas en la revisión de cuentas, en la trazabilidad de los contratos y en la calidad de lo que se sube a la plataforma nacional; es decir, si los datos publicados son consistentes y exactos.
- La segunda: ordena la información y permite revisar de forma accesible cómo se contrata, además de identificar patrones que dan pie a preguntar e investigar.
- La tercera: “Nos demostraron que desde la sociedad civil se puede hacer lo que los sujetos obligados aún no han desarrollado: la transparencia que la ley manda para rendir cuentas a la ciudadanía”.
Resulta paradójico, comentó, que organizaciones especializadas necesiten meses para localizar, documentar y verificar datos que por ley deben estar disponibles.
“Imaginemos la asimetría de información que existe para la ciudadanía en general”, planteó, lo que indica que el derecho de acceso a la información no está garantizado de manera equitativa e igualitaria.
Como ejemplo de las inconsistencias, presentó cifras ordenadas según los atributos que debe tener la información, los mismos con los que se revisaron Yucatán y Jalisco.
La primera característica es que sea completa: de 2,863 registros, 38.9% quedó sin proveedor identificable, lo que equivale a 23% del monto de la administración centralizada en el estado.
La información también debe ser consistente. Los 1,933 registros de proveedores se homologaron en 1,511 porque el mismo proveedor aparecía de distintas maneras, y se corrigieron 194 montos. El caso que más le impactó fue el de un contrato registrado por 326.9 millones de pesos cuando el documento indica 326,911: hay una gran diferencia de millones a solo miles.
“Imagínense el error tan grande de captura en esa información. No necesariamente es corrupción, pero de alguna manera esto enciende las alarmas sobre la trazabilidad y la calidad de la información. Con estos datos se pueden formular muchas hipótesis”, planteó.
Otro ejemplo es que el monto de las adjudicaciones directas no necesariamente corresponde al importe de los contratos. Puede haber pocos contratos adjudicados por licitación pública que concentren, sin embargo, más de 80% del presupuesto.
Ante ello, dijo, cabe investigar si los contratos se están fraccionando. “En los escándalos de corrupción que todos hemos visto, generalmente hay fraccionamiento de los contratos, empresas fantasma, entre otras cosas”, sostuvo.
Derecho en papel
La Constitución exige información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos, recordó, y no basta con que esté publicada: debe poder encontrarse, entenderse y usarse. Cuando falta el proveedor, el enlace no abre o el monto no coincide con el contrato, el derecho existe en el papel, pero se limita en la práctica.
“Y cuando el acceso depende de pedir lo que se debió haber publicado, el derecho deja de ser una garantía y se convierte en un trámite”, afirmó.
El estudio también muestra la necesidad de reforzar el diseño institucional; es decir, definir quién captura, quién valida, quién publica y quién verifica, planteó.