CHETUMAL (Notimex).- Con 21 votos a favor y 2 en contra, el pleno del Congreso del estado, avaló el dictamen que contiene las reformas a la Ley de Movilidad presentadas por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad.

La sesión se llevó a cabo ante la presencia de alrededor de 200 integrantes de los diferentes sindicatos de taxistas y trabajadores del volante que se dieron cita en la sede del Congreso.

De acuerdo con el dictamen, se estableció que la prestación del servicio de transporte contratado a través de plataformas tecnológicas o digitales tendrá el carácter de servicio público y sólo podrá ser prestado por quienes cuenten con una concesión expedida por el Instituto de Movilidad.

En relación con la vigencia de las concesiones para el servicio público de transporte, se estableció que sea de manera indefinida para garantizar la igualdad entre las concesiones hasta ahora otorgadas y las que en el futuro se otorguen, siempre y cuando no se incurra en actos marcados como causal de revocación.

En el documento, se precisa que esta política no será aplicable para el servicio de transporte contratado a través de plataformas tecnológicas o digitales, ya que la vigencia de estas autorizaciones será de 10 años y se deberá realizar un refrendo anual ante dicho instituto.

Los diputados independientes Juan Ortiz Vallejo y Juan Carlos Pereyra Escudero, las diputadas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Tyara Schleske de Ariño y Santy Montemayor Castillo, que votaron en contra, así como los diputados Jesús Zetina Tejero de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), y Carlos Mario Villanueva Tenorio del partido Encuentro Social, hicieron uso de la tribuna para expresar sus posturas en relación con el tema.

Al respecto, la empresa UBER dio a conocer su postura en torno a la resolución y señaló que analizará el contenido de la reforma, así como los siguientes pasos legales y operativos en la entidad, en línea también con el compromiso que se tiene con los quintanarroenses.

La empresa consideró que se deja sin oportunidades de autoempleo a más de 5,000 familias quintanarroenses y limitando las soluciones tecnológicas de transporte para más de 130,000 ciudadanos y millones de turistas que anualmente acuden al principal destino turístico del país, la gran mayoría de ellos provenientes de ciudades en donde opera Uber.