La corrupción no terminó con la llegada de Morena al poder. Por el contrario, algunos de los escándalos conocidos durante sus gobiernos son mayores por los recursos involucrados y más graves por sus alcances, advirtió Mauricio Merino Huerta, director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (Iirccc).
Al mismo tiempo, subrayó, las instituciones encargadas de fiscalizar el ejercicio del poder han perdido capacidad para cumplir sus funciones.
El exconsejero electoral afirmó que los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo han convertido el combate a la corrupción en una confrontación ideológica, basada en presentar a sus adversarios como corruptos y atribuir honestidad a quienes pertenecen al grupo gobernante.
“La corrupción no ha terminado, es obvio. Y los casos de corrupción que hoy tenemos son mucho más grandes por su monto y más graves por sus alcances que en el pasado”, sostuvo.
El huachicol fiscal, apuntó, es uno de los casos que muestran la magnitud de la corrupción en el país.
Escala en el Diario antes de presentar un informe en Mérida
El doctor Merino Huerta visitó el edificio central de Diario de Yucatán el martes pasado, poco antes de presentar, durante un encuentro en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), el quinto informe sobre el combate a la corrupción en México.
El informe, como ya publicamos, fue elaborado por el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, una unidad de la Universidad de Guadalajara, y es resultado también de la colaboración de la Red por la Rendición de Cuentas y del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas.
Buenos y malos en la lógica de los gobiernos de Morena
Durante una entrevista en su visita a esta casa editorial, Merino Huerta consideró que uno de los problemas más graves de los últimos años ha sido la ideologización de la lucha contra la corrupción, porque desvía la atención de las condiciones institucionales que permiten apropiarse de los recursos y las decisiones públicas.
Bajo esa visión, añadió, la corrupción se presenta como un problema de individuos que puede “resolverse” sustituyendo a los considerados malos por quienes se proclaman buenos.

“¿Y quiénes son los malos? Pues los otros, los adversarios. ¿Y quiénes son los buenos? Pues nosotros, los que creemos en el partido, los que invocamos nuestra ideología”, enfatizó, en alusión al pensamiento que difunde el grupo en el poder.
El académico señaló que esa interpretación ha estado presente en los discursos de los dos gobiernos federales de Morena, particularmente en la expresión “no somos iguales”, utilizada para establecer una distinción moral frente a sus adversarios políticos.
“Captura” de las instituciones públicas para obtener beneficios
Sin embargo, sostuvo que el verdadero origen de la corrupción es la captura de las instituciones públicas por grupos políticos y particulares que utilizan los cargos, presupuestos y contratos gubernamentales para obtener beneficios.
Ese mecanismo, apuntó, se completa cuando quienes controlan los cargos y los recursos también adquieren capacidad para decidir qué información se divulga, a quién se investiga y quién recibe una sanción.
En ese contexto, consideró especialmente preocupante la desaparición de organismos autónomos y el debilitamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, que, según afirmó, ha terminado sirviendo para controlar la información pública y los mecanismos sancionadores, en lugar de garantizar una vigilancia efectiva del poder.
Control de la información y de los procesos sancionadores
De acuerdo con el investigador, la erosión de las instituciones encargadas de combatir la corrupción en México ha dejado a los ciudadanos con escasas garantías para conocer cómo se utilizan los recursos públicos.
Además, añadió, los cambios institucionales de los últimos años no han fortalecido la vigilancia del ejercicio del poder, sino que han favorecido su concentración.
“El diseño institucional no ha cambiado para mejorar, sino más bien para controlar el acceso a la información y para controlar el proceso de sanciones. Son las dos cosas que más les interesan a los gobiernos”, afirmó.
También sostuvo que el Sistema Nacional Anticorrupción no ha cumplido sus objetivos porque los gobiernos no han tenido voluntad política para permitir su funcionamiento.
“No ha funcionado porque no han querido que funcione. Nuestros informes prueban de manera muy elocuente eso”, manifestó.

Desapareció el INAI y ahora el gobierno se “controla” a sí mismo
El exconsejero del Instituto Federal Electoral (IFE, ahora INE) señaló que la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) representó uno de los cambios más importantes en la estructura institucional que durante años se construyó para garantizar el derecho ciudadano a conocer la actuación de las autoridades.
Con la extinción del organismo autónomo, explicó, las funciones de garantía del acceso a la información fueron redistribuidas dentro de una estructura gubernamental en la que las propias dependencias participan en los mecanismos encargados de supervisarlas.
“Las propias dependencias, para decirlo en una sola fórmula, se controlarían a sí mismas a través de sus oficinas internas de control”, expresó.
A esta transformación se suman los cambios en el Poder Judicial, la Secretaría de la Función Pública —ahora Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno—, la Auditoría Superior de la Federación y las instancias responsables de investigar y sancionar actos de corrupción.

