CHILPANCINGO.— Azucena Abarca Vargas, de 17 años, fue localizada ayer degollada al interior de una camioneta y junto a su hija recién nacida en calles de Chilapa.
La víctima fue reportada como desaparecida desde el miércoles 24, luego de que presuntos policías estatales se llevaron por la fuerza a su esposo Luis Gustavo Rodríguez Maldonado, quien apareció ejecutado y calcinado el jueves pasado, con otro hombre, también en Chilapa.
Los informes refieren que ayer sobre la calle 9 oriente del barrio de San José en Chilapa, fue localizada una camioneta gris Nissan doble cabina y en su interior el cuerpo de una mujer degollada y a su lado una hielera donde estaba la niña recién nacida con vida.
La víctima fue identificada como Azucena, quien presentaba un vendaje abdominal compresivo —producto del parto de la semana pasada—, y la menor que presentaba signos vitales fue trasladada al hospital general para ser atendida, indica el reporte oficial.
El jueves, familiares de las víctimas denunciaron que el miércoles 24 un grupo de presuntos agentes estatales habrían privado de la libertad a siete personas, entre ellos Azucena, Luis Gustavo y su hija de apenas una semana de nacida.
Incluso, mostraron mensajes que Luis Gustavo envió vía WhatsApp en los que afirma que policías estatales lo detuvieron en las inmediaciones del mercado central y se lo querían llevar por la fuerza rumbo a la localidad de Atzacoaloya.
El jueves fueron localizados dos cuerpos ejecutados y semicalcinados en la colonia Progreso. Uno de los cadáveres fue identificado como el de Luis Gustavo y la segunda víctima que también se trata de un hombre, no ha sido reconocida.
También, se informó sobre el hallazgo de una cabeza cercenada de un hombre que fue tirada frente a un establecimiento comercial y la víctima fue identificada como Efraín Hernández Salazar, de 55 años, y trabajador de la Oficialía Mayor del ayuntamiento de Chilapa.
Por su parte, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia, desacreditó las denuncias de familiares de las víctimas contra la policía estatal al afirmar que solo tratan de “desprestigiar” a la corporación y aseguró que “el hecho denunciado, aun cuando no ha sido comprobado, resulta por sí mismo reprobable”.— Proceso
“Sin embargo, es por demás perverso que, sin fundamento alguno, el señor Silvestre Rodríguez Fernández —tío de las víctimas— mencione como responsables a policías estatales y se asuma como hostigado y perseguido por el gobierno estatal”.
También criticó que “ahora se haga alusión a la desaparición de siete personas en manos de agentes estatales, advirtiéndose una abierta intención de desprestigiar a la institución policial del Estado que ha mostrado mayor compromiso y efectividad en el desempeño de sus funciones”.