El exgobernador Roberto Borge

CIUDAD DE MÉXICO.— Faltan siete días para la quincena, es 23 de marzo de 2016, y en las instalaciones de la compañía transnacional Pochteca, en Ciudad de México, se prepara el pago a sus trabajadores. Así inicia el reportaje “Los piratas de Borge: el saqueo de bienes institucionalizado en Quintana Roo”, del portal electrónico expansion.mx.

El tesorero de la empresa intentó sin éxito hacer las transferencias electrónicas. Habla al banco donde tiene depositado el dinero de la nómina y la noticia que le dan lo deja pasmado: su cuenta bancaria está congelada.

Pochteca es una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Se especializa en la distribución de papel, cartón, químicos y lubricantes en más de 500 ciudades de Latinoamérica.

Ante el problema, el encargado de los pagos intenta hacer la operación con otra cuenta y sucede lo mismo.

El director de la empresa indaga y se entera que las cuentas fueron inmovilizadas por orden de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Cancún. En un juicio laboral del cual no estaban enterados se falló contra la empresa.

“Fuimos a la Junta de Conciliación a pedir copia del expediente y nos dijeron que estaba ‘extraviado’; intentamos interponer un amparo y el juez nos pedía que le lleváramos copia del expediente. Tuvimos que llevar a un notario a que diera fe de que el expediente no lo tenían en la Junta… logramos el amparo y nos dieron acceso a él, pero era demasiado tarde, de nuestras cuentas ya habían retirado dinero para cobrar los laudos”, narra el director Armando Santacruz.

En marzo y abril de 2016, a Pochteca le fueron inmovilizadas siete cuentas bancarias y retirados casi 5 millones de pesos producto de dos juicios laborales radicados en la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje Número 1, bajo el expediente 072/2014 y de la Junta Especial Número 2, con el expediente 1098/214. Ambas ubicadas en Cancún.

Pochteca, según Santacruz, fue víctima de un juicio laboral amañado donde se violó su derecho a audiencia, ya que nunca fueron notificados para defenderse. Tampoco se les informó del fallo del juicio que los condenaba al pago de una indemnización millonaria.

Caso similar

De manera similar a las acusaciones de Pochteca, la desarrolladora Planigrupo sufrió la congelación de sus cuentas de la Junta de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún el 10 de mayo de este año.

Según fuentes conocedoras del caso que solicitaron el anonimato, cuando los abogados de la compañía solicitaron el expediente la Junta se habría negado a compartirlo.

Una semana después, la Junta tomó 2.2 millones de pesos de sus cuentas. Al día de hoy la compañía sigue sin recibir el expediente del caso, en el cual pudieron saber por otras fuentes que el laudo nació de una denuncia de 2011, cuando la empresa no existía en Quintana Roo.