Audiencia pública por la desaparición de tres personas
SAN JOSÉ (EFE).— La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una audiencia pública el próximo 26 de abril contra el gobierno mexicano por la supuesta desaparición forzada de tres personas en 2009 a manos de agentes estatales, en el marco de la lucha contra el narcotráfico.
El caso se relaciona con la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes por agentes estatales en Chihuahua ocurrida el 29 de diciembre de 2009.
Contexto
Según la demanda presentada por la CIDH, este es el primer caso de desaparición forzada en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada en México.
Esta demanda toma relevancia ya que se trata de un problema que ha venido en aumento en los últimos años y ha merecido pronunciamientos, recomendaciones y expresiones de profunda preocupación de la Comisión, así como de organismos internacionales y de las Naciones Unidas, según la demanda de la CIDH.
Hasta el momento los familiares desconocen el paradero de las tres víctimas desaparecidas, quienes habrían sido privadas de la libertad por un grupo de “entre ocho y diez personas” que portaban armas largas y vestían uniformes que identificaron como de militares.
Las desapariciones tuvieron lugar en el marco de la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua, en el cual el Ejército, además de realizar labores de seguridad, desempeñaba tareas de investigación criminal.
El caso también se relaciona con la situación de impunidad en que se encuentran las tres desapariciones, por lo que la CIDH alega que la aplicación de justicia militar al caso podría resultar violatoria del derecho de contar con una autoridad competente, independiente e imparcial para la obtención de justicia.
La demanda indica que hay una serie de violaciones conexas derivadas de las amenazas y hostigamientos que habrían tenido que enfrentar los familiares, incluido el desplazamiento forzado de algunos de ellos.
Este tema será visto durante un periodo ordinario de sesiones de la CIDH, con sede en Costa Rica, en el que los jueces además deliberarán en privado sobre el caso de la alegada responsabilidad internacional de Costa Rica por la inexistencia de un recurso que permitiera obtener una revisión amplia de las condenas penales impuestas a 17 personas.
La Corte también supervisará el cumplimiento de sentencias, medidas provisionales y cuestiones administrativas de otros países.