La corrupción no se combate únicamente encarcelando a quienes cometen actos indebidos, sino evitando que las instituciones permitan que se repitan, advirtió el doctor Mauricio Merino Huerta, director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (Iirccc) de la Universidad de Guadalajara.
Esto lo dijo durante la presentación del quinto informe sobre el combate a la corrupción en México, realizada en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).
El investigador sostuvo que el problema no radica solo en quienes cometen actos de corrupción, sino también en las condiciones institucionales que permiten que los puestos públicos, los presupuestos, las decisiones, la información y las sanciones queden bajo el control de grupos de poder.
Tras cinco años de investigación, explicó, se ha documentado cómo las instituciones creadas para combatir este fenómeno han perdido capacidad para cumplir con sus responsabilidades, al quedar cooptadas por intereses políticos.
Huachicol fiscal
Como ejemplo citó los casos de huachicol fiscal y las acusaciones contra funcionarios porque, a su juicio, castigar a una persona no modifica por sí mismo las condiciones que hicieron posible el delito.
También criticó las decisiones del actual gobierno federal, en particular la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyas funciones, dijo, quedaron en manos de las contralorías internas de las propias dependencias que generan la información.
Para el investigador, esto representa un retroceso, pues las mismas instituciones que producen los datos participan ahora en la decisión sobre qué información se hace pública.
Además, cuestionó los cambios en el Poder Judicial y sostuvo que la elección de sus integrantes mediante el sistema de “acordeones” favoreció una nueva distribución de espacios de poder.
Partido en el gobierno
En cuanto a Morena, afirmó que el cambio de partido en el gobierno no ha significado la desaparición de las prácticas de corrupción.
Durante distintos regímenes, recordó, se ha repetido la idea de que basta con quitar a los considerados malos y colocar a los buenos, cuando en realidad se reproduce la misma lógica de apropiación de las instituciones.
“Hoy está Morena, ¿y saben qué hacen? Sigue creciendo (la corrupción), sigue igual”, expresó.
Para Merino Huerta, la corrupción no se limita al robo de recursos públicos: implica utilizar los cargos para ampliar el poder político, favorecer a grupos cercanos y establecer alianzas.
Incluso advirtió que estas prácticas facilitan el crecimiento del crimen organizado, cuyos integrantes han encontrado en el financiamiento de campañas electorales y la compra de políticos una vía menos costosa que recurrir constantemente a la violencia.
Según el académico, el documento no mide la percepción de este fenómeno, sino las capacidades y los resultados de las instituciones responsables de combatirlo.
Informe con datos
Para ello, el informe incluye anexos estadísticos que reúnen más de siete millones de datos oficiales, verificados y abiertos a la consulta pública en el sitio combatealacorrupcion.mx.
El trabajo es resultado también de la colaboración de la Red por la Rendición de Cuentas y del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas, que agrupa a más de 260 investigadores del país.
Durante los comentarios al informe, la maestra Lizbeth Estrada Osorio, integrante de la comunidad Cimtra Yucatán, planteó que la corrupción debe entenderse también por las consecuencias que tiene en la vida cotidiana de las personas.
Uno de los principales aportes del estudio, destacó, es que analiza qué ocurrió con las funciones de las instituciones que desaparecieron o fueron modificadas, en lugar de limitarse a contabilizar los organismos eliminados.
El cambio de estructuras no garantiza que las nuevas dependencias tengan las capacidades necesarias para cumplir con sus responsabilidades, advirtió.
La representante de la sociedad civil consideró que estas deficiencias afectan a quienes denuncian irregularidades, pues cuando no reciben respuesta sobre sus casos se fortalece la percepción de que no hay consecuencias para quienes cometen faltas.