El Sistema Anticorrupción, víctima de la falta de respaldo
El investigador también cuestionó el debilitamiento del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, al que consideró una de las principales víctimas de la falta de respaldo institucional.
Dijo que el organismo fue perdiendo influencia porque las autoridades no atendían sus planteamientos, sus integrantes carecieron de suficiente capacidad de convocatoria y, además, se enfrentaron a obstáculos impuestos desde el poder.
“Imagínese la hostilidad del régimen, que prefirió dejar prácticamente morir al Comité de Participación Ciudadana”, puntualizó.
Merino Huerta consideró que las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum no han otorgado al Sistema Nacional Anticorrupción el impulso necesario para cumplir sus funciones.
Sobre el gobierno anterior, afirmó que López Obrador nunca creyó en ese mecanismo, aunque tampoco decidió desaparecerlo formalmente.
En cuanto a la actual administración, señaló que esperaba un fortalecimiento de las instituciones después de las reformas impulsadas al comienzo del sexenio, pero esa expectativa no se ha cumplido.
Un sistema que se utiliza para fines del oficialismo
Como ejemplos de las dificultades operativas del sistema mencionó la falta de participación de la Auditoría Superior de la Federación en sus reuniones y la insuficiencia de recursos para la fiscalía especializada en el combate a la corrupción.
“Es triste, pero lo que yo advierto como investigador es que el sistema anticorrupción ha servido para que el gobierno controle qué información se provee y cuál no”, declaró.
También cuestionó los mecanismos de rendición de cuentas aplicables a los recursos públicos administrados por las fuerzas armadas, cuyo volumen, destacó, es considerable.
A su juicio, el problema se extiende al ejercicio de las facultades sancionadoras, que pueden utilizarse con propósitos políticos en lugar de servir exclusivamente para prevenir y castigar actos de corrupción.
Obtención de cargos como recompensa y manejo del presupuesto
Más adelante subrayó que el problema de fondo de la corrupción en México no se limita al desvío de dinero público, sino a la apropiación de las instituciones por grupos políticos y particulares que buscan obtener beneficios económicos.
“El origen de la corrupción es la captura de lo público”, afirmó.

Explicó que ese proceso comienza cuando los cargos públicos se distribuyen como recompensas políticas y continúa con la asignación discrecional de presupuestos, contratos y decisiones administrativas.
“Con los puestos viene la asignación de presupuestos. O sea, puestos y presupuestos. Deciden a dónde se va el dinero con la misma discrecionalidad”, expuso.
Para algunos grupos las campañas electorales son “inversión”
Según el doctor en Ciencia Política y Sociología, el mecanismo se completa cuando los mismos grupos que ejercen el poder pueden decidir qué información se divulga y quiénes son investigados o sancionados.
“Deciden qué información se provee y deciden a quién se sanciona y a quién se perdona”, advirtió.
Afirmó que hay actores privados que consideran las campañas electorales una inversión de la cual esperan obtener rendimientos mediante contratos, autorizaciones y otros beneficios gubernamentales.
También alertó sobre la participación de organizaciones criminales en el financiamiento político, que describió como una vía para obtener protección y ampliar sus actividades ilícitas.
Propuesta de reformas sin cambios sustantivos
El académico se refirió a la propuesta de reforma al Sistema Nacional Anticorrupción que promueve el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara Baja.
Entre los planteamientos, explicó, se encuentran la desaparición del actual Comité de Participación Ciudadana, la creación de un consejo consultivo y la transferencia de la presidencia del sistema a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Esto último significaría, indicó, colocar la conducción del sistema en manos de una dependencia del Poder Ejecutivo.
Aunque reconoció que algunas propuestas buscan introducir ajustes operativos, consideró que no representan cambios sustantivos en los mecanismos de combate a la corrupción.
“No hace cambios sustantivos, la verdad, y dice que hay que fortalecer lo que ya tenemos, pero eso está por verse”, manifestó.
La sociedad, llamada a recuperar su capacidad de exigencia
Frente a este escenario, Merino Huerta recalcó que la recuperación de los mecanismos de vigilancia pública no puede depender únicamente de los partidos políticos o de las instituciones gubernamentales.
Consideró indispensable que la sociedad recupere su capacidad de organización y exigencia, actualmente debilitada como se refleja en la fragmentación de organizaciones sindicales, campesinas y empresariales, entre otras.
La defensa de los derechos y la vigilancia del poder, indicó, requieren una ciudadanía consciente de que los beneficios sociales no son concesiones personales de los gobernantes, sino derechos que pueden exigirse.
También llamó a recuperar el valor de la legalidad como instrumento para enfrentar los abusos de autoridad.
“Sí necesita México una revolución, pero no una revolución armada, sino una revolución legal, hacer cumplir la ley”, concluyó.
