CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— El gobierno mexicano negó ayer que haya condiciones para retirar a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública, al presentar los resultados del despliegue de policías federales en puntos conflictivos del país desde el pasado lunes.
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, anunció en conferencia que desde el despliegue de más de 5,000 miembros de las fuerzas civiles federales en varias ciudades no se han registrado homicidios dolosos, salvo en Colima.
El despliegue se realizó en Tijuana (Baja California), el corredor Los Cabos-La Paz (Baja California Sur), Ciudad Juárez (Chihuahua), el estado de Colima, en el estado de Jalisco, Chilpancingo (Guerrero) y Cancún (Quintana Roo).
Aunque reconoció que un balance de la estrategia —en la que no participan las Fuerzas Armadas— aún es “prematuro”, Navarrete destacó que en estos cuatro días “la comisión de delitos dolosos prácticamente desapareció, salvo en el caso de Colima, que se está investigando”.
Aclaró que el despliegue policial es una respuesta “absolutamente necesaria” del Gobierno para “la contención del aumento de índices delictivos y de criminalidad” después de que 2017 cerrara como el año más violento en dos décadas, con un total de 25,339 homicidios dolosos.
“No pretende prescindir de ninguna manera del apoyo de las Fuerzas Armadas, al contrario, hay un agradecimiento y reconocimiento enorme” a su apoyo en las tareas de seguridad pública, en auxilio a fuerzas civiles, aseguró el funcionario.
“No existen condiciones ni operativas, ni tácticas, ni estratégicas para poder pensar que se puede prescindir del apoyo de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública”, insistió el titular de Gobernación al destacar que el apoyo de los militares es “imprescindible”.
Lo que sí existe es la convicción de tratar de “normar la situación difícil que se vive por la convivencia de fueros —civil y castrense— cuando se requiere el auxilio de Fuerzas Armadas”, dijo Navarrete al aludir a la Ley de Seguridad Interior aprobada por el Congreso y que está siendo revisada por la Corte Suprema.
Navarrete Prida se comprometió a dar resultados en el combate a la violencia y llamó a la sociedad a tener confianza de que se está “haciendo lo correcto”.
“Estamos dispuestos a corregir lo que no funcione y a ajustar lo que se tenga que ajustar y a fortalecer, sin duda, lo que está funcionando bien”, afirmó tras señalar que este despliegue permitirá evaluar las capacidades de los policías federales, estatales y municipales.
Además, indicó que ir sobre puntos específicos y organizaciones criminales permitirá detectar si hay agentes involucrados con el crimen organizado y “poder depurarlos y hacerlo de cara a la sociedad”.
Navarrete indicó que seguramente el despliegue se ampliará a otras partes del país, que se encuentra inmerso en el proceso electoral más grande de su historia, “en coordinación con los gobiernos estatales”.
Aunque el proceso no es fácil porque no hay cuarteles en muchas zonas, implica traslados terrestres, así como movimiento de personal y de infraestructura. “El esfuerzo vale la pena”, añadió.